Muchos civiles han muerto y otros han resultado heridos durante el periodo electoral en República Centroafricana, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, que pide a las autoridades que protejan a la población civil y abran investigaciones judiciales independientes sobre los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidos por grupos armados y fuerzas de seguridad.
La situación de seguridad se deterioró en el periodo previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 27 de diciembre de 2020, antes de las cuales una coalición de formación reciente —Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC)—, integrada por seis grupos armados, intentó impedir la celebración de los comicios. Desde el 17 de diciembre, la CPC ha lanzado una serie de ataques contra varias ciudades y las ha ocupado. Las fuerzas armadas centroafricanas, con el apoyo de tropas extranjeras en la presencia de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), se han enfrentado a la CPC en su intento de liberar las ciudades ocupadas.
Debido a los enfrentamientos que tienen lugar y a la toma de varias zonas del país por la CPC, ha resultado difícil recopilar información sobre los efectos del conflicto en la vida de la gente. Sin embargo, testimonios reunidos por Amnistía Internacional —junto con el análisis y la verificación de imágenes de satélite, fotografías y un vídeo— confirman que muchos civiles han perdido la vida en varias ciudades, como Bambari, en el centro del país, y Bangui, la capital. También se han observado importantes desplazamientos de personas en Bangassou, en el sureste, mientras que el suministro de productos esenciales y ayuda humanitaria al país ha sufrido bloqueos.
La población civil y su acceso a ayuda humanitaria deben ser protegidos en las situaciones de conflicto. Todas las partes en el conflicto, incluidas las fuerzas centroafricanas, las fuerzas extranjeras y los grupos armados, deben respetar las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario. Deben hacer todo lo posible para proteger a la población civil durante los enfrentamientos y ataques.
Abdoulaye Diarra, investigador de Amnistía Internacional sobre África Central ha declarado:
“En un país donde los conflictos se suceden desde hace dos decenios, las autoridades deben conceder ahora la máxima prioridad a la protección de los derechos humanos y a la lucha contra la impunidad de quienes los violan. Un primer paso importante es abrir investigaciones independientes sobre los abusos y las violaciones de derechos humanos documentados.”
Miembros de la CPC ocuparon varias zonas de Bambari el 22 de diciembre de 2020. El gobierno y las fuerzas aliadas se enfrentaron a la CPC para expulsarla de la ciudad los días 15 y 16 de febrero de 2021. Amnistía Internacional puede confirmar que durante los enfrentamientos en Bambari murieron civiles.
El Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis recibió y analizó múltiples imágenes y un vídeo que pueden geolocalizarse en un lugar de culto en el este de Bambari, donde aparecen los cadáveres de personas que según informes murieron el 16 de febrero de 2021. Hasta 14 cadáveres son visibles en el suelo, la mayoría total o parcialmente cubiertos. En las partes visibles, estas personas no vestían prendas militares. El vídeo incluye también primeros planos de algunos de estos cadáveres, entre ellos los de una mujer y un niño.
Las fotografías recibidas por Amnistía Internacional muestran desperfectos en el mismo edificio. Una imagen muestra lo que Amnistía Internacional ha confirmado como el impacto de un arma explosiva, con daños de explosivos visibles en el suelo y un patrón asociado de orificios en una pared adyacente, compatibles con la detonación de munición de fragmentación. Lesiones que reflejan el patrón de daños que se observa en la pared son visibles en las fotografías de al menos tres cadáveres.
Además, Médicos Sin Fronteras anunció el 22 de febrero de 2021 que un centro médico apoyado por sus equipos había sufrido desperfectos por balas y explosivos durante los enfrentamientos del 16 de febrero. La organización también ha tratado a unas 30 personas heridas, entre ellas 8 mujeres y 9 menores de edad —de entre 17 meses y 17 años— con heridas de bala y fragmentos de proyectiles.
No disponemos de todos los elementos necesarios para determinar la legalidad o ilegalidad del ataque del 16 de febrero. Sin embargo, queremos recordar a todas las partes en el conflicto que los ataques dirigidos contra civiles están prohibidos por el derecho internacional humanitario. Deben tomarse precauciones especiales para proteger los edificios dedicados a centros religiosos y de salud.
“Dada la gravedad de estos actos, es urgente que las autoridades abran una investigación para aclarar los hechos e identificar a los responsables", ha asegurado Abdoulaye Diarra.
El 7 de enero de 2021, las autoridades decidieron implantar el toque de queda en todo el país. Según testimonios recibidos por Amnistía Internacional, un joven que presuntamente había violado el toque de queda murió por disparos de las fuerzas de seguridad la noche del 11 de enero en el Distrito 5 de Bangui. Muchas personas jóvenes de la zona decidieron protestar por el homicidio llevando su cuerpo sin vida delante de la oficina del primer ministro.
Un testigo contó lo siguiente a Amnistía Internacional:
“Cuando las personas jóvenes llegaban a las proximidades del edificio de la televisión estatal, guardias presidenciales dispararon al aire, les impidieron el paso y los dispersaron. Cuando abandonaban la zona, grupos de jóvenes se encontraron con otra unidad de las fuerzas de seguridad que abrió fuego e hirió mortalmente a uno de ellos en la cabeza. Su familia lo enterró al día siguiente.’’ Otros seis jóvenes resultaron heridos en el incidente.
Como consecuencia de los ataques y los enfrentamientos, al menos 240.000 personas se han visto desplazadas dentro del país desde mediados de diciembre, según organizaciones humanitarias. La situación pone a las poblaciones afectadas en unas condiciones humanitarias deplorables Amnistía Internacional ha documentado la magnitud de los desplazamientos en Bangassou, que fue atacada por la CPC el 3 de enero de 2021, lo que provocó temor y pánico entre la población.
El 3 de enero, la situación era terrible. Había fuego, escenas de saqueo, disparos, ruidos de explosiones. [...] La ciudad entera se vació, el 80% de la población cruzó el río para llegar a la ciudad de Ndu, en República Democrática del Congo. [...] La gente no pudo ir a los campos ni a pescar.[...] Perdieron su ganado, que fue robado sistemáticamente [por grupos armados].
Relato de un habitante de Bangassou a Amnistía Internacional:
Imágenes de satélite de Bangassou del 4 de enero de 2021, analizadas y verificadas por personas expertas de Amnistía Internacional, muestran que el mercado central parecía más vacío de lo habitual, debido posiblemente a los saqueos y ataques del 3 de enero.
En las imágenes se ve también a un gran número de personas en el río Mbomou dentro del país, y nuevos albergues erigidos para alojar a la gente en la otra orilla del río, en República Democrática del Congo. Estas personas esperaban para cruzar el río, lo que corrobora los informes de importantes desplazamientos de personas.
El 11 de enero de 2021, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) confirmó que al menos 15.000 personas llegaron a la población de Ndu, después de ataques en las ciudades de Damara y Bangassou los días 2 y 3 de enero.
Perturbación de las principales vías de suministro de alimentos por los grupos armados
Algunas personas hablaron a Amnistía Internacional de las constantes dificultades a las que hacen frente para acceder a alimentos y ayuda humanitaria, que en su mayor parte se importan en camiones desde Camerún. Miembros de la CPC llevaron a cabo ataques deliberados contra conductores de los camiones para impedir el paso de los suministros de alimentos,
Un ejemplo de este bloqueo tuvo lugar el 18 de enero de 2021, cuando tres conductores sorprendidos en una emboscada de la CPC resultaron heridos en Baboua. Otros dos conductores murieron el 19 de enero en la misma carretera, según las autoridades. El abastecimiento del país depende en gran medida de esta ruta. La inseguridad causada por la CPC ha provocado escasez de alimentos, y por consiguiente aumento de los precios.
“Durante tres semanas, las principales rutas de abastecimiento con Camerún sufrieron perturbaciones, y la falta de alimentos, incluso en Bangui, comenzó a afectar a la población civil. Esta situación causó subidas de precios de los productos y deterioro de la situación de personas que ya vivían en la pobreza”, dijo a Amnistía Internacional un miembro de una organización de la sociedad civil que vive en Nana-Mambere, en el oeste del país.
Las necesidades humanitarias, que ya eran importantes, han aumentado durante el periodo electoral debido al elevado número de personas desplazadas. Muchos productos, y mucha ayuda humanitaria, accedían al país a través de la carretera principal que conecta la capital, Bangui, con el vecino Camerún. El bloqueo de esa carretera durante semanas por grupos armados se levantó la semana pasada. Sin embargo, los grupos armados siguen amenazando con bloquear el corredor una vez más.
Un miembro de una ONG humanitaria dijo a Amnistía Internacional que estaba cada vez más preocupado por la seguridad alimentaria, habida cuenta del incremento de los precios:
“[...] Los precios en los mercados han aumentado ya con la pandemia de COVID-19. La inestabilidad acentúa la inflación y el acceso de la población a productos básicos resulta complicado, habida cuenta de que la inseguridad alimentaria y la malnutrición eran ya elevadas en República Centroafricana.”
El bloqueo deliberado y estos abusos podrían constituir violaciones del derecho internacional humanitario, que exige todas las partes en el conflicto que autoricen y faciliten el paso sin demora e los rescates humanitarios.
“Las necesidades humanitarias han aumentado con esta crisis. El personal de ayuda humanitaria debe poder acceder libremente a todas las poblaciones sin injerencias. Todas las partes en el conflicto deben respetar el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos”, ha afirmado Abdoulaye Diarra.
