Presos de conciencia en libertad

Londres.- Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la puesta en libertad de los presos de conciencia tras la amnistía decretada por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo el 5 de junio, con ocasión de su 64 cumpleaños. La amnistía, anunciada el 4 de junio, beneficia a 42 personas, entre las que hay presos de conciencia y detenidos por motivos políticos, la mayoría de los cuales llevaban encarcelados sin cargos ni juicio durante más de dos años. Han sido indultados todos los condenados a un máximo de dos años por delitos que no fueran asesinato o malversación, así como todas las mujeres, menores y hombres de más de 70 años, no importa el delito cometido y la duración de su condena. Según reza la amnistía, los “indultados” no pueden cometer el mismo delito en los próximos 10 años. Entre los indultados hay entre 10 y 15 presos de conciencia, todos ellos miembros o simpatizantes de Fuerza Demócrata Republicana, FDR, que en un juicio sin garantías celebrado en junio de 2002 fueron declarados culpables de intentar derrocar al gobierno. Se trata de Luis Elá Akué, Macario Esimi Mañana, Melchor Ndong Modú, Jesús Nguema Obiang, Roque Nve Nso, Faustino Ondó Ebang y José Primo Obama. Cada uno de ellos cumplía penas de 6 años y 8 meses en la prisión de Black Beach, en la capital del país, Malabo. Todos ellos habían sido torturados en prisión preventiva. A Amnistía Internacional le preocupan los informes según los cuales días antes de la promulgación del decreto de amnistía, estas personas tuvieron que firmar declaraciones comprometiéndose a no participar en actividades políticas durante un periodo de 10 años. Varias personas más que habían sido detenidas por llevar a cabo actividades políticas pacíficas y han estado recluidas durante más de dos años sin cargos ni juicio también fueron “indultadas”. Entre ellas se encuentra Weja Chicampo, líder del Movimiento para la autodeterminación de la isla de Bioko, MAIB, detenido arbitrariamente en su domicilio a la 1 de la madrugada del 4 de marzo de 2004 por unos 10 militares con pasamontañas. Weja Chicampo fue brutalmente golpeado al detenerlo y permaneció varios meses en régimen de incomunicación en la prisión de Black Beach. En enero de 2006 fue conducido ante un juez de instrucción por primera vez desde su detención, pero hasta el momento de su “indulto” no había sido acusado ni juzgado. A Amnistía Internacional le preocupa que tras el “indulto” Weja Chicampo fue expulsado del país. Al parecer, el 5 de junio a medianoche varios policías se dirigieron a la prisión de Black Beach y sacaron a Weja Chicampo. Éste supuso que lo llevaban a su casa, pero lo embarcaron en un avión con dirección a Madrid, España, donde llego a las 7 de la mañana del 6 de junio. Su familia en Malabo no fue informada de la expulsión ni de su paradero. La expulsión de Weja Chicampo de Guinea Ecuatorial viola la Constitución del país, que garantiza libertad de circulación y el derecho a elegir residencia, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Guinea Ecuatorial en 1987. Marious Gerhardus Bonzaair "Bone", ciudadano sudafricano, fue indultado por razones humanitarias. Cumplía una pena de 17 años de cárcel tras ser condenado por intento de golpe en noviembre de 2004. Su juicio no se ajustó a las normas internacionales sobre garantías procesales. Fue torturado en prisión preventiva y desde su detención, en marzo de 2004, fue sometido a trato inhumano y degradante, manteniéndolo con esposas y grilletes todo el día. Sufre graves enfermedades crónicas para las cuales rara vez ha recibido tratamiento médico. Sin embargo, según los informes, estaba en el hospital en el momento de su indulto y aún no está en libertad. Amnistía Internacional insta al gobierno de Guinea Ecuatorial a que ponga en libertad a todos los presos de conciencia que siguen encarcelados, así como a todos los detenidos sin cargos ni juicio por sus actividades políticas pacíficas. A la organización le preocupa especialmente que siga detenido el sacerdote Bienvenido Samba Momesori, recluido sin cargos ni juicio desde su detención en Malabo en octubre de 2003. Tras ser detenido permaneció varios meses en régimen de incomunicación en la prisión de Black Beach antes de ser trasladado sin el debido procedimiento legal a una cárcel de Evinayong, en el continente. Amnistía Internacional pide también al gobierno de Guinea Ecuatorial que investigue los informes de torturas de los presos y detenidos puestos en libertad y que ponga a disposición judicial a los responsables. Además, el gobierno de Guinea Ecuatorial debe iniciar una revisión de sus leyes, políticas y procedimientos con vistas a eliminar la práctica habitual de la tortura a manos de organismos estatales.