Cuando en África ya hay millones de personas desplazadas a consecuencia de desastres causados por el cambio climático, los países más ricos, máximos responsables del calentamiento global, deben acordar en la Conferencia sobre el Clima COP29, que se celebrará en Bakú, Azerbaiyán, pagar íntegramente las catastróficas pérdidas de hogares y el perjuicio a los medios de subsistencia que están teniendo lugar en todo el continente, ha declarado Amnistía Internacional. Asimismo, deben financiar totalmente las medidas de adaptación de los gobiernos africanos para prevenir nuevos desplazamientos forzados, detener las violaciones de derechos humanos y ayudarlos a conseguir la eliminación gradual rápida y justa de la producción y el uso de combustibles fósiles.
Acto seguido, esos mismos países deben dar seguimiento al acuerdo financiando urgentemente el Fondo de Respuesta ante Pérdidas y Daños, principal fondo internacional que aborda los inevitables daños causados por el cambio climático. Hasta la fecha, dichos países se han comprometido a aportar menos de 700 millones de dólares estadounidenses de los 400.000 millones que los países de bajos ingresos estiman que necesitarán dedicar a pérdidas y daños de aquí a 2030. Mientras tanto, la adaptación puede costar entre 30.000 y 50.000 millones al año sólo en el África subsahariana. Las instituciones financieras internacionales deben garantizar la distribución equitativa del dinero para los países africanos sobre la base de la necesidad.
“La población africana es la que menos ha contribuido al cambio climático; sin embargo, de Somalia a Senegal y de Chad a Madagascar, esta emergencia global que ha expulsado a millones de personas de sus hogares está causando terribles estragos. Es hora de que los países que han provocado toda esta devastación paguen para que los pueblos de África puedan adaptarse a la catástrofe que supone el cambio climático”, ha afirmado Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
Crisis global, catástrofe en África
Las investigaciones de Amnistía Internacional muestran que, en cada rincón del continente africano, las sequías, las inundaciones, las tormentas o el calor están desplazando a la población dentro de los países y a través de las fronteras, lo que da lugar a violaciones de derechos humanos, tales como pérdida de cobijo, alteración del acceso a alimentos, atención de la salud y educación, así como riesgo de violencia de género e incluso muerte.
Aunque los gobiernos africanos son responsables de proteger los derechos humanos en esta crisis, no pueden hacerlo de manera adecuada si los países más ricos no proporcionan fondos.
Sólo en Somalia, más de un millón de personas han sido desplazadas por la sequía prolongada y las inundaciones recurrentes que han diezmado terrenos agrícolas, matado ganado y destruido viviendas, lo que ha obligado a comunidades que ya estaban en una situación de vulnerabilidad a causa de decenios de guerra civil a huir a campos para personas internamente desplazadas o a Kenia y Etiopía.
En el litoral senegalés, la elevación del nivel del mar ha destruido pueblos enteros y ha obligado a miles de personas a desplazarse al interior, donde no tienen trabajo ni refugio debido a la falta de apoyo adecuado.
En Chad, el aumento de las temperaturas ha obligado a comunidades dedicadas al pastoreo a desplazarse a las regiones agrícolas meridionales del país en busca de pastos y agua, lo que ha desembocado en enfrentamientos mortales con campesinos y campesinas ante la ausencia de una gestión efectiva de conflictos y de apoyo para ambos grupos.
Muchas zonas del continente están sufriendo graves sequías posiblemente exacerbadas por el cambio climático. Una sequía en el sur de Madagascar durante seis años ha obligado a más de 56.000 personas del pueblo antandroy a abandonar sus tierras ancestrales para buscar nuevas tierras en las que asentarse, sólo para sufrir un sinnúmero de violaciones de derechos humanos en otras partes del país. Las personas que se quedaron atrás tienen dificultades para acceder a alimentos, agua y atención médica.
Mientras tanto, varias graves sequías sucesivas en África meridional han llevado al límite a muchas personas. En Angola, el hambre ha obligado, sobre todo a mujeres, niños y niñas, a migrar a Namibia para buscar comida, lo que ha incrementado el riesgo de que sean objeto explotación, trata, violencia de género e interrupción de la educación.
Pero, incluso en Namibia, la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria, y el gobierno ha declarado el estado de emergencia debido a la sequía, como también lo han hecho los gobiernos de Lesoto, Malawi, Zambia y Zimbabue. Ninguno de esos países dispone de fondos para afrontar la sequía.
“En toda África, los peores efectos del cambio climático ya han llegado. Las sequías, inundaciones, tormentas y el calor extremos están destruyendo medios de vida y economías locales y obligando cada vez a más personas a huir de sus hogares. En todos los casos investigados por Amnistía Internacional, los gobiernos nacionales carecen de recursos para responder adecuadamente a la situación. Los países que han causado esta rápida agudización de las catástrofes no naturales deben sufragar sus costes”, ha sostenido Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
Financiación plena y equitativa
Movilizar y proporcionar los fondos necesarios sólo es el primer paso para abordar los peores efectos del cambio climático en África. El Fondo de Respuesta ante Pérdidas y Daños debe desembolsar equitativamente el dinero para que llegue a los países que más lo necesitan, lo que incluye el acceso directo por parte de las comunidades africanas afectadas.
Asimismo, las instituciones financieras internacionales y los países prestatarios deben conceder el alivio de la deuda a los Estados africanos que lo soliciten para ayudarlos a invertir en medidas de adaptación al clima que protejan los derechos humanos. Por ejemplo, en los últimos años, el gobierno de Etiopía ha gastado tres veces más dinero en pagar su deuda que en la adaptación al cambio climático, y países como el Congo o Mozambique gastan habitualmente mucho más en devolver la deuda que en la respuesta al cambio climático.
“Dada la escala del desplazamiento y de las violaciones de derechos humanos inducidos por el clima en África, las medias tintas y la palabrería por parte de los países más ricos que han provocado esta crisis no son suficientes. Pero los compromisos de la COP29 de pagar íntegra y equitativamente las pérdidas y daños y las medidas de adaptación en África son sólo el comienzo. Los países responsables del cambio climático, junto con las instituciones financieras internacionales, deben aportar los recursos necesarios y darles seguimiento. África no puede esperar más”, ha declarado Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.