Londres.- El 11 de enero de 2005, exactamente cuatro años después de que los primeros detenidos fueran trasladados a la base militar estadounidense de Guantánamo en Cuba, comenzaron los procedimientos preliminares de las comisiones militares en las causas de Ali Hamza Ahmed Sulayman Al Bahlul y Omar Khadr. La representante de Amnistía Internacional, Jumana Musa, que se encuentra en Guantánamo como observadora de los procedimientos, ha afirmado que en ellos “se plantearon cuestiones específicas que atañen directamente al origen de los defectos inherentes al sistema de comisiones militares”. Motivos de preocupación de Amnistía Internacional Las comisiones militares se crearon en virtud de la orden ejecutiva en materia militar sobre detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo, firmada por el presidente Bush el 13 de noviembre de 2001. Se rigen en su funcionamiento por las Órdenes de las Comisiones Militares y las Instrucciones de las Comisiones Militares, todas ellas redactadas por el ejecutivo estadounidense. En enero de 2006, nueve detenidos de Guantánamo siguen sometidos a la orden ejecutiva presidencial y está previsto que sean juzgados por una Comisión Militar. Amnistía Internacional se opone sin reservas a los juicios de las comisiones militares en Guantánamo, pues violan normas internacionales sobre juicios justos: - Las comisiones no son independientes del ejecutivo. - Pueden presentarse pruebas secretas contra el acusado que éste no podrá refutar. - El acusado puede ser excluido de ciertas partes de los procedimientos. - Las comisiones pueden admitir como pruebas declaraciones conseguidas mediante tortura u otros malos tratos. - Se restringe gravemente el derecho de apelación ante un tribunal independiente e imparcial. - Las comisiones discriminan a los ciudadanos no estadounidenses, ya que sólo los extranjeros pueden ser juzgados por ellas. - El derecho a elegir abogado, que incluye el derecho a defenderse a sí mismo y a una defensa eficaz, están gravemente restringidos. Los procedimientos exigen que se asigne de oficio al detenido asistencia letrada militar. Año y medio después de los primeros procedimientos preliminares, sólo ha habido actuaciones en tres ocasiones. En noviembre de 2004, un juez federal detuvo los procedimientos en la causa de Salim Ahmed Hamdan, cuestionando su imparcialidad. La sentencia fue anulada en apelación y el Tribunal Supremo debe ver el caso en marzo de 2006. Entretanto se han incorporado a los reglamentos ciertos cambios procedimentales que, sin embargo, no resuelven los motivos de preocupación fundamentales de Amnistía Internacional. Aunque los dos presidentes de comisión parecían ecuánimes y hacían todo lo posible para garantizar que el acusado entendiera los procedimientos y participara en ellos, sus esfuerzos no subsanaban los problemas subyacentes. Amnistía Internacional sigue instando a Estados Unidos a abandonar el sistema de comisiones y juzgar a los acusados en tribunales que cumplan las normas internacionales sobre garantías procesales. Amnistía Internacional tiene además otros motivos de preocupación con respecto a Omar Khadr, que era menor de edad cuando lo capturaron en Afganistán. Según el derecho internacional consuetudinario, los menores afectados por conflictos armados tienen derecho a un respeto y protección especiales con arreglo a su edad. Sólo debe recurrirse a la aprehensión, detención o encarcelamiento de un menor como último recurso y durante el periodo de tiempo más breve que sea adecuado. Los menores privados de libertad deben permanecer recluidos separados de los adultos. A Amnistía Internacional le preocupa en particular que puedan utilizarse pruebas obtenidas mientras Omar Khadr –que, aunque recluido como menor no tuvo acceso a sus progenitores, tutor ni representante legal– recibía un trato inadecuado, y en condiciones tal vez equivalentes a tortura. La causa de Ali Hamza Ahmed Sulayman Al Bahlul La de Ali al-Bahlul, ciudadano yemení acusado de varios cargos de conspiración, fue la primera causa presentada ante la comisión, ante la que el acusado sólo había comparecido dos veces (la anterior en agosto de 2004). Los procedimientos fueron supervisados por el presidente de la comisión. El tribunal no estaba presente debido a una modificación de la orden inicial de las comisiones militares. En la primera comparecencia de Ali al-Bahlul ante las comisiones militares, en agosto de 2004, éste expresó su deseo de representarse a sí mismo y, de no poder ser, ser representado por un abogado yemení. Afirmó que, de no concedérsele ninguna de las dos cosas, se vería “obligado a asistir como mero oyente”. Durante los procedimientos planteó dos graves preocupaciones sobre la comisión. Una fue el uso de pruebas secretas, que se ocultan al acusado. La otra fue la discriminación por nacionalidad. Las comisiones no pueden juzgar a ciudadanos estadounidenses, y Ali al-Bahlul señaló que dos ciudadanos británicos, previamente designados para ser juzgados por comisiones militares, habían quedado en libertad sin cargos debido en parte a la intervención del gobierno británico. Ali al-Bahlul declaró también que no reconocía al tribunal ni a sus leyes y anunció que boicotearía los procedimientos, sosteniendo un cartel con la palabra “boicot” escrita a mano en árabe. En ese momento, se quitó los auriculares a través de los que escuchaba la traducción al árabe.
Después de que Ali al-Bahlul dejara de participar, el presidente de la comisión señaló que el acusado no podía representarse a sí mismo por dos motivos:: el primero era su negación a participar en los procedimientos, que hacía imposible la defensa. El segundo era el idioma de las órdenes y las instrucciones de las comisiones militares y de la orden ejecutiva presidencial. El comandante Tom Fleener, letrado militar de Ali al-Bahlul, solicitó al tribunal retirarse de la defensa en vista de los deseos de su cliente, pero el presidente no aceptó su petición. La causa de Omar Khadr Omar Khadr, ciudadano canadiense detenido a los 15 años, ha estado detenido aproximadamente tres años y medio, todo este tiempo con los reclusos adultos. Afirma haber sido víctima de torturas y otros malos tratos durante su detención por Estados Unidos en Afganistán y Guantánamo. Documentos procesales fechados en Estados Unidos y Canadá indican que ha sido interrogado reiteradamente por funcionarios estadounidenses y canadienses y documentan que fue víctima de abusos, como el uso prolongado de posturas en tensión, amenazas de violación, vertido de disolvente y uso de su cuerpo para limpiar el suelo. Un tribunal federal canadiense prohibió en agosto de 2005 que Canadá volviera a interrogar a Omar Khadr. No hay constancia de que se haya intentado educarlo o rehabilitarlo.
Sobre Omar Khadr pesan cuatro cargos, incluidos los de conspiración y asesinato de un miembro del ejército estadounidense. Se encargó de su defensa un letrado militar y un abogado civil. En este caso también se planteó la cuestión del derecho a elegir abogado, Omar Khadr solicitó un abogado militar concreto, tal como permiten las reglas de la comisión. La petición está pendiente de decisión. Entretanto, el presidente dispuso que los procedimientos podían proseguir, aunque la petición de un abogado concreto hubiera supuesto su interrupción en un tribunal militar estadounidense. La defensa pidió al presidente de la comisión que ordenara a la fiscalía que se abstuviera de realizar comentarios incendiarios. Durante una conferencia de prensa el día anterior, el fiscal jefe declaró que Omar Khadr debía pasar “a solas” la celebración del Eid, sin su “amigo” Osama Bin Laden, e hizo otros comentarios similares.
Otros motivos de preocupación La traducción en el tribunal, que había presentado numerosos problemas desde el principio del proceso de las comisiones, ha mejorado mucho, pero aún tiene fallos. En algunas ocasiones era inexacta y el intérprete no traducía literalmente. La defensa seguía contando con pocos recursos. El comandante Fleener fue llamado al servicio activo para ocuparse de esta causa hace menos de tres meses, y también le asignaron otro juicio en diciembre de 2005, mientras que la fiscalía tenía tres fiscales presentes en la sala y hizo referencia a un cuarto.