El gobierno de Pakistán debe dejar urgentemente de acosar y detener de manera arbitraria a las personas afganas refugiadas y solicitantes de asilo, muchas de las cuales huyen de la persecución de los talibanes, ha dicho hoy Amnistía Internacional con ocasión del Día Mundial de los Refugiados.
En los últimos años, muchos afganos y afganas, temiendo sufrir persecución tras la toma de Afganistán por los talibanes en agosto de 2021, han huido a Pakistán, donde han sido sometidos a oleadas de detenciones y arrestos arbitrarios y amenazados con la deportación. Debido a los considerables retrasos del proceso de inscripción en el registro, la mayoría de estas personas no tienen la tarjeta de identificación que prueba que han realizado este trámite y regulariza su situación para poder permanecer en Pakistán. Muchas de ellas llegaron a Pakistán con visados normales que ya han vencido.
“Es muy preocupante que la situación de las personas afganas refugiadas en Pakistán no esté recibiendo la debida atención internacional.”
“Estas personas, que no pueden volver a su país ni quedarse permanentemente en Pakistán, se encuentran atrapadas en una situación sin salida. La ambigüedad de su situación jurídica y la dificultad de los procesos de obtención de asilo o reubicación en un tercer país las hace aún más vulnerables”, ha señalado Dinushika Dissanayake, directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia meridional.
Amnistía Internacional llevó a cabo nueve entrevistas no presenciales con personas afganas, seis de las cuales llevaban detenidas en Pakistán los tres meses anteriores. En 2022 había realizado también varias entrevistas a personas refugiadas afganas en Pakistán, junto con el constante seguimiento de los medios de comunicación y análisis de documentos oficiales. Los refugiados y refugiadas afganos han planteado graves preocupaciones con respecto a su hostigamiento por la policía y las autoridades pakistaníes.
“Nuestra vida en Pakistán no puede llamarse vida”
Hussain,* exempleado del Ministerio del Interior de Afganistán, huyó a Pakistán con su familia en 2022, escapando en el último momento de los talibanes en Kabul. Recientemente fue detenido en una oleada de arrestos y sufrió el hostigamiento de las autoridades pakistaníes.
En febrero de 2023, la policía asaltó y saqueó el domicilio de Hussain en Islamabad, al igual que los de otras familias afganas del vecindario. Hussain dice que en torno a las 10 de la noche se lo llevaron esposado a la comisaría, donde lo interrogaron sobre su situación migratoria, su empleo y sus círculos sociales. La policía detuvo y llevó a la comisaría a unos 20 afganos más.
“Nos quitaron los pasaportes y los monederos y nos registraron varias veces. Detuvieron incluso a los que tenían visados en vigor y estaban legalmente en el país”, afirmó.
A la mañana siguiente, Hussain quedó en libertad tras pagar una “multa” de 30.000 rupias, pero la policía se negó a darle ningún documento donde se explicara el motivo de su detención, y tampoco le dio el recibo de la multa. Otras cinco personas afganas detenidas a las que entrevistó Amnistía Internacional relataron incidentes similares: todas tuvieron que pagar multas de entre 5.000 y 30.000 rupias, sin que les entregaran ningún documento oficial sobre su detención o sobre la multa. “Nuestra vida en Pakistán no puede llamarse vida”, afirmó Hussain.
Estos casos son solo una pequeña fracción de las muchas personas afganas que han llegado a Pakistán en busca de asilo con la intención de comenzar una nueva vida en el país o de usarlo como vía para reubicarse en un tercer país. Las amenazas y el hostigamiento que han sufrido han ido en aumento, ya que los retrasos de su reubicación en terceros países y la expiración de sus visados los hacen legalmente vulnerables.
Los países que ofrecían programas de reubicación especiales a ciudadanos y ciudadanas afganas en peligro de persecución por los talibanes, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania, actualmente no están emitiendo visados en territorio de Afganistán, donde no tienen representación diplomática. Al mismo tiempo, el proceso de emisión de estos documentos en Pakistán sigue siendo complicado y largo, con varios meses de espera. Por ejemplo, en octubre de 2022, Alemania lanzó un programa de admisión humanitaria para personas afganas en peligro de persecución, cuyo objetivo era trasladar a Alemania hasta a 1.000 afganos al mes. Según los medios de comunicación, hasta junio de 2023 no se ha trasladado a nadie de Afganistán a Alemania a través del programa, y los afganos a quienes las autoridades alemanas dijeron que fueran a Pakistán para tramitar allí sus visados siguen en este país.
Los afganos y afganas solicitantes de asilo también pasan por un prolongado proceso para conseguir la prueba de inscripción en el registro del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Junto con los largos trámites del gobierno de Pakistán para la renovación del visado, estos retrasos hacen que a la policía le resulte más facil hostigarlos y a otras autoridades extorsionarlos, unas prácticas sobre las que hay informes en todo Pakistán, incluidos Sind, Karachi, Peshawar, Chaman y Quetta, entre otros lugares.
Los afganos y afganas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que sentían que se les estaba recortando significativamente su derecho a la libertad de expresión, pues no podían quejarse públicamente de las dificultades que les ocasionaba su precaria situación jurídica. La situación es especialmente grave para las mujeres y las niñas, que sufren discriminación tanto en Afganistán como en Pakistán.
‘Tenemos que pagar sobornos’
Las personas afganas que no tienen documentos para demostrar su situación jurídica no pueden conseguir empleos formales y suelen terminar haciendo trabajos mal pagados en los que son vulnerables a la explotación.
Sin visado o tarjeta también es difícil conseguir una tarjeta SIM o abrir una cuenta bancaria, con la consiguiente imposibilidad de recibir dinero de la familia. Quienes alquilan viviendas también se aprovechan de esta falta de documentos que demuestren que están regularmente en el país.
“Si no tienes tarjeta, no puedes conseguir un contrato de alquiler legal, y tienes que sobornar a un intermediario”, afirmó Hussain, refiriéndose a la tarjeta de inscripción en el registro.
Muchas de las personas que han llegado recientemente tienen que viajar hasta la frontera entre Afganistán y Pakistán y salir oficialmente de Pakistán para renovar sus visados, lo cual puede ser costoso y peligroso. Dos de las personas entrevistadas dijeron que los guardias fronterizos les exigieron el pago de sobornos para dejarlos cruzar la frontera, aunque tenían visados en vigor.
Las autoridades paquistaníes suelen aplicar la Ley de Extranjería de 1946 para detener a afganos y afganas en el país, aunque su documentación esté en regla. A pesar de ponerse en contacto con grupos de derechos humanos en Pakistán, personas refugiadas afganas recientemente detenidas afirmaron que mientras estuvieron bajo custodia policial no les facilitaron protección legal. Además, los afganos y afganas suelen tener difícil el acceso a la atención sanitaria y la educación para sus hijos e hijas, pues hay escuelas que se niegan a admitirlos por ambigüedades sobre su condición jurídica. Para las mujeres y las niñas es especialmente difícil matricularse en las escuelas en Pakistán debido a la discriminación por motivos de género.
Trabas burocráticas
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) es responsable de inscribir en el registro a las personas afganas solicitantes de asilo, expedirles tarjetas que demuestren su inscripción y determinar si son refugiadas. Esta agencia de la ONU contrató a la Sociedad pro Derechos Humanos y Ayuda a Presos (Society for Human Rights and Prisoners' Aid, SHARP) para realizar este proceso de inscripción en el registro, pero las personas entrevistadas dijeron a Amnistía Internacional que los largos tiempos de espera en las oficinas de SHARP para intentar conseguir una entrevista y la lentitud en la respuesta a las llamadas hacían prácticamente imposible que los afganos y afganas recién llegados consiguieran rápidamente documentación legal.
Ahmad,* otro solicitante de asilo entrevistado por Amnistía Internacional, llamó en noviembre de 2021 al ACNUR en Pakistán para solicitar la tarjeta de prueba de inscripción en el registro. En agosto de 2022, le pidieron que les hiciera llegar sus datos biométricos, pero diez meses después aún no ha recibido el documento oficial.
Para Ahmad, Hussain y otras personas refugiadas afganas en Pakistán que trabajaban para el anterior gobierno afgano o en agencias de la sociedad civil, es imposible regresar a Afganistán.
“Las personas afganas solicitantes de asilo sufrieron primero el castigo de los talibanes, y ahora, el de los duros trámites de registro, asilo y visado. La comunidad internacional no ha proporcionado protección adecuada a las personas que huyen de la persecución en Afganistán, incumpliendo claramente sus promesas iniciales. Estos afganos y afganas necesitan con urgencia recibir más apoyo”, ha afirmado Dinushika Dissanayake.
“Amnistía Internacional pide al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que acelere la inscripción en el registro y las revisiones de las solicitudes de los afganos y afganas que solicitan la condición de refugiado en Pakistán, al gobierno de este país, que deje de detener arbitrariamente y de hostigar a personas refugiadas afganas, y a terceros países que ofrecen reubicar a las personas afganas en el extranjero, que aceleren la emisión de visados.”
Información complementaria
Amnistía Internacional ha cambiado todos los nombres de las personas entrevistadas para proteger su identidad. El 14 de junio de 2023, se puso en contacto con el gobierno de Pakistán, el ACNUR y SHARP para comunicarles sus resultados, pero en el momento en que se publican estas líneas aún no ha recibido respuesta.
Debido al peligro de persecución, ACNUR emitió unas recomendaciones contra los retornos para las personas afganas que se encontraban fuera de Afganistán tras la toma de los talibanes. Según ACNUR, en Pakistán hay más de 3,7 millones de afganos y afganas que huyeron de Afganistán por motivos políticos y económicos, de los cuales sólo 1,4 millones están inscritos oficialmente en el registro.
El 15 de diciembre de 2022, Amnistía Internacional planteó al gobierno de la República Islámica de Pakistán su preocupación respecto a la situación de las personas solicitantes de asilo y refugiadas de Afganistán.
