España es uno de los países europeos que avanza en el reconocimiento de los derechos humanos del colectivo LGBTI y la tendencia positiva debe continuar y celebrarse. España es el cuarto país europeo en cuanto a derechos LGBTI de un total de 49, según los datos de ILGA-Europa. La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como la Ley Trans, junto a leyes LGBTI autonómicas, lo han hecho posible.
Aspectos positivos de la Ley Trans y de las personas LGBTI
La Ley Trans en España ha supuesto avances positivos como la garantía del acceso a servicios de salud, la prohibición de la mutilación genital intersexual y de las terapias de conversión, y el reconocimiento legal del género para las personas trans a través de la autodeterminación. También prevé la elaboración de una estrategia estatal para la igualación de trato y no discriminación de las personas LGBTI, que deberá desarrollarse en los próximos meses.
Otros aspectos clave que contempla la ley son la inclusión de contenidos sobre diversidad en el currículo educativo y la formación del profesorado y del funcionariado. Se establecen medidas para combatir el acoso escolar y la discriminación en el ámbito laboral y garantizar la protección internacional de personas refugiadas por motivos de identidad de género.
“Con esta ley, España cumple con estándares internacionales, al crear mecanismos de reconocimiento legal del género, sin plantear tratamientos o informes médicos. Para las personas trans, tener documentos de identidad que reconozcan o reflejen su identidad de género es fundamental para que se respeten sus derechos, como el derecho a la vida privada, o el derecho a la salud. Por eso pedimos a los diferentes partidos políticos que se comprometan sin ambigüedades a consolidar en la próxima legislatura esta tendencia y no impulsar ninguna medida política que haga retroceder los derechos adquiridos por las personas LGBTI en España”, manifestó Carlos Sanguino, responsable de Diversidad.
“Pedimos a los diferentes partidos políticos que se comprometan sin ambigüedades a consolidar en la próxima legislatura esta tendencia y no impulsar ninguna medida política que haga retroceder los derechos adquiridos por las personas LGBTI en España”
Con una derogación de la Ley Trans se acabaría con la autodeterminación de género de personas trans, incluidas menores de edad, en una dirección contraria a las recomendaciones de Naciones Unidas que señalan la importancia de escuchar la opinión de menores sobre aspectos que afectan a su vida. Una medida que podría enfrentar a adolescentes trans a sufrir más discriminación y acoso. Sin esta ley, tampoco se podría garantizar el acceso a servicios de salud integrales de las personas trans, o surgir dificultades para impartir contenidos sobre diversidad y derechos LGBTI en los centros educativos.
A Amnistía Internacional, le preocupa también el aumento de los discursos de odio contra el colectivo LGBTI, lo que puede fomentar un clima de intolerancia y discriminación, poniendo en riesgo los derechos de las personas LGBTI, así como su integridad. Es preocupante que, según datos del Ministerio del Interior, en 2021 se incrementaron en un 68,23 por ciento, respecto a 2020, los delitos de odio basados en orientación sexual e identidad de género.
Preocupación por retrocesos en Europa
Hungría ha sido condenada por el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos, el pasado 21 de junio, por violar inequívocamente los derechos de las personas transgénero al no proporcionar un procedimiento adecuado para el reconocimiento legal de género. En 2021, Hungría aprobaba la Ley anti LGBTI con la que se recortaban los derechos de las personas de este colectivo, al prohibir hablar de homosexualidad en las escuelas y en medios de comunicación, discriminando a personas por su orientación sexual e identidad de género. La Comisión Europea con el apoyo del Parlamento Europeo y 15 países, entre ellos España, han llevado la ley ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el caso está actualmente pendiente.
Polonia, como Hungría, no solo está poniendo en marcha leyes que limitan los derechos del colectivo LGBTI, sino que desde 2019 las autoridades polacas están impulsando una retórica hostil y estigmatizadora, que se traduce en la adopción de resoluciones homófobas de los gobiernos locales, conocidas también como “zonas sin personas LGBTI”. Unas medidas que aunque no son legalmente vinculantes, resultan nocivas y alimentan la atmósfera de hostilidad hacia las personas LGBTI que viven en esas regiones.
Por su parte Turquía, desde 2015, está prohibiendo sistemáticamente los actos del Orgullo en todo el país, se ha detenido a un número de participantes sin precedentes (más de 530 personas en la última temporada del Orgullo), y están tomando acciones legales contra quienes organizan o apoyan estos actos. A esto se une que se recrudece el discurso contra los derechos LGBTI, aumenta el apoyo de las administraciones a grupos violentos anti-LGBTI, y está aumentado de la discriminación contra las personas de este colectivo.
Amnistía Internacional en las Marchas del Orgullo LGBTI
Activistas de Amnistía Internacional están participando durante el mes de junio en acciones y marchas del Orgullo en al menos 12 ciudades españolas, entre ellas, Cádiz, Córdoba, Donostia, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, o Málaga.
En el marco de las elecciones generales, Amnistía Internacional ha puesto en marcha la campaña El país donde quiero vivir en el que pide un país en el que se respeten los derechos LGBTI.
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