Un juez de inmigración ha concedido la libertad bajo caución a Antonio,* de ocho años, y a su madre, que han salido hoy del Centro Residencial del Condado de Berks, en Pensilvania. Antonio y su madre Marlene, de 24 años, huyeron de las amenazas de secuestro y de graves agresiones física y sexuales antes de llegar a Estados Unidos buscando asilo. Han estado más de 23 meses recluidos en Berks. “Hay familias que huyen de una violencia terrible y que llegan a Estados Unidos en busca de seguridad. Pero en lugar de mostrar un auténtico liderazgo y de proteger a las personas refugiadas, Estados Unidos está encarcelando a madres e hijos en situación de vulnerabilidad”, ha declarado Naureen Shah, directora general de Campañas de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Esta práctica es inadmisible y no puede permitirse. Aunque esta sentencia representa obviamente un enorme alivio a corto plazo para esta familia, no debemos descansar hasta que se cierren definitivamente los centros de detención para familias como Berks.”
En junio, Amnistía Internacional Estados Unidos puso en marcha una campaña para poner fin a la reclusión de los menores de edad y sus progenitores recluidos en el Centro Residencial del Condado de Berks. Actualmente hay decenas de progenitores y menores recluidos en Berks, uno de los tres centros de detención para familias de esta índole que existen en Estados Unidos, y que son equiparables a cárceles. Al menos otras tres familias llevan más de 600 días recluidas en este centro.
Muchas de las familias recluidas en Berks proceden de la zona conocida como Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras. El Triángulo Norte es una zona generalmente reconocida por sus niveles extremos de violencia e inseguridad, que Amnistía ha documentado ampliamente.
