La cultura de impunidad generalizada permite que la tortura a manos de la policía esté fuera de control en Filipinas, revela hoy el informe más reciente de Amnistía Internacional, titulado Above the Law: Police Torture in the Philippines. A pesar de que el país ha ratificado los dos tratados internacionales clave contra la tortura, hay funcionarios que siguen empleando métodos de tortura como descargas eléctricas, simulacros de ejecución, simulacros de ahogamiento, asfixia con bolsas de plástico, palizas y violaciones para extorsionar y obtener confesiones.
“Hay demasiados policías en Filipinas que usan más la pistola que la placa, abusando de su poder al mismo tiempo que se burlan de su obligación de proteger y servir a la ciudadanía”, ha declarado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en Manila en la presentación del informe.“El gobierno cuenta con las leyes adecuadas, lo que necesita ahora es hacer que se cumplan para que la policía no esté por encima de la ley.” La promulgación hace cinco años de una progresista Ley contra la Tortura debió haber sido un momento histórico, pero hasta el día de hoy ni un solo funcionario ha sido condenado en aplicación de esta ley, lo que pone en duda su éxito. Filipinas es el tercero de los cinco países en los que centrará una campaña global de Amnistía Internacional, Stop Tortura, en un momento fundamental para el desarrollo del país. Above the Law pone de relieve cómo y por qué el gobierno no está haciendo cumplir la prohibición de la tortura. “Filipinas se está haciendo un flaco favor: el país tiene un historial ejemplar en lo que se refiere a la firma de tratados de derechos humanos, pero sin el enjuiciamiento enérgico de los torturadores, estos compromisos con los derechos humanos podrían convertirse en promesas vacías”, prosiguió Salil Shetty. “El gobierno está desaprovechando una oportunidad para convertirse en un brillante ejemplo de compromiso con los derechos humanos en Asia.” El informe se basa en una detallada investigación e incluye más de 55 escalofriantes testimonios de sobrevivientes que han sido torturados a partir de 2009, cuando se promulgó la ley que penaliza la tortura en Filipinas. Veintiuno de los sobrevivientes entrevistados eran menores de edad cuando fueron sometidos a tortura y otros malos tratos. Ocho dijeron que los amenazaron a punta de pistola o les obligaron a jugar a la ruleta rusa. El informe documenta también varios intentos de ejecución extrajudicial; dos sobrevivientes contaron a Amnistía Internacional que les dispararon y les dieron por muertos. En un incidente especialmente atroz, una familia identificó una cabeza cortada con tres heridas de bala como la de Darius Evangelista, portero que había sido detenido por la policía en Manila. Otros detenidos declararon que vieron que se llevaban a Darius al despacho privado de un mando de la policía con los ojos tapados con cinta de embalar. Cuando lo sacaron del despacho, los detenidos oyeron al policía decir: “acaben con él”. No se le volvió a ver con vida. Posteriormente se emitió en la televisión nacional e internacional un espeluznante video, aparentemente grabado con un teléfono móvil, en el que se ve a Darius gritando y retorciéndose de dolor mientras un hombre sentado, vestido con una camisa blanca, sostiene un cordel atado al pene de Darius y tira con fuerza de él varias veces. En el video se ve a varios agentes de policía uniformados. Pese a las pruebas, ninguno de los agentes ha sido condenado. Tres de los siete policías acusados de participar en la tortura siguen en libertad. La crueldad de la policía suele ir acompañada de una total falta de atención a los detalles. Jerryme Corre dijo a Amnistía Internacional que lo detuvieron más de diez hombres con pistolas y vestidos de civil que le propinaron golpes en la calle antes de llevárselo a una comisaría de policía. Allí le pegaron en las plantas de los pies con un palo, le quitaron la ropa interior y la usaron para ahogarlo, lo sometieron a simulacros de ahogamiento y le aplicaron descargas eléctricas durante horas. Durante su interrogatorio lo llamaron varias veces con otro nombre. Finalmente, llegó un oficial para identificarlo que dijo a los agentes que se habían equivocado y habían detenido a otro hombre, pese a lo cual lo acusaron formalmente. Historias como la de Darius y la de Jerryme han hecho que la confianza de la ciudadanía en la policía atraviese momentos especialmente bajos. Según una reciente encuesta de Transparencia Internacional, el 69 por ciento de los filipinos cree que la policía está corrupta. Es llamativo que, no obstante, el gobierno no haya tomado medidas drásticas contra los policías corruptos. Pocos se atreven a denunciar a la policía, sabiendo que corren el riesgo de sufrir represalias, hostigamiento o intimidación por parte de los propios agentes o de matones a sueldo. Rowelito Almeda, de 45 años, fue detenido, golpeado y sometido a repetidas descargas eléctricas durante cinco días en un centro de detención secreto de Laguna, donde los agentes usaban una “ruleta de la tortura” para decidir el tipo de tortura que aplicarían a los cautivos. Lo rescató la Comisión de Derechos Humanos, pero después de que contara la tortura que sufrió, la policía contactó con su primo y le ofreció dinero para que matara a Rowelito. Como consecuencia, muchas víctimas de la tortura guardan su pesadilla en secreto. Cinco de las víctimas a las que entrevistó Amnistía Internacional para el informe habían presentado una denuncia formal por el trato que recibieron de la policía, pero la retiraron debido a las amenazas y la intimidación. La inmensa mayoría de los sobrevivientes no se había atrevido a denunciar. Otros consideraban que hacerlo era inútil: desde que se creó en 2001, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas ha recibido 457 denuncias de tortura o malos tratos. Ninguno de estos casos ha desembocado en una condena judicial. Quienes deciden denunciar tienen que superar varios obstáculos burocráticos donde las normas y procedimientos no son claros ni coherentes. Muchas veces las denuncias se rechazan por tecnicismos. Entre las detalladas recomendaciones que formula, Amnistía Internacional propone desenredar este caos con la creación de una única comisión para las denuncias contra la policía unificada, independiente y efectiva. “Cinco años, cientos de denuncias y ninguna condena después, es doloroso y evidente que no se está haciendo cumplir la Ley contra la Tortura”, concluyó Salil Shetty. “Hace falta un esfuerzo concertado para erradicar la tortura y la cultura de impunidad que la perpetúa. Esto debe empezar con una prevención eficaz, y si esta falla, mediante investigaciones, enjuiciamientos enérgicos y un mecanismo de quejas independiente y más eficiente que garantice que nadie está por encima de la ley.” Aquí puedes encontrar el resumen ejecutivo del informe.
