Londres.- Las medidas disciplinarias adoptadas contra el abogado saudí Abdul Rahman al-Lahem deben ser anuladas de inmediato si, como parece, se deben exclusivamente a sus actividades legítimas para defender a una víctima de violación condenada a recibir 200 latigazos y a una pena de cárcel, ha manifestado Amnistía Internacional.
Abdul Rahman al-Lahem ha sido emplazado ante un comité disciplinario el 5 de diciembre de 2007 por criticar públicamente el trato injusto que su clienta ha recibido de los jueces. Tras la condena inicial impuesta a la mujer en noviembre de 2006, su abogado criticó la decisión del tribunal de tratarla como delincuente en vez de como víctima y, según informes, afirmó que la causa “era un compendio de los principales problemas que aquejan a la judicatura saudí”.
“Es absolutamente inaceptable que Abdul Rahman al-Lahem se enfrente a la posibilidad de ser suspendido o expulsado de la abogacía simplemente por defender a una joven que ha sufrido una violación en grupo –ha señalado Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África–. Tendría que poder desempeñar sus deberes profesionales sin intimidación, obstáculos, hostigamiento ni intromisiones inadecuadas.”
Según una declaración emitida por el Ministerio de Justicia el 21 de noviembre de 2007, Abdul Rahman al-Lahem está acusado de “insultar al Consejo Judicial Supremo y desobedecer las normas y reglamentos” del sistema judicial, lo que podría acarrearle la suspensión o la expulsión de la abogacía. Semejante sanción constituiría una grave violación de las normas internacionales que protegen la integridad de los profesionales del derecho.
La joven asistida por Abdul Rahman al-Lahem, conocida como “la muchacha de Al Qatif”, fue juzgada en noviembre de 2006 junto con su compañero, que estaba con ella en el momento en que fue agredida y violada por un grupo de siete hombres. Tanto una como otro fueron condenados a recibir 90 latigazos por un delito de khilwa, al hallarse solos en compañía de una persona del sexo contrario que no es familiar directo; a los violadores de la joven los condenaron a recibir latigazos y penas de entre uno y cinco años de cárcel. En la vista de apelación se elevaron todas las penas. Las penas impuestas a la víctima de la violación y a su compañero fueron aumentadas a 200 latigazos y seis meses de cárcel, y las de los individuos que la violaron se elevaron de dos a nueve años, además de los latigazos.
Amnistía Internacional considera que el delito de khilwa es incompatible con las normas internacionales de derechos humanos, concretamente con el derecho a la intimidad de las personas, y que el proceso seguido contra la joven y su compañero debe declararse nulo y sin efecto. El planteamiento asumido por el Ministerio de Justicia parece indicar que realmente considera que la joven se buscó la violación por estar con su compañero.
Según la información recibida, el tribunal que oyó la causa en primera instancia solicitó que a Abdul Rahman al-Lahem le fuera retirada la licencia para ejercer de abogado cuando éste criticó el trato recibido por su cliente, pero no está claro si fue eso lo que dio lugar a la apertura de un proceso disciplinario contra él.
“Estas nuevas medidas no son sino otra demostración de la falta de independencia del poder judicial en Arabia Saudí, preocupación que Amnistía Internacional ha expresado en reiteradas ocasiones –afirmó Malcolm Smart–. Todo el proceso viene a reflejar la falta de coherencia del sistema judicial, y en particular el carácter inherente de sus prejuicios contra las mujeres, y podría disuadir a otros profesionales del derecho de defender a mujeres que hayan sufrido violación u otras formas de violencia sexual.”
Información complementaria A Amnistía Internacional le preocupa que Abdul Rahman al-Lahem pueda ser penalizado por desempeñar sus deberes profesionales como abogado, y la naturaleza del proceso disciplinario no hace sino agravar ese temor. Dicho proceso está controlado por el Ministerio de Justicia y asistido por la Fiscalía, que en la actualidad depende del Ministerio del Interior y cuya independencia e imparcialidad están en entredicho.
Con arreglo al Código de Conducta para Profesionales del Derecho, de 15 de octubre de 2001, el Ministerio de Justicia es quien tiene la potestad de conceder licencias y tomar medidas disciplinarias contra los abogados y, por tanto, quien controla el ejercicio de la abogacía. Según informes, Abdul Rahman al-Lahem ha sido acusado por el fiscal y deberá comparecer ante un comité de tres miembros establecido a tal efecto por el ministro de Justicia. Tiene derecho a contar con asistencia letrada. Según el citado código, las decisiones del comité disciplinario son apelables ante la Junta de Quejas, máxima instancia administrativa de apelación en el sistema de justicia de Arabia Saudí.
