Amnistía Internacional pide a las autoridades chinas que establezcan una moratoria de las ejecuciones y no apliquen la pena de muerte impuesta a Li Xin.
El 6 de diciembre de 2011, el Tribunal Popular Intermedio de la prefectura autónoma de Dehong Daizu Jingpozu, en la provincia de Yunnan, condenó a Li Xin a la pena capital por el tráfico, la venta y el transporte de 1.925 gramos de metanfetaminas. El Tribunal Popular Superior de la provincia de Yunnan confirmó la condena el 14 de mayo de 2012.
Li Xin está actualmente recluido en el centro de detención municipal de Ruili, en la prefectura autónoma de Dehong Daizu Jingpozu, en la provincia de Yunnan.
El artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos limita el uso de la pena de muerte a “los más graves delitos”, lo que se viene interpretando como una referencia al homicidio intencional. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, por su parte, ha afirmado en repetidas ocasiones que los delitos relacionados con las drogas no cumplen el criterio de “los más graves delitos”, conclusión reiterada por otros órganos y mecanismos de la ONU.
El Tribunal Supremo Popular, que desde 2007 revisa de nuevo todos los casos de pena capital, tiene actualmente potestad para aprobar la pena de muerte de Li Xin y remitir el caso para que sea juzgado de nuevo. El proceso de revisión del caso está ya en tramitación; si se confirma la condena a muerte, Li Xin podría ser ejecutado en el plazo de una semana desde que se dicte la resolución. A notable diferencia de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, China sigue ejecutando a miles de personas cada año. Existen discrepancias importantes entre la ley, la práctica y los compromisos internacionales formulados por China de hacer cumplir las normas internacionales de imparcialidad judicial. No se presume la inocencia de las personas acusadas, sino que son éstas quienes deben probarla; la policía suele obtener confesiones mediante tortura u otros malos tratos; el proceso de revisión del Tribunal Supremo Popular no es transparente y la legislación china carece de un procedimiento para la concesión de indultos. El artículo 6.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que China es Estado Parte, garantiza el derecho de toda persona condenada a muerte a solicitar el indulto o la conmutación de la pena.
