El Congreso de Estados Unidos se expone a que el país suministre nuevo armamento a fuerzas y grupos armados con tremendos historiales en materia de derechos humanos en Irak y Siria si aprueba las propuestas del gobierno de Obama para no aplicar los requisitos de selección de ayuda militar basados en los derechos humanos; así lo ha afirmado Amnistía Internacional con antelación a la votación del martes en el Senado sobre legislación clave en materia militar. “En su afán de ‘degradar y destruir’ al grupo armado Estado Islámico, el gobierno de Obama no debe atropellar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, ha dicho Sunjeev Bery, encargado de cabildeo de Amnistía Internacional Estados Unidos para la región de Oriente Medio y norte de África.
“Si son aprobadas, estas nuevas propuestas legislativas supondrían abrir las compuertas sin más, poniendo más armas en manos de grupos armados que presuntamente han cometido graves abusos contra los derechos humanos tanto en Irak como en Siria.”La Ley sobre la Autorización de la Defensa Nacional, actualmente presentada ante el Congreso estadounidense, otorgaría al gobierno la facultad de no aplicar importantes requisitos basados en los derechos humanos a la hora de seleccionar receptores de armamento y formación militar estadounidense en Irak y Siria. Eso incluye a las fuerzas de seguridad y militares iraquíes, a las fuerzas de seguridad tribales y kurdas y a otras fuerzas de seguridad locales. El proyecto de ley, aprobado el 4 de diciembre por la Cámara de Representantes, se enfrenta a una votación inminente en el Senado. Amnistía Internacional pide al Congreso que rechace la redacción de la ley y vigile atentamente cualquier otra legislación que presente la Casa Blanca en los próximos meses. La Ley Leahy prohíbe el suministro de formación y ayuda militar estadounidense en casi todas sus formas a unidades de seguridad, policiales y militares extranjeras sobre las que pesan acusaciones verosímiles de haber cometido “violaciones graves de derechos humanos”. El Tratado sobre el Comercio de Armas, que Estados Unidos ha firmado pero aún no ha ratificado, exige a todos los gobiernos que evalúen el riesgo de transferir armas, municiones y componentes a otro país y prohíban la transferencia si existe el peligro manifiesto de que se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos. “Los miembros del Congreso deben votar en contra de tales propuestas contenidas en la Ley sobre la Autorización de la Defensa Nacional y otra legislación. Con independencia de la forma en que se apruebe dicha legislación, el Congreso debe vigilar con atención cómo proporciona el gobierno la ayuda militar y presionar a la Casa Blanca y el Pentágono para que garanticen que todos los receptores extranjeros de ayuda militar son examinados exhaustivamente de conformidad con la legislación estadounidense existente”, ha dicho Sunjeev Bery. Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos por parte de fuerzas estatales, milicias respaldadas por el Estado y grupos armados que actúan en Irak y Siria. El suministro sin restricciones de ayuda militar estadounidense podría empeorar todavía más la situación. “Para las víctimas de atrocidades durante un conflicto armado, es en gran medida irrelevante de quién es el uniforme que visten los perpetradores. Antes de enviar más ayuda militar a Irak, las autoridades estadounidenses deben investigar exhaustivamente a todos los receptores, sean o no fuerzas financiadas por el Estado, para descartar un riesgo considerable de que cometan más abusos graves”, ha dicho Sunjeev Bery. La proliferación de armas –incluidas existencias considerables de armas y municiones fabricadas en Estados Unidos– es ya motivo de grave preocupación en Irak y Siria, con el desvío de armas y municiones a milicias y grupos armados a través del tráfico ilegal, la corrupción generalizada y la apropiación de armas en el campo de batalla. Estados Unidos y todos los demás proveedores de armas y municiones a la región deben tomar medidas extremas de precaución dado su historial en relación con la proliferación incontrolada de armas y el grave riesgo actual de que se desvíen de su curso. Se corre el peligro de facilitar la comisión de abusos graves con toda nueva transferencia de armas a la región si no se adoptan garantías adecuadas, entre ellas:
- El registro pormenorizado de todas las armas y municiones enviadas a la región.
- La rigurosa selección e investigación de antecedentes en materia de derechos humanos de los posibles receptores de armas o formación.
- La evaluación de la cadena de mando y los mecanismos de rendición de cuentas, para garantizar la gestión y el uso legítimos de armas y equipos.
- La formación impartida por Estados Unidos a las fuerzas y grupos armados debe respetar el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.
- La justificación adecuada del almacenamiento, registro y uso de todas las armas, municiones y equipo relacionado por parte de combatientes y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- El marcado efectivo de todas las armas, municiones y material conexo; el almacenamiento seguro de los arsenales de todas las armas, municiones y equipos conexos; y el registro pormenorizado de existencias, proveedores, almacenamiento, tenencia, uso y eliminación.
- Sistemas eficaces para registrar quiénes están autorizados a portar y usar armas y munición entre el personal.
- El acuerdo expreso de que no se suministrarán armas ni municiones que sean por naturaleza de efecto indiscriminado y estén prohibidas con arreglo al derecho internacional. Entre ellas están las minas antipersonal, las municiones de racimo y las armas químicas.
