La perspectiva de una cuarta presidencia de Daniel Ortega en Nicaragua es aterradora en un país donde las violaciones a los derechos humanos se volvieron cada vez más comunes durante su gobierno, dijo hoy Amnistía Internacional.
“Una vez más, las personas en Nicaragua se encuentran ante un contexto en donde expresar una crítica en contra de su gobierno los pone en grave riesgo. Durante los últimos años, hemos sido testigos del desarrollo de la trama de una historia de terror en el país, donde son prácticas comunes la represión letal, las detenciones ilegales, los malos tratos, el hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, todas ellas avaladas por un sistema judicial y una Asamblea Nacional sin independencia que solo existen para ponerle sello a la agenda represiva de Daniel Ortega,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua anunció hoy los resultados provisionales, según los cuales Ortega obtendría la reelección en las elecciones generales del domingo. Su nuevo término comenzará en enero de 2022. Las elecciones estuvieron marcadas por detenciones arbitrarias de activistas y periodistas, entre otros actos de hostigamiento, coacción y violencia política. Además, la libertad de prensa también estuvo en la mirilla del gobierno y los medios de comunicación denunciaron restricciones y obstáculos que imposibilitaron el ejercicio de su labor.
Diversas organizaciones y movimientos de la sociedad civil nicaragüense llamaron a un paro electoral ciudadano en el país y a protestas en otros países. Los medios de comunicación reportaron poca afluencia de votantes, y personas nicaragüenses se movilizaron en varias ciudades del mundo denunciando la grave crisis de derechos humanos y la imposibilidad de ejercer los derechos políticos en Nicaragua.
“Este nuevo y consecutivo mandato de Daniel Ortega vaticina la perpetuación de estructuras que han implementado la estrategia represiva contra voces críticas”
Urnas Abiertas, un observatorio ciudadano electoral, registró más de 200 hechos de violencia política y actos de coacción electoral durante la jornada electoral, incluyendo la presencia de fuerzas parapoliciales en las cercanías de los centros de votación, así como intimidación y coacción hacia trabajadores del Estado para forzar su voto. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también reportó haber recibido información sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
“Este nuevo y consecutivo mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como presidente y vicepresidenta, vaticina la perpetuación de las estructuras que han implementado la estrategia represiva contra voces críticas y garantizado la impunidad de crímenes del derecho internacional. Además, este nuevo periodo presagia la continuidad de la migración forzada de quienes se ven criminalizados por alzar la voz”, dijo Erika Guevara Rosas.
“La comunidad internacional debe hacer más que apoyar a las valientes personas nicaragüenses que continúan luchando por sus derechos humanos. En la sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA, que se celebrará esta semana, los Estados miembros deben asumir colectivamente sin dilación la corresponsabilidad de proteger los derechos humanos de las personas en Nicaragua y poner presión al gobierno de Ortega como primer paso ante este contexto poselectoral. Los foros multilaterales deben hacer todo lo posible para lograr que las estructuras de represión e impunidad en Nicaragua dejen de ser intocables.”
Desde 2018, Amnistía Internacional ha documentado violaciones a los derechos humanos incluyendo represión violenta y, en algunos casos, letal contra manifestantes, así como hostigamiento y criminalización de activistas sociales, personas defensoras de derechos humanos, abogados, abogadas y periodistas. La Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, también ha aprobado una serie de leyes que afectan severamente el espacio cívico y ponen a los derechos humanos en riesgo.
Desde finales de mayo, 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluyendo siete aspirantes a la presidencia, fueron arrestadas injustamente. Algunas fueron sujetas de desaparición por cierto tiempo y detenidas en secreto durante meses antes de que se les permitiera contactar a un abogado o a sus familiares.
