Ante los informes de que Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, se dispone a anunciar que las fuerzas armadas de Myanmar cometieron genocidio y crímenes de lesa humanidad durante su violenta campaña contra la minoría rohinyá, Erwin van der Borght, director interino de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, ha declarado:
“Casi cinco años después de que 740.000 personas fueran expulsadas de sus casas a punta de pistola en 2017, sobrevivientes y familiares de víctimas rohinyás aún no han obtenido justicia por los horrores inimaginables infligidos a su comunidad. Debe acelerarse el impulso en favor de la justicia internacional para acabar con la cultura de impunidad reinante en Myanmar, donde ningún alto cargo se ha enfrentado en ningún momento a las consecuencias de su demoledora campaña contra el pueblo rohinyá.
Sin rendición de cuentas, las fuerzas armadas de Myanmar seguirán creyendo que tienen carta blanca para asesinar a personas inocentes, bombardear sus hogares y destruir sus familias. Amnistía Internacional apoya el llamamiento en favor de la investigación y el procesamiento de altos cargos militares por los crímenes de derecho internacional cometidos en Myanmar, que incluyen genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Los mismos generales que llevaron a cabo la desvergonzada campaña de las autoridades para masacrar a los rohinyá se hicieron con el poder mediante un golpe de Estado en 2021. Ante el movimiento de protesta que se levantó en todo el país, volvieron sus armas contra los manifestantes juveniles en las grandes ciudades de Myanmar, aplicando las mismas tácticas violentas que habían usado durante décadas para atacar a minorías étnicas.”
Información complementaria:
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden se propone declarar formalmente el 21 de marzo que la campaña militar contra el pueblo rohinyá llevada a cabo en Myanmar en 2017 constituyó genocidio y crímenes de lesa humanidad. Está previsto que el secretario de Estado, Antony Blinken, haga el anuncio en el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos.
Las fuerzas armadas myanmaras expulsaron a Bangladesh a más de 740.000 rohinyás del estado de Rajine en una campaña brutal de ejecuciones extrajudiciales, incendios provocados y agresiones sexuales. Se calcula que un millón de personas refugiadas rohinyás viven actualmente en Bangladesh, y muchas de sus viviendas en Rajine han sido borradas del mapa.
La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Myanmar ya había pedido anteriormente que se investigara y procesara al general Min Aung Hlaing y a otros altos cargos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Min Aung Hlaing se hizo con el poder mediante un golpe de Estado perpetrado la madrugada del 1 de febrero de 2021.
Existen múltiples iniciativas internacionales para proporcionar justicia al pueblo rohinyá, incluido el caso de genocidio contra Myanmar presentado por Gambia ante la Corte Internacional de Justicia. En Argentina está en curso otra causa basada en el principio de jurisdicción universal.
Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional.
En una investigación sobre el estado de Rajine realizada en 2017, Amnistía Internacional detalló un despiadado sistema de discriminación y segregación institucionalizadas que restringía gravemente los derechos humanos de la minoría musulmana rohinyá. Este sistema, constitutivo de apartheid, amenaza y socava la libertad de circulación, la capacidad de acceder a alimentación y asistencia médica adecuadas, y el derecho a la educación.
