“El Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer con urgencia un embargo de armas integral a Myanmar para poner fin a la matanza de quienes protestan, en su mayoría de forma pacífica, a manos de las fuerzas de seguridad de Myanmar”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en un llamamiento conjunto con más de 200 organizaciones de la sociedad civil.
“La mera condena por la comunidad internacional no ha tenido resultado. Es hora de que el Consejo de Seguridad de la ONU use sus facultades exclusivas para imponer un embargo de armas integral a fin de tratar de acabar con el baño de sangre que está perpetrando el ejército”, dijo Lawrence Moss, responsable superior del trabajo de incidencia con la ONU de Amnistía Internacional.
Según informes, desde el golpe de Estado del 1 de febrero, el ejército ha matado ilegítimamente al menos a 769 manifestantes, y miles de personas más han sido detenidas de forma arbitraria, entre las que se cuentan los líderes y lideresas civiles elegidos del país, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas que critican el golpe de Estado.
Tras examinar más de 50 vídeos de la represión en curso, Amnistía Internacional determinó que las fuerzas armadas de Myanmar —entre ellas unidades implicadas en crímenes de derecho internacional contra la población rohinyá y otras minorías étnicas— utilizan de forma creciente tácticas letales y armas que normalmente se ven en el campo de batalla contra manifestantes pacíficos y viandantes en todo el país. Muchos de estos homicidios constituyen ejecuciones extrajudiciales.
El 10 de marzo de 2021, la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU emitió una declaración en la que “condena enérgicamente la violencia contra manifestantes pacíficos, en particular contra mujeres, jóvenes y niños” y “pide a los militares que actúen con la máxima moderación”. El 24 de abril, los dirigentes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) dieron a conocer una declaración consensuada en la que pedían el “cese inmediato de la violencia en Myanmar”.
Igualmente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenadoenérgicamente “la violencia brutal que continúa a manos del ejército en Myanmar“ y afirmó que “la represión militar que continúa [...] es inaceptable y exige una respuesta internacional firme, unificada y resuelta”. Por su parte, la enviada especial del secretario general, Christine Schraner Burgener, a quien el ejército ha prohibido entrar siquiera en Myanmar, ha condenado enérgicamente “el continuo derramamiento de sangre en el país mientras las fuerzas armadas desoyen los llamamientos internacionales, incluso del Consejo de Seguridad, en favor de la moderación, el diálogo y el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales”.
En abril de 2021, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos Michelle Bachelet advirtió de que la situación en Myanmar era un reflejo de la de Siria en 2011: “Allí también vimos protestas pacíficas a las que se respondió con fuerza innecesaria y claramente desproporcionada. La represión persistente y brutal por el Estado de su propio pueblo hizo que algunas personas tomaran las armas, lo que fue seguido de una espiral de violencia que se expandió con rapidez por todo el país”, dijo.
“Las fuerzas armadas de Myanmar vienen ignorando los llamamientos de los líderes y las lideresas de la comunidad internacional para que pongan fin a esta violencia desenfrenada. Los generales desoyen las peticiones unánimes del Consejo de Seguridad de la ONU y de los vecinos de Myanmar en la ASEAN de detener el derramamiento de sangre”, declaró, por su parte, Lawrence Moss.
“Si el Consejo de Seguridad hubiera impuesto y hecho cumplir un embargo de armas en Siria hace diez años, hace tiempo que se habrían acabado las balas. Esta vez, el Consejo debe actuar antes de que la grave situación de Myanmar se convierta en una catástrofe similar”.
Información complementaria
Amnistía Internacional reitera su llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que imponga un embargo de armas integral como parte de la campaña #NotOneBulletMore (Ni una bala más), junto con más de 200 organizaciones de la sociedad civil.
Amnistía Internacional ha pedido además al Consejo de Seguridad que remita la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional y que imponga sanciones económicas selectivas al comandante en jefe, el general Min Aung Hlaing (ahora jefe del ejército de Myanmar a cargo del país), y a otros dirigentes militares responsables de crímenes atroces contra diversas minorías étnicas de todo el país, incluida la rohinyá.
