En México se ha instaurado la práctica de usar el sistema penal de manera arbitraria contra personas que denuncian violaciones a derechos humanos, que las investigan y que acompañan a las víctimas de esas violaciones en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral del daño. Así lo advierte Amnistía Internacional México en su último informe Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México.
El informe, dado a conocer hoy, documenta los casos de la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti, quienes fueron sujetas a una investigación indebida y a espionaje por parte del Estado mexicano por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro.
La intervención de las autoridades se dio sin que contaran con evidencias suficientes que mostraran la relación de las tres personas defensoras con alguno de los delitos referidos. La investigación y el espionaje ocurrieron cuando las tres defensoras trabajaban, desde sus distintas disciplinas, para esclarecer las masacres de personas de diversas nacionalidades halladas en agosto de 2010 y abril de 2011 en San Fernando, Tamaulipas.
Aunque la investigación y el espionaje datan de 2016, a la fecha se desconoce si ambos continúan. Esta incertidumbre, que se mantiene desde hace ocho años, ha puesto a las tres defensoras de derechos humanos en una situación de indefensión, pues existe la amenaza constante de que continúe el uso indebido del sistema de justicia y sean investigadas sin que se garanticen las normas básicas del debido proceso.
“Desde Amnistía Internacional hemos advertido con alarma y en diversas ocasiones, que en México vivimos una grave crisis de derechos humanos. En este contexto, el caso de Ana Lorena, Marcela y Mercedes es emblemático por la forma en que el Estado mexicano usa el sistema penal de manera arbitraria para perseguir a las personas defensoras, amedrentarlas y criminalizarlas”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“Con estas acciones persecutorias, las autoridades mexicanas generan temor no solo a las tres mujeres defensoras, sino también a otras personas defensoras de derechos humanos que están en todo su derecho de contribuir con su trabajo a la vigencia de los mismos. Es inconcebible que, por esta labor, una persona sea perseguida penalmente. Los tres niveles de gobierno tienen la obligación de velar por la vigencia de los derechos humanos y no por profundizar la impunidad”, declaró Edith Olivares Ferreto.
¿Quiénes investigan y espían?
Las autoridades responsables del espionaje y la investigación pertenecen a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la actual Fiscalía General de la República (FGR), quienes contaron con autorización de altos niveles jerárquicos de la entonces PGR.
Hasta el momento, ningún funcionario ha sido investigado por las presuntas violaciones a derechos humanos detalladas en el informe de Amnistía Internacional.
El informe Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México documenta la forma como el personal de la SEIDO de la PGR desvió recursos de la investigación de una de las violaciones más graves de derechos humanos, como lo es el caso de “las fosas de San Fernando” o “San Fernando II”, para espiar a las tres personas defensoras.
Para proceder en contra de las defensoras de derechos humanos, la SEIDO de la PGR, utilizó sin fundamento el marco jurídico de secuestro y delincuencia organizada para solicitar ilegalmente información de telecomunicaciones de las tres defensoras de derechos humanos.
Así, la SEIDO de la PGR estableció a quiénes llamaron las tres personas defensoras y dónde estuvieron. Además, pidió ilegalmente sus datos personales para analizar sus firmas. Realizó todo ello sin haber cumplido con las formalidades que exige la ley, destacando la falta de autorización judicial.
Es importante mencionar que Ana Lorena, Marcela y Mercedes fueron espiadas e investigadas dentro del expediente de averiguación previa de las fosas de San Fernando, en el tomo 221 de dicho expediente.
Los agentes de la SEIDO de la PGR realizaron diligencias de investigación sin darle a ninguna de las tres la calidad de “imputadas”; tampoco les notificaron de la acusación en su contra, ni de qué las investigaba.
Agravio tras agravio
De esta forma, la investigación y el espionaje en contra de Ana Lorena, Marcela y Mercedes violaron sus derechos a la privacidad, a la libertad de expresión, a defender derechos humanos, a la no discriminación y al debido proceso. Por estas violaciones, ninguna de las tres ha obtenido justicia ni reparación integral del daño. Además, las defensoras han enfrentado serias secuelas físicas, interpersonales, psicológicas y laborales.
A todo ello se suma un agravio más. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cerró la queja que habían interpuesto las defensoras, sin hacer un análisis detallado y correcto sobre las violaciones a derechos humanos. La CNDH reabrió la queja sólo hasta después de que ellas presentaron un amparo y realizaron múltiples intervenciones con dicha institución.
Es importante destacar también que, mientras se utilizó el sistema penal en contra de las tres mujeres defensoras de derechos humanos, las graves violaciones a derechos humanos ocurridas contra personas de diversas nacionalidades en San Fernando, Tamaulipas, siguen impunes, pues a la fecha no hay una sola persona sentencia por estos lamentables hechos.
Recomendaciones a la FGR
La investigación de Amnistía Internacional México incluye diversas recomendaciones dirigidas a la Fiscalía General de la República. Entre ellas, están las siguientes:
• Llevar a cabo el No Ejercicio de la Acción Penal en relación con las investigaciones en contra de Ana Lorena, Marcela y Mercedes.
• Detener cualquier investigación, espionaje e intento de acción penal arbitraria en contra de Ana Lorena Delgadillo Pérez, Marcela Turati Muñoz y Mercedes Doretti.
• Frenar, mediante un acuerdo interno por parte del Fiscal General, cualquier mensaje y acción al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR, y órganos de investigación penal, que criminalicen y desacrediten el trabajo de defensa de derechos humanos, periodismo y forense de las tres personas defensoras y las organizaciones y redes de las que hacen parte.
• Eliminar toda información confidencial y de datos personales de las tres mujeres defensoras de la averiguación previa sobre las fosas de San Fernando, así como impedir la reproducción y divulgación por parte de las personas servidoras públicas de la información contenida en la averiguación previa sobre San Fernando.
• Hacer una investigación efectiva, imparcial, independiente y completa a las personas servidoras públicas involucradas en la investigación indebida y el espionaje contra Ana Lorena, Marcela y Mercedes dentro de la FGR (antes PGR), a las cadenas de mando y a las personas servidoras públicas de otros entes de gobierno, como personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que dio información de ellas, y sancionar a los responsables.
• Realizar una reparación integral por el daño ocasionado a las víctimas, incluyendo claras garantías de no repetición para otras personas defensoras, peritas/os independientes y periodistas.
• Realizar una disculpa pública por la investigación y espionaje.
