Más homicidios de civiles

En Rio de Janeiro se sigue matando a mujeres y niños, y las autoridades no reaccionan o lo hacen de modo insuficiente. Alice da Silva, de 64 años, ha resultado muerta esta semana cuando se agazapaba contra la pared de su casa intentando desesperadamente proteger a sus dos nietos. Según informes, había buscado refugio allí a causa de un tiroteo entre narcotraficantes y la policía, cuando una bala atravesó la pared y la alcanzó en el pecho. Alice es la última víctima de una operación de dos semanas de duración emprendida por la policía para capturar a narcotraficantes en el Complexo do Alemão, agrupamiento de 21 comunidades de Rio de Janeiro donde viven unas 200.000 personas. Durante la operación, los habitantes de la zona  han denunciado amenazas, intimidación, palizas y daños a propiedades. Ha habido temerarias incursiones  de vehículos blindados conocidos como “caveirões” (“calaveras”). Según informes, la policía ha cortado el suministro de agua y electricidad en algunas comunidades, disparando, al parecer, contra generadores eléctricos. También ha impuesto toques de queda que han impedido a muchas personas ir a trabajar y a los niños y niñas ir al colegio. Los habitantes del Complexo han denunciado que la policía los “trata como a delincuentes” y que les da miedo salir de sus casas. Esta operación constituye uso excesivo de la fuerza, así como insensibilidad hacia los habitantes del Complexo do Alemão, a cuyo servicio se supone que está la policía. Las autoridades deben investigar exhaustivamente todos los casos de violencia, intimidación y daños a propiedades que se han producido durante la ocupación de la zona y poner a disposición judicial a los responsables. Lo ocurrido en el Complexo do Alemão se enmarca en una sucesión de operaciones policiales violentas y discriminatorias contra comunidades pobres de Rio, que Amnistía Internacional viene documentando desde hace mucho tiempo. Desde septiembre han muerto durante operaciones policiales a causa de balas perdidas cuatro menores, y recientemente un vehículo de la policía atropelló a un niño de siete años en Vigario Geral. Es hora de poner fin a una política de seguridad pública que pone en peligro la vida de todos los habitantes de las comunidades pobres de Rio y no sirve para combatir la delincuencia relacionada con el tráfico de drogas. Sólo tomando  medidas serias y a largo plazo, que permitan entablar una relación constructiva con estas comunidades, en la que se preste protección policial cotidianamente y se faciliten servicios públicos básicos, podrán las autoridades comenzar a arreglar la situación en Rio de Janeiro. Ahora que se aproxima la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y estatales en Brasil, los candidatos deben abordar la ausencia de políticas a largo plazo que afecta a esta zona.