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Más derechos, los mismos obstáculos

Las víctimas de violencia de género ven frustradas sus expectativas un año después de la completa entrada en vigor de la Ley Integral

“Yo me arrepiento de denunciar, porque mi familia no se hubiera enterado y yo estaría en la misma situación que estoy: sin ayuda, sola, trabajando como una mula  para salir adelante mis hijos y yo”.
Testimonio de Laura (nombre ficticio), entrevistada por AI en abril de 2006

 

Madrid.- Un año después de la plena entrada en vigor de la Ley Orgánica de medidas de Protección Integral ante la Violencia de Género (en adelante Ley Integral), Amnistía Internacional ha detectado al menos 24 obstáculos con los que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género para defender sus derechos. Obstáculos que reflejan: la falta de medidas eficaces para la detección precoz de la violencia de género en el ámbito sanitario, las dificultades de acceso a recursos de calidad del conjunto de las víctimas, la ausencia de formación obligatoria para el conjunto de los profesionales que están en contacto con las víctimas de violencia, y el escaso impacto de los juzgados especializados en la eliminación de los obstáculos que se encontraban las mujeres con anterioridad a la Ley.

 

En un nuevo informe titulado, España: Más derechos, los mismos obstáculos, Amnistía Internacional a través del testimonio de mujeres víctimas de violencia de género, de profesionales y de representantes de organizaciones que trabajan con estas mujeres de ocho Comunidades Autónomas, analiza los cambios en la respuesta del Estado a la violencia de género desde la entrada en vigor de la ley, en un año en el que se recogen las peores cifras de mujeres asesinadas desde 1999: a 31 de mayo de 2006, 32 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas.

 

Amnistía Internacional valora positivamente la Ley Integral como un paso importante para la mejora de la protección de los derechos de las mujeres ante la violencia de género que ha impulsado a las Comunidades Autónomas a establecer legislación al respecto y ha puesto en marcha instituciones como la Delegación Especial del Gobierno sobre Violencia contra las Mujeres, los Juzgados especializados y la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer.

 

Pero un año después, la organización muestra su preocupación por la ausencia de un enfoque de derechos humanos en el desarrollo de las medidas de la Ley Integral. “Las mujeres siguen recibiendo diferente atención según la Comunidad Autónoma en la que vivan, y hay colectivos de mujeres que siguen siendo discriminados en el acceso a la asistencia, la protección o la justicia”, manifiesta Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional en España.

 

Cada año son más las mujeres que denuncian: en 2005 fueron 73.109, de las que 47.616 obtuvieron “orden de protección”. Sin embargo, en el 22,7% de los casos esta orden fue denegada, en ocasiones sin fundamentar la razón y existiendo además una diferencia notable en el porcentaje de denegaciones entre unas comunidades y otras, desde el 11% de Navarra hasta el 32% de Asturias. “A Amnistía Internacional le preocupa que con la Ley Integral y su desarrollo, la “orden de protección” se haya convertido en requisito para acceder a recursos básicos como las ayudas económicas, las ayudas a la vivienda, o incluso, dependiendo de los territorios, la ayuda psicológica, contraviniendo las recomendaciones del Consejo de Europa”, señala Beltrán.

 

El informe destaca especialmente la situación de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género en situación irregular. Algunas medidas adoptadas por el Ejecutivo, como la Instrucción 14/2005 sobre actuación en dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular, han agravado la situación de este colectivo frente a la violencia: cuando estas mujeres denuncian corren el riesgo de acabar con una orden de expulsión si no logran obtener una orden de protección y una sentencia que condene a su agresor.

 

Detección precoz y asistencia sanitaria. A pesar de los compromisos adquiridos con la Ley Integral, la violencia contra las mujeres no parece ser un problema prioritario en el ámbito sanitario: no está incluida en los indicadores de salud de la población ni en el actual borrador de Estrategia de Salud Mental. Sectores clave, como los servicios de urgencia de hospitales, los de atención primaria, o los de salud mental siguen sin estar preparados para la detección precoz de la violencia: la formación para el personal es voluntaria y fuera del horario laboral, y el presupuesto de la memoria económica de la Ley Integral para formación alcanzarán a formar a menos de un 10% del personal sanitario.

 

Medidas de asistencia integral suficientes y de calidad. Amnistía Internacional constata que las medidas y recursos de asistencia a las víctimas continúan siendo insuficientes, y desigualmente repartidos. Todavía no existe un centro de apoyo integral en todas las Comunidades Autónomas, tal como preveía a corto plazo la memoria económica de la Ley Integral y se siguen utilizando pensiones y hostales para albergar a las mujeres en situación de emergencia. Las mujeres inmigrantes en situación irregular están excluidas de las ayudas previstas en la Ley Integral –seis mensualidades de 383,28 euros, para las mujeres víctimas con “orden de protección”, siempre y cuando sean demandantes de empleo y tengan una renta inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional–, una situación que también ha denunciado el Consejo Económico y Social, pidiendo que sea subsanada.

 

Respuesta policial y asistencia letrada en la denuncia. A pesar de la creación de unidades especializadas dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la atención a las víctimas de violencia de género, en todo caso insuficientes, fuera del conjunto de estos profesionales no existen programas de formación específica. Pese a que la Ley Integral establece el acceso a la justicia gratuita “desde que la mujer lo requiera”, en Colegios de abogados como los de Madrid, Vitoria y toda Andalucía no existe un servicio de atención a víctimas en comisaría, por lo que las mujeres no cuentan con asistencia letrada al interponer la denuncia.

 

Obtención de justicia. A pocos meses de la puesta en marcha de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer la sobrecarga de trabajo es uno de los principales obstáculos, unido a la deficitaria formación para el personal de los órganos judiciales especializados. A Amnistía Internacional le preocupa que los Juzgados especializados sólo aborden la punta del iceberg de la violencia (las lesiones puntuales, como ocurre en el 77,4% de los casos), sin abordar el historial previo de violencia. Aunque las Audiencias Provinciales han sido especializadas no ocurre lo mismo con los juzgados de lo penal; sin embargo, en 2005, de las 18.152 causas relacionadas con violencia de género, la inmensa mayoría, 17.911 fueron enjuiciadas por juzgados de lo penal. Sigue habiendo provincias, como Álava, Valencia, Ciudad Real o Madrid, que no cuentan con una unidad de valoración forense para valorar las lesiones en las víctimas.

 

Reparación a las víctimas. Las víctimas de violencia de género siguen sin contar con un cauce ágil para acceder a una reparación justa y adecuada, una laguna de la Ley Integral que ya puso de manifiesto Amnistía Internacional durante su tramitación.

 

 

Indicadores para el cumplimiento de la Ley Integral
En este informe, Amnistía Internacional dirige al Ejecutivo español, a los Gobiernos autonómicos, a la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer y al Consejo del Poder Judicial un conjunto de 40 recomendaciones, y propone 18 indicadores mínimos para valorar, al final de la presente legislatura, la adecuación de la respuesta institucional a la violencia de género, entre ellos:

 

· Se ha elaborado un programa sanitario estatal integral que establece estándares mínimos para una formación de calidad al conjunto de los y las profesionales sanitarios orientados a garantizar una respuesta homogénea y de calidad en todas las Comunidades Autónomas.


· Se han cumplido las previsiones a corto plazo establecidas en la Memoria Económica de la Ley Integral, por lo que existe al menos un centro de apoyo integral en cada Comunidad Autónoma y ninguna víctima de violencia de género que requiera un alojamiento de emergencia es alojada en hostales o albergues.


· En todas las provincias los colegios de abogados disponen de un turno de guardia, con recursos suficientes, para asistir a las mujeres en el momento de la interposición de la denuncia y continuar con su defensa durante todo el proceso.


· La Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad ha sido retirada y se ha sustituido por indicaciones claras para evitar cualquier trato discriminatorio a las mujeres inmigrantes indocumentadas cuando interponen denuncias por violencia de género.


· Todos los Institutos de Medicina Legal cuentan con una Unidad de Valoración Forense

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