Más de 80 trabajadores migrantes de la construcción en Qatar que trabajaron cerca de un año sin cobrar su sueldo en la edificación de una prestigiosa torre en el distrito financiero de Doha se enfrentan a una grave escasez de alimentos y necesitan ayuda urgente del gobierno, según ha afirmado hoy Amnistía Internacional. En el Día Internacional del Migrante, la organización pide a las autoridades qataríes que aborden la difícil situación de los empleados de la empresa qatarí Lee Trading and Contracting (LTC), cuyas condiciones laborales pueden constituir trabajo forzoso. A mediados de noviembre, el secretario general de Amnistía Internacional visitó el campamento de los trabajadores en la zona industrial de Al Sailiya y posteriormente pidió a los Ministerios de Trabajo e Interior que abordaran con carácter prioritario la situación de la empresa. “Ya hace un mes que visitamos a estos hombres y comprobamos que su situación era desesperada. Pero su suplicio no ha terminado”, ha dicho Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. “No cobran su sueldo desde hace casi un año y no tienen ni para comprar comida a diario para subsistir. Tampoco pueden permitirse enviar dinero a sus familias ni saldar deudas." “El gobierno qatarí debe tomar medidas ya y poner fin a esta crisis. Los hombres nos han dicho que sólo quieren cobrar las retribuciones que les deben y marcharse del país. Los Ministerios de Trabajo e Interior deben garantizar cuanto antes que esto se cumple. Así, el gobierno demostrará que lo que dice sobre proteger los derechos de los trabajadores no son palabras huecas.” Las condiciones en el campamento son deprimentes. Hay trabajadores que están durmiendo sin colchón sobre duros tablones, y algunos de los edificios donde se alojan temporalmente son peligrosos por su inestabilidad; el suelo y el techo de un dormitorio están a punto de derrumbarse. Impago de salarios La empresa adeuda al grupo –formado por unos 60 trabajadores nepalíes además de migrantes de Sri Lanka, Filipinas, Nigeria, China y Bangladesh– los salarios de todo un año. Estos trabajadores se han dedicado a equipar dos plantas –núms. 38 y 39– de la Torre Al Bidda de Doha, apodada “la Casa del Fútbol de Qatar”, por el número de organizaciones relacionadas con ese deporte que tienen sus oficinas en ella. Amnistía Internacional ha visto documentación que apunta a que, en total, LTC debe a los trabajadores en torno a 1,5 millones de riales (unos 412.000 dólares estadounidenses). Siguen sin estar claras las razones exactas por que la empresa no ha abonado sus salarios a estos hombres. El proyecto de construcción concluyó en octubre de 2013 y, desde entonces, los trabajadores permanecen en el campamento abandonados a su suerte, sin sueldo y sufriendo una grave escasez de alimentos. Un trabajador nepalí contó lo siguiente a los investigadores: “‘Trabajad y ya os pagaremos mañana’, nos decían [...]. Así que seguimos trabajando, pero ellos cambiaban constantemente la fecha y nunca nos pagaron.” El mismo trabajador contó que su hermana se había suicidado en Nepal a mediados de este año debido a los problemas económicos que atravesaba la familia de ambos. Llevaba muchos meses sin poder enviarles dinero, y tampoco había podido volver a casa para el entierro de la hermana. Todos los trabajadores han demandado a LTC ante el Tribunal del Trabajo de Doha para reclamar sus salarios. Pero el Tribunal ha exigido el pago de una tasa de 600 riales (165 dólares estadounidenses) a cada uno para encargar un informe pericial sobre sus casos. Si no la pagan, las causas no prosperarán. Los trabajadores contaron a Amnistía Internacional que el tribunal había desestimado su solicitud de exención de la tasa atendiendo a su situación económica. Según el derecho laboral de Qatar, se supone que los trabajadores están exentos de pagar tasas judiciales. “Este caso refleja a la perfección los descomunales obstáculos a los que se enfrentan los trabajadores migrantes cuando intentan obtener justicia en Qatar. ¿Cómo va a abonar esa suma de dinero un trabajador que no ha cobrado su sueldo durante casi un año?”, pregunta Salil Shetty. Denuncias de trabajo forzoso Algunos hombres han denunciado que, cuando en agosto de 2013 dejaron de trabajar como medida de protesta por el impago de sus salarios, un representante de LTC los amenazó con la cárcel. Los trabajadores explicaron que, en vista de la amenaza, habían vuelto al trabajo. El representante en cuestión negó tajantemente esta acusación a Amnistía Internacional. Según el Convenio sobre el Trabajo Forzoso (Convenio 29) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), haber obligado a estos hombres a trabajar bajo amenaza de cárcel habría constituido trabajo forzoso.Falta de alimentos y otros problemas que sufren los trabajadoresLos empleados de LTC no reciben comida ni asignaciones para alimentos, y tampoco cobran un sueldo para poder comprarlos. Antes la empresa les pagaba 250 riales (69 dólares estadounidenses) al mes en concepto de asignación para alimentos, pero en octubre dejaron de hacerlo. Ahora los trabajadores se ven obligados a pedir dinero prestado para poder comer. A mediados de noviembre, varios hombres se quejaron a Amnistía Internacional de que tenían hambre. Un representante de LTC explicó a Amnistía Internacional en noviembre que se había interrumpido la asignación para alimentos el mes anterior porque “entre unas cosas y otras, no consigo sacarle ningún dinero a esta empresa”. Debido al restrictivo sistema de patrocinio de Qatar, los trabajadores están atados a LTC y no pueden ganar dinero trabajando para otra empresa. A finales de noviembre, residentes de Doha preocupados por la situación de los trabajadores recaudaron donativos y les enviaron un suministro de alimentos como ayuda temporal. “Es una vergüenza que, en uno de los países más ricos del mundo, se esté permitiendo que unos trabajadores migrantes pasen hambre. Las autoridades qataríes deben actuar de inmediato”, ha afirmado Salil Shetty. Los trabajadores contaron también a los investigadores que la empresa no les había facilitado permisos de residencia válidos –que son obligatorios según la legislación de Qatar–, dejándolos expuestos a la detención. Un representante de LTC contó a Amnistía Internacional que la empresa no podía pagar los permisos para los trabajadores.
