“El ciudadano saudí Hassan al Rabea, que fue detenido el 14 de enero de 2023 en el aeropuerto marroquí de Marrakech cuando se dirigía a Turquía, no debe ser devuelto a Arabia Saudí, donde correría el riesgo real de sufrir tortura y otras violaciones de derechos humanos”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Al Rabea fue detenido a petición de Arabia Saudí y acusado de “colaboración con un terrorista ayudándolo a salir ilegalmente del reino” de Arabia Saudí, supuestamente en relación con su intento de ayudar a uno de sus hermanos a huir del país.
“El primer ministro marroquí Aziz Akhannouch podría decidir en cualquier momento extraditar a Hassan al Rabea a Arabia Saudí. Pedimos directamente al primer ministro Akhannouch que no deporte a Hassan. Si es obligado a regresar, correría un riesgo grave de sufrir violaciones de derechos humanos, incluidos tortura y otros malos tratos”, dijo Amna Guellali, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
La extradición de Al Rabea constituiría devolución: el traslado de una persona a un país donde correría el riesgo de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos. El derecho internacional prohíbe la devolución. Marruecos tiene la obligación absoluta, en virtud del derecho consuetudinario internacional y de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de no trasladar a ninguna persona a otro Estado donde existan razones fundadas para creer que correría el riesgo de sufrir tortura.
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Al Rabea, de 26 años, que había salido de Arabia Saudí hace más de un año y llevaba unos 6 meses residiendo en Marruecos, fue detenido a raíz de una orden del Consejo de Ministros Árabe de Interior, organismo conjunto de seguridad interna y asuntos penales de muchos Estados árabes. En la actualidad está recluido en la prisión de Tiflet 2 de Rabat, en espera de una opinión consultiva del Tribunal de Casación de Rabat sobre la solicitud de extradición de Arabia Saudí, tras la cual el primer ministro tomará la decisión final.
Si es deportado, podría ser juzgado por el Tribunal Penal Especializado en Arabia Saudí. La investigación de Amnistía muestra que todas las fases de las actuaciones ante este Tribunal están empañadas por abusos manifiestos contra los derechos humanos como la denegación de acceso a asistencia letrada, la detención en régimen de incomunicación y sentencias condenatorias basadas únicamente en “confesiones” obtenidas bajo tortura. El proceso de apelación es también opaco y está rodeado de secretismo.
Un juez del Tribunal Penal Especializado declaró a Ali, hermano mayor de Al Rabea, culpable de cargos de terrorismo y recurrió a sus poderes discrecionales para condenarlo a muerte en noviembre de 2022 a pesar de que la fiscalía no había solicitado la pena capital. El año pasado fueron ejecutados dos primos de Hassan.
Desde 2016, Amnistía ha documentado la ejecución de 31 hombres de la minoría musulmana chií de Arabia Saudí, a la que pertenece Hassan, tras juicios manifiestamente injustos ante el Tribunal Penal Especializado en aplicación de imprecisas leyes contra el terrorismo y contra delitos informáticos. Las autoridades saudíes discriminan históricamente a la minoría musulmana chií, a la que somete a persecución.
El Tribunal Penal Especializado ha juzgado a más de 100 activistas chiíes saudíes por cargos imprecisos y generales derivados de su oposición al gobierno, como críticas pacíficas en discursos o en las redes sociales, participación en protestas antigubernamentales y presunta implicación en ataques violentos o en espionaje.
