Malasia debe empezar a cumplir su promesa de abolir la pena de muerte en su legislación futura poniendo fin a su uso para delitos relacionados con drogas y eliminando la pena de muerte preceptiva; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, con motivo de la presentación de su informe para conmemorar el Día Mundial contra la Pena de Muerte.
En Defectos fatales: Por qué Malasia debe abolir la pena de muerte queda de manifiesto el uso de la tortura y otros malos tratos para obtener “confesiones”, el acceso inadecuado a asistencia letrada, el opaco sistema de indultos y otras violaciones graves del derecho a un juicio justo que ponen a personas en peligro de ejecución.
Además, el informe revela que el 73% de las personas en espera de ejecución —930— han sido condenadas a muerte por delitos relacionados con drogas, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos. Más de la mitad de ellas (478) son extranjeras.
“Malasia tiene una oportunidad de oro para romper con décadas de crueldad e injusticia, infligidas de manera desproporcionada a algunas de las personas más marginadas”, ha dicho Shamini Darshni Kaliemuthu, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Malasia.
“Nuestra investigación reveló un patrón de juicios injustos y ahorcamientos secretos que habla por sí solo. Desde denuncias de tortura y otros malos tratos hasta un proceso de indultos opaco, es evidente que la pena de muerte representa una mancha en el sistema de justicia penal malasio.”
La pena de muerte sigue actualmente en vigor para castigar 33 delitos en Malasia, y es preceptiva para 12 de ellos. En los últimos años se ha usado principalmente en condenas por asesinato y tráfico de drogas.
Hace un año, el gobierno recién elegido de Malasia anunció que revocaría la pena de muerte para todos los delitos, después de la suspensión de las ejecuciones que ya había declarado en julio de 2018. Sin embargo, en una sesión parlamentaria que comienza este mes, está previsto que el gobierno presente una legislación que eliminaría únicamente la pena de muerte preceptiva, y sólo para 11 delitos, lo que dista mucho de la abolición absoluta.
Amnistía Internacional pide a las autoridades que se mantenga la suspensión de las ejecuciones hasta que la pena de muerte haya sido completamente abolida, y que utilicen la legislación anunciada para revocar la pena de muerte preceptiva para todos los delitos, incluido el tráfico de drogas.
Pena de muerte para la población más marginada
De las 1.281 personas condenadas a muerte que, según informes, había en Malasia en febrero de 2019, 568 (el 44%) eran personas extranjeras, que encuentran graves obstáculos para acceder a asistencia consular y servicios de interpretación.
Amnistía Internacional ha descubierto también que el número de personas condenadas a muerte pertenecientes a ciertas minorías étnicas de Malasia es desproporcionado, y los datos examinados por la organización apuntan a un gran porcentaje de personas procedentes de entornos desfavorecidos.
Amnistía Internacional ha concluido que la mayoría de las personas condenadas a muerte (el 73%) fueron declaradas culpables de tráfico de drogas y que más de la mitad son extranjeras. Muchas alegaron que habían sido coaccionadas o manipuladas para introducir pequeñas cantidades de droga en el país y que no habían empleado violencia de ninguna clase. Según el derecho internacional, los países que aún no hayan abolido la pena de muerte deben limitar su uso a “los más graves delitos”, como el asesinato.
Los casos de muchas mujeres condenadas a muerte ilustran los efectos demoledores de la draconiana legislación antidrogas de Malasia combinada con la pena de muerte preceptiva. Casi 9 de cada 10 mujeres en espera de ejecución son extranjeras condenadas por tráfico de drogas. En algunos casos, las mujeres contaron que tenían problemas económicos o que habían sido coaccionadas para transportar la droga. Sin embargo, la pena de muerte preceptiva implica que los jueces no tienen oportunidad de tomar en consideración estas circunstancias.
Juicios injustos
Abogados y familiares contaron a Amnistía Internacional que era habitual que las personas acusadas que no podían costearse la asistencia letrada continuaran sin ella hasta que se presentaban los cargos ante un tribunal. Asimismo, describieron un sistema de asistencia jurídica gratuita gravemente falto de recursos, que dejaba a muchas personas acusadas sin asistencia letrada durante largos periodos, a menudo hasta el comienzo mismo del juicio.
Las personas sospechosas de delitos penados con la muerte pueden permanecer hasta 14 días en detención, y, según personas entrevistadas por Amnistía Internacional, es habitual que se inflijan “palizas” a los acusados para obtener “confesiones”. La práctica continúa hoy en día, a pesar del clamor incesante de las ONG malasias. La investigación realizada en 2011 por un grupo de trabajo de la ONU ya concluía que “prácticamente todas las personas detenidas” habían sufrido tortura u otros malos tratos durante su interrogatorio.
A pesar del índice tan elevado de personas extranjeras condenadas a muerte, y de los múltiples idiomas hablados en el país, el derecho malasio no prevé servicios de interpretación para quienes no hablen malayo fuera de las actuaciones en sala judicial. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de casos de personas a las que se pidió que firmaran documentos en malayo a pesar de no entender el idioma.
Hoo Yew Wah, ciudadano malasio de etnia china, fue detenido en 2005 —con 20 años— en posesión de metanfetamina y declarado culpable en función de una declaración que había hecho en mandarín, su lengua materna, pero que la policía había registrado en malasio. Afirma que la declaración que le obligaron a firmar es inexacta, y que la policía le rompió un dedo durante el interrogatorio y lo amenazó con golpear a su novia si se negaba a firmarla. No contó con la asistencia de un abogado durante el periodo en cuestión. Hoo Yew Wah lleva condenado a muerte desde 2011.
Un sistema opaco y secreto, y una oportunidad de cambio
El derecho malasio no define el proceso de indulto con detalle, y tampoco establece los criterios para aplicarlo ni la manera de notificar una decisión a las personas presas o a sus familiares.
No se garantiza asistencia letrada a las personas acusadas que solicitan el indulto, y muchas no disponen de ella. Otras ni siquiera solicitan el indulto, ya sea por desesperación o porque no quieren admitir su culpabilidad en un delito que aseguran que no han cometido.
Existen algunas iniciativas de asistencia letrada gratuita, pero el acceso a estos servicios está controlado por las autoridades penitenciarias y no hay transparencia sobre cómo se concede. Aunque no se conocen los criterios aplicados, aparentemente afectan a las personas extranjeras: la mitad de ellas no ha presentado una solicitud de indulto.
“Un sistema tan secreto impide tener un conocimiento cabal a los habitantes de Malasia”, ha dicho Shamini Darshni.
“La investigación de Amnistía Internacional demuestra por qué este gobierno debe cumplir sin más dilación su promesa de abolir esta pena cruel, inhumana y definitiva.”
