Los organizadores de los Juegos Olímpicos deben pedir a las autoridades brasileñas que detengan el desalojo forzoso de centenares de familias en todo Río de Janeiro en medio de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Verano de 2016; así lo afirman grupos de residentes, activistas locales del derecho a la vivienda, Amnistía Internacional y WITNESS en una carta conjunta al Comité Olímpico Internacional (COI). Las organizaciones señalan que, en decenas de zonas humildes de la ciudad, los residentes han perdido o corren peligro de perder sus viviendas debido a las obras de infraestructura acometidas por las autoridades con motivo del acontecimiento deportivo internacional. “Obligar a las familias a abandonar sus hogares sin aviso adecuado, sin previa consulta con los afectados y sin propuesta de alojamiento alternativo o provisión de recursos legales supone una burla de los valores que representan las propias Olimpiadas y vulnera las leyes y compromisos internacionales de Brasil en materia de derechos humanos” han afirmado las organizaciones. “Los organizadores de los Juegos Olímpicos deben ejercer su influencia para poner fin a esta práctica antes de que sea demasiado tarde. El COI no debe ser cómplice en abusos contra los derechos humanos perpetrados en su nombre, y debe condenar pública e inequívocamente todos los desalojos forzosos llevados a cabo en Río de Janeiro.” Las favelas y los asentamientos informales que rodean la ciudad ya se vieron afectados el año pasado, y están expuestos a sufrir en el futuro más desalojos previstos por las autoridades. Ya se han cometido graves violaciones de derechos humanos debido a importantes obras de infraestructura, como la construcción de tres autopistas de transporte rápido en autobuses (la TransOeste, la TransCarioca y la TransOlímpica), las obras en torno al Estadio de Maracanã y la modernización de la zona portuaria. Conforme avanzan estas obras, varias comunidades –entre ellas Vila Autodromo y Arroio Pavuna– se enfrentan a un desalojo inminente. Aunque las autoridades de Río aseguran que no se han llevado a cabo desalojos forzosos y que se está indemnizando debidamente a todas las familias antes de que pierdan sus casas, la investigación independiente de ONG locales, el Departamento de Asistencia Jurídica de Río de Janeiro y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y WITNESS demuestra lo contrario. En los casos más graves, las autoridades se han presentado en una comunidad sin previo aviso y han empezado a demoler viviendas y negocios. El 22 de octubre de 2010 llegaron máquinas topadoras (buldócer) a la comunidad de Restinga y empezaron a demoler viviendas y pequeñas tiendas que llevaban abiertas más de 20 años. Edilson, residente de Restinga, describió así la operación: “A las 10 de la mañana había máquinas, agentes de policía y fuerzas antidisturbios con armamento pesado, y empezaron a desalojar las casas. Si alguien se negaba a marcharse, empezaban a derribar su puerta con el buldócer. Los agentes entraban en tu casa, te sacaban a la fuerza y luego la demolían.” Muchas personas que vivían y trabajaban en Restinga han perdido su empleo y su fuente de ingresos, y los niños de la comunidad no han podido trasladarse a otras escuelas, por lo que llevan meses de atraso educativo. Los ex residentes de la comunidad no han recibido una indemnización adecuada ni alojamiento alternativo apropiado, en contravención de las normas internacionales de derechos humanos.
Este patrón de abusos se reprodujo en otras comunidades el año pasado: las autoridades suelen presionar sin descanso a los residentes durante meses para que acepten condiciones infralegales en lugar de respetar sus garantías jurídicas y administrativas antes de que tengan lugar los desalojos. El hostigamiento se emplea aparentemente como táctica de coacción para que las familias acepten su reasentamiento en zonas casi siempre remotas, lejos de su comunidad y de sus empleos y escuelas. La situación se ha agravado tanto este año que la relatora especial sobre una vivienda adecuada, Raquel Rolnik, intervino para exigir al gobierno brasileño que “detenga los desalojos previstos hasta que estén garantizados el diálogo y la negociación”. “Reconocemos que las autoridades de Río de Janeiro tienen necesidad de crear infraestructura adecuada para garantizar el éxito y la seguridad de la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016” afirman las organizaciones. “Pero debe hacerlo con un espíritu de consulta y colaboración con las comunidades afectadas, para que la protección de sus derechos esté garantizada en el proceso.”
