“La sensación de impunidad ha fomentado la tortura generalizada a manos de las milicias y grupos armados afines al Gobierno de Acuerdo Nacional libio y a sus rivales con control de facto de territorios basándose en los vínculos familiares, tribales, políticos o regionales, reales o percibidos de las víctimas”, ha declarado Amnistía Internacional con motivo del examen de la situación de Libia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 11 de noviembre.
La organización pide a los Estados que aprovechen el Examen Periódico Universal de Libia para recomendar a las autoridades de este país que protejan a todas las personas detenidas de la tortura y otros malos tratos, investiguen todos los incidentes de muerte y tortura bajo custodia, y hagan responder ante la justicia a los perpetradores.
“La tortura generalizada afecta desde hace mucho a Libia, pero la circulación de vídeos que muestran abusos refleja hasta qué punto están envalentonados los perpetradores. La comunidad internacional debe aprovechar el examen de la situación de los derechos humanos en Libia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para denunciar el vergonzoso historial de tortura del país y romper el ciclo de impunidad”, afirmó Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Seguimos reuniendo espeluznantes indicios del uso generalizado de la tortura en Libia por miembros de las milicias y de grupos armados contra personas que protestan o presuntamente se oponen a ellos, familiares de combatientes de la oposición y personas refugiadas y migrantes. Se han infligido palizas brutales y abusos sexuales, se ha atado a personas en posturas en tensión y se las ha sometido a humillaciones, todo con total impunidad”.
La envergadura del problema queda ilustrada por la difusión pública de vídeos de tortura, a veces en directo en Facebook. En ocasiones se ven las caras de perpetradores y víctimas, pese a lo cual las autoridades o quienes controlan las fuerzas responsables no toman ninguna medida para investigar y enjuiciar.
Un vídeo retransmitido en directo en Facebook el 23 de septiembre de 2020 y verificado por Amnistía Internacional mostraba a un hombre que gritaba, suspendido de los brazos de una tubería de metal, mientras lo sometían a burlas y humillaciones. Fuentes informadas han dicho a Amnistía Internacional que el vídeo se retransmitió en directo en la página personal de un comandante de la Brigada 80 de la guardia de fronteras, grupo armado de la ciudad noroccidental de Zintan con alianzas cambiantes con las partes en conflicto. El vídeo fue eliminado posteriormente de su página de Facebook. No se ha realizado ninguna investigación y el comandante sigue en activo.
Secuestros y torturas
Las milicias y grupos armados secuestran y torturan habitualmente a quienes los critican y a sus rivales, o a quienes consideran que se les oponen debido a sus relaciones familiares, tribales o regionales. Algunas víctimas han muerto por las lesiones sufridas como consecuencia de la tortura.
Según la información obtenida por Amnistía Internacional, unos hombres de la Brigada 128, grupo afín a las autodenominadas Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF), conocidas también como Ejército Nacional Libio, secuestraron a Tarek Abdelhafiz delante de su tienda el 26 de junio de 2020 y lo recluyeron en la base de la brigada en la localidad suroccidental de Houn, donde fue sometido a palizas brutales, estuvo colgado durante periodos prolongados y le privaron de comida y agua. Su cuerpo sin vida y maltrecho fue abandonado delante de un hospital de la localidad dos semanas después. Fotografías del cuerpo, el informe médico preliminar y el informe de la autopsia, examinados por Amnistía Internacional, son compatibles con la información que indica que fue sometido a palizas brutales y colgado de las muñecas.
El comandante de la brigada se negó a dar razones de su detención y a presentarlo ante las autoridades judiciales. Ahmed, hermano de Tarek Abdelhafiz, había sido secuestrado en septiembre de 2019. Su suerte y su paradero siguen siendo desconocidos.
Familiares de miembros de la oposición y de combatientes también han sido objeto de represalias por los presuntos delitos cometidos por sus parientes. Según la información recabada por Amnistía Internacional, el cuerpo lleno de hematomas de Bassem el Melety fue encontrado horas después de que se lo llevaran de su domicilio, en la localidad de Tarhouna, el 31 de octubre de 2020.
Se lo llevaron hombres armados de la fuerza de apoyo de la Dirección de Seguridad de Tarhouna, milicia afín al Gobierno de Acuerdo Nacional libio. El 2 de noviembre de 2020, el grupo había confirmado la detención de Bassem el Melety, de 32 años, en una publicación de Facebook, alegando que su hermano, presunto miembro del grupo armado Al Kaniat, afín a las Fuerzas Armadas Árabes Libias, era responsable de crímenes cometidos en Tarhouna. Declararon que Bassem el Melety padecía enfermedades crónicas y que había muerto cuando lo detenían. La publicación fue posteriormente borrada. Fuentes informadas dijeron a Amnistía Internacional que Bassem el Melety no tenía ninguna enfermedad grave ni dolencias antes de su detención.
Este no es el primer acto de represalia que cometen milicias afines a las Fuerzas Armadas Árabes Libias contra familiares de combatientes aliados de las Fuerzas Armadas Árabes Libias en Tarhouna y otras partes de la región occidental de Libia. Amnistía Internacional documentó varios casos de este tipo en junio de 2020.
Personas refugiadas y migrantes
Las personas refugiadas y migrantes también son torturadas habitualmente. Miembros de milicias y grupos armados, y traficantes de personas abusan sistemáticamente de ellas, así como funcionarios del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular que depende del Ministerio del Interior del Gobierno de Acuerdo Nacional, mientras están bajo custodia. Personas que han estado detenidas dijeron a Amnistía Internacional que los guardias del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular las golpeaban por quejarse de sus condiciones, por “contestarles” o, a veces, sin ningún motivo aparente en absoluto.
El Examen Periódico Universal de Libia
El gobierno libio declaró en su informe de 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos que el sistema jurídico del país ya era compatible con el derecho internacional de los derechos humanos. No obstante, el informe no ofrecía ningún detalle sobre las medidas adoptadas para poner fin al uso sistemático de la tortura o exigir cuentas a los perpetradores.
“Los miembros del Consejo de Derechos Humanos deben asimismo pedir a las autoridades libias que cooperen plenamente con la Misión de Investigación sobre Libia, de carácter independiente y reciente creación, en la investigación de abusos y violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluida la tortura, y con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones”, concluyó Diana Eltahawy.
Información complementaria
- El 23 de octubre de 2020, el Gobierno de Acuerdo Nacional y las Fuerzas Armadas Árabes Libias firmaron un acuerdo de alto el fuego para poner fin a los combates entre ambos. Ambos participan en conversaciones facilitadas por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia para acabar con el conflicto.
- En junio de 2020, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución para establecer una misión de investigación que documentara denuncias de abusos y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por todas las partes del conflicto en Libia desde el principio de 2016 con vistas a garantizar que los perpetradores de abusos y violaciones rinden cuentas de sus actos.
- El 11 de noviembre de 2020, a través del proceso del Examen Periódico Universal, los miembros del Consejo de Derechos Humanos se reunirán para examinar el historial de Libia en materia de derechos humanos y ofrecer recomendaciones al país para que éste cumpla sus obligaciones al respecto. Amnistía Internacional ha publicado su lista de recomendaciones.
- La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Libia desde febrero de 2011.
