En respuesta a la noticia de que las autoridades libanesas se niegan a permitir que el juez Tarek Bitar reanude su investigación nacional sobre la explosión mortal producida en Beirut, incluso después de haber presentado un detallado análisis jurídico que lo avala, Aya Majzoub, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional, ha manifestado:
“Las autoridades libanesas han obstruido con descaro de forma sistemática la búsqueda de justicia en el caso de la explosión de Beirut, protegiendo a los políticos en lugar de defender los derechos de las personas supervivientes, las familias de las víctimas y todos los residentes de Beirut.”
“El análisis jurídico del juez Bitar ofrece una vía clara para exigir que se haga justicia, pero las autoridades optan por ignorarla deliberadamente y abusan de su poder para eludir su obligación de rendir cuentas y obstaculizar la investigación. Utilizan la legislación como herramienta para proteger a altos cargos que deberían dar explicaciones, mientras que hostigan sin descanso y detienen a los familiares de las víctimas, que luchan con valentía para que se haga justicia.”
“Las personas sobrevivientes de la explosión, las familias de quienes perdieron la vida en la tragedia y los residentes de Beirut merecen que los responsables de esta devastadora explosión rindan cuentas. En lugar de interponer obstáculos adicionales, el gobierno debe tomar todas las medidas necesarias para velar por que la investigación nacional pueda seguir adelante sin injerencias políticas, a fin de cumplir su obligación de garantizar la reparación de las violaciones del derecho a la vida.”
Información complementaria
El fiscal del Tribunal de Casación ha emitido hoy un comunicado en el que afirma que considerará “inexistente” el análisis jurídico de Bitar relativo a la reanudación de su investigación sobre la explosión de Beirut, que mató a más de 200 personas en agosto de 2020.
Según lo publicado hoy en varios medios de comunicación libaneses, el juez Bitar ha imputado por la explosión a diversos altos cargos libaneses —entre ellos el general de división Abbas Ibrahim, jefe de la Dirección de Seguridad General, y el general de división Tony Saliba, jefe del aparato de la Seguridad del Estado— y ha ordenado la puesta en libertad de cinco personas que estaban detenidas desde 2020.
Los políticos acusados en el caso de la explosión de Beirut han presentado más de 25 solicitudes para inhabilitar a Tarek Bitar y a otros jueces involucrados en el proceso, lo que ha provocado la suspensión de la investigación en repetidas ocasiones. El caso lleva paralizado desde diciembre de 2021 debido a los recursos interpuestos.
Mientras tanto, desde agosto y septiembre de 2020 se ha detenido a al menos 17 empleados públicos —en su mayoría de nivel medio y bajo— en relación con el caso, en condiciones que aparentemente violan sus derechos a las garantías procesales, incluido el derecho de toda persona en prisión preventiva a un juicio rápido o a ser puesta en libertad, así como a una revisión judicial independiente de la orden de detención.
En junio de 2021, Amnistía Internacional y una coalición de más de 100 organizaciones libanesas e internacionales, además de sobrevivientes y familiares de las víctimas, escribieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para exigir una investigación internacional sobre la explosión de Beirut.
En agosto de 2022, más de una veintena de diputados libaneses pidieron también al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que organizara una misión de investigación internacional acerca de la explosión.
