En respuesta a la noticia de que dos parlamentarios, Ghazi Zeaiter y Ali Hassan Khalil, que se habían negado a cooperar con la investigación sobre la explosión de Beirut, han sido elegidos para el comité parlamentario de administración y justicia, Diana Semaan, directora en funciones de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado:
“El juez encargado actualmente de la investigación sigue sin poder interrogar ni procesar a Ghazi Zeaiter y Ali Hassan Khalil, ya que ambos gozan de inmunidad parlamentaria. Reiteramos nuestros llamamientos a las autoridades libanesas para que levanten de inmediato toda la inmunidad otorgada a cargos públicos, independientemente de su función o su puesto, para así cumplir con su obligación de garantizar la reparación de las violaciones del derecho a la vida”.
“Líbano sigue sin cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos respecto a hacer rendir cuentas a los responsables de la explosión del puerto de Beirut, que mató a más de 200 personas. Habida cuenta de los meses de parálisis, inacción y falta de voluntad política, es evidente que resulta esencial una misión de investigación internacional, independiente e imparcial, por ejemplo una misión de investigación de la ONU, para hacer llegar la justicia a las familias de las víctimas y a quienes sobrevivieron.”
Información complementaria
Los parlamentarios y exministros Ghazi Zeaiter y Ali Hassan Khalil han bloqueado continuamente la investigación sobre la explosión del puerto de Beirut en 2020 y se han negado a cooperar con ella. Ambos fueron acusados de “negligencia” criminal, pero denunciaron la decisión calificándola de injusta y dijeron que contravenía la Constitución. A día de hoy, y tras varias quejas que condujeron a la destitución del exjuez Fadi Sawwan y a retrasos adicionales en el trabajo del juez actual, Tarek Bitar, ninguno de los dos ha asistido a ninguna sesión de la investigación. El 7 de junio, los dos fueron elegidos para el comité parlamentario de administración y justicia.
Líbano es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), cuyo artículo 6 protege el derecho a la vida. El Comité de Derechos Humanos, que interpreta el PIDCP, ha manifestado: “El deber de proteger por ley el derecho a la vida también requiere […] investigar y enjuiciar los posibles casos de privación ilegal de la vida, castigar a los responsables y ofrecer una reparación integral.” Las investigaciones sobre violaciones del derecho a la vida deben ser “independientes, imparciales, prontas, exhaustivas, eficaces, fiables y transparentes” y deben examinar “la responsabilidad jurídica de los altos funcionarios respecto de las violaciones del derecho a la vida cometidas por sus subordinados”.
Amnistía Internacional y una coalición de más de 50 organizaciones libanesas e internacionales escribieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2021 para pedir una investigación internacional sobre la explosión en el puerto de Beirut.
