Las víctimas no reconocidas de la guerra

Londres.- Las mujeres y las niñas son las personas más afectadas por los conflictos armados de hoy, como objetivos directos y también como “daños colaterales” no reconocidos. En Vidas rotas, el nuevo informe de la campaña "No más violencia contra las mujeres" de Amnistía Internacional, la organización pide la acción mundial para hacer frente tanto la violencia como a la inacción de los gobiernos que no la previenen. “Los patrones de violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto no surgen de forma «natural», sino que son ordenados, aprobados o tolerados por alguien. Persisten porque quienes los cometen saben que pueden quedar impunes”, declara Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional. El informe ofrece un panorama global que revela un patrón sistemático de abusos que se repite en los conflictos de todo el mundo, desde Colombia hasta Irak, pasando por Sudán, Chechenia, Nepal y Afganistán, así como en otros 30 conflictos en curso. A pesar de las promesas, los tratados y los mecanismos legales, los gobiernos no protegen a las mujeres y a las niñas de la violencia. “Las mujeres y las niñas no sólo son asesinadas, sino que son violadas, agredidas sexualmente, mutiladas y humilladas. La costumbre, la cultura y la religión han creado una imagen de las mujeres como portadoras del «honor» de sus comunidades. Menospreciar la sexualidad de las mujeres y destruir su integridad física se ha convertido en un medio para aterrorizar, degradar y «derrotar» a comunidades enteras, así como para castigar, intimidar y humillar a las mujeres”, afirma Irene Khan. Además de todo esto, son las mujeres y los niños quienes se ven obligados a huir de sus hogares. Son las mujeres quienes cuidan a los enfermos y heridos, y son las mujeres quienes tienen que buscar comida y agua; tareas y situaciones que hacen que corran más peligro de sufrir abusos. Las supervivientes de la violación padecen no sólo un trauma psicológico y emocional debido a las consecuencias para su salud y el riesgo de contraer el VIH/Sida, sino también por el temor a que sus familias y comunidades las condenen al ostracismo si son identificadas públicamente como víctimas de violación. “En la comunidad se burlaron tanto de mí que tuve que marcharme de la aldea y vivir en el bosque […] Tengo hambre, no tengo ropa ni jabón. No tengo nada de dinero para pagar al médico. Sería mejor morirme con el bebé que llevo en mi vientre”, dice Sanguina, que fue violada dos veces durante el conflicto de la República Democrática del Congo. La justicia es clave para poner fin a la violencia y cuando la Corte Penal Internacional inicie sus primeros enjuiciamientos, abrirá una nueva vía para que las mujeres tengan acceso a la justicia. La justicia no es sólo una herramienta técnica, sino que tiene efectos concretos. Confirma que la violación y la violencia sexual son crímenes, restaura la dignidad y los sentimientos de valor personal, y proporciona una reparación. La justicia es también un paso vital para prevenir que se perpetren los crímenes de nuevo, transmitiendo a que quienes cometen violencia el mensaje de que no será tolerada. “Es absolutamente fundamental que uno de los primeros enjuiciamientos de la Corte Penal Internacional el año que viene incluya crímenes de violencia contra las mujeres. Hay que enviar un potente mensaje mundial: la violencia contra las mujeres será perseguida con energía. La firmeza de las actuaciones de la Corte Penal Internacional contribuirán a avergonzar a los Estados para que promuevan acciones en sus propios tribunales nacionales”, dice Irene Khan. Sin embargo, la Corte Penal Internacional no puede hacer justicia sin apoyo político. El éxito de un enjuiciamiento de la Corte dependerá también de la colaboración que reciba de los gobiernos en cuestiones prácticas, como la asistencia que reciba durante las investigaciones, la puesta en común de pruebas y la protección de los testigos que puedan estar en peligro. “Hace ya demasiado tiempo que las vidas y los cuerpos de las mujeres son víctimas no reconocidas de la guerra. Existen herramientas para enfrentar la violencia, pero sólo se hará justicia para las mujeres víctimas de la guerra si los líderes mundiales están dispuestos a hacer algo más que hacer declaraciones piadosas condenando la violación y la violencia sexual. Deben adoptar un programa de acción, centrado en la Corte Penal Internacional y complementado por la jurisdicción universal a través de los sistemas nacionales”, añade Irene Khan. El informe pone de relieve cómo la lucha por la seguridad y los derechos humanos de las mujeres corre peligro debido a la creciente militarización y a la introducción de nuevas agendas de seguridad para combatir el terrorismo mundial. Las doctrinas sobre la seguridad que lidera Estados Unidos han ampliado el concepto de “guerra” a áreas que antes se consideraban pertinentes a la aplicación de la ley, lo que fomenta la idea de que los derechos humanos se pueden restringir en nombre de la seguridad. A pesar de los efectos que tienen los conflictos sobre las niñas y las mujeres, éstas siguen estando excluidas de las mesas de negociación de paz. A menudo son los mismos hombres que iniciaron la guerra quienes deciden cómo debe construirse e introducirse la paz. “Las mujeres tienen un papel crucial que desempeñar en la reconstrucción de unas comunidades y unos países seguros. Las mujeres hacen frente a la violencia, a la discriminación y al silencio en todo el mundo. Sin la participación activa de las mujeres en cualquier proceso de paz no puede haber seguridad, ni justicia, ni paz”, declara Irene Khan. Amnistía Internacional presenta un programa de acción en los ámbitos mundial, regional, nacional y local: - Debe permitirse que la Corte Penal Internacional actúe efectivamente y haga justicia para mujeres y niñas. Si el Consejo de Seguridad quiere realmente poner fin a la violencia contra las mujeres en las situaciones de conflicto, puede remitir casos a la Corte Penal Internacional cuando no lo hagan los gobiernos. - Los gobiernos deben prestar su apoyo político para permitir que la Corte Penal Internacional trabaje efectivamente. Esto incluye ratificar el Estatuto de Roma de la Corte, aplicarlo en la legislación nacional para que los perpetradores puedan ser enjuiciados por estos crímenes en el sistema nacional, compartir información con la Corte Penal Internacional y proporcionar protección a víctimas y testigos. - Los gobiernos deben condenar públicamente la violencia contra las mujeres y niñas en cualquier circunstancia, emitiendo claras advertencias o instrucciones a sus fuerzas en el sentido de no se tolerará la violencia contra las mujeres. - La comunidad internacional: todos los gobiernos, la ONU y los organismos internacionales pertinentes deben garantizar que las mujeres desempeñan un papel clave en la elaboración y aplicación de todas las iniciativas por la paz. - Todas las partes y la ONU deben proporcionar asistencia inmediata y efectiva a las sobrevivientes de la violencia contra las mujeres, incluidos programas de salud y rehabilitación de emergencia. Recomendación expresa de AI al Gobierno español - Que el gobierno español adopte un papel de liderazgo en la promoción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujer, Paz y Seguridad, en su relación con otros gobiernos.  “Tenemos que movilizar la indignación mundial para hacer frente a la violencia, apoyar a las mujeres que sufren y presionar a quienes pueden traer el cambio. Es el poder de cada mujer y cada hombre lo que promueve el cambio”, concluye Irene Khan. El informe es parte de la campaña mundial de Amnistía Internacional “No más violencia contra las mujeres” presentada en marzo de 2004.