Amnistía Internacional puede confirmar que el 27 de julio de 2022, las autoridades iraníes usaron una guillotina para amputar los dedos de un hombre declarado culpable de robo. Pouya Torabi, de casi 40 años, fue trasladado con carácter urgente a un hospital inmediatamente después de que le hubieran amputado los dedos en presencia de varios funcionarios y de un médico en la prisión de Evin de Teherán.
Hace menos de dos meses, el 31 de mayo, las autoridades iraníes también le amputaron los dedos sin anestesia a Sayed Barat Hosseini, que está desde entonces en régimen de aislamiento en la prisión de Evin sin recibir la atención mental y física adecuadas por las infecciones y el trauma sufridos tras la amputación.
“Estas amputaciones son muestras particularmente horrorosas del desprecio de las autoridades iraníes por la dignidad y os derechos humanos. La amputación es una tortura sancionada judicialmente y, por tanto, un crimen de derecho internacional, y todas las personas implicadas en ordenar o llevar a cabo estos castigos corporales deben ser sometidas a juicios con las debidas garantías”, afirmó Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Hay actualmente en Irán al menos ocho presos más que corren el riesgo de que se les amputen los dedos. Con la impunidad tan extendida en el país, cada vez habrá más personas sometidas a este castigo indeciblemente cruel a menos que actúe la comunidad internacional. Pedimos a todos los Estados miembros de la ONU que expresen una condena enérgica y hagan todo lo que esté en su mano para presionar a las autoridades iraníes para que procedan inmediatamente a la abolición de los castigos corporales. Instamos además a todos los Estados a que ejerzan la jurisdicción universal para abrir investigaciones penales y enjuiciar a los funcionarios iraníes presuntos responsables penales de estos crímenes de derecho internacional.”
Pouya Torabi y Sayed Barat Hosseini fueron condenados a amputación en sendas causas hace alrededor de tres años tras ser declarados culpables de robo por los tribunales penales de Semnan y Kermanshah, respectivamente. Según una fuente informada a la que entrevistó Amnistía Internacional, ambas penas de amputación se llevaron a cabo en un dispensario dentro de la prisión de Evin en presencia de varias autoridades, entre ellas el fiscal de Teherán, el fiscal asociado (dadyar) de la prisión de Evin, el juez que supervisa la ejecución de las penas en dicha prisión, el director de ésta y el médico jefe del dispensario.
La misma fuente dijo a Amnistía Internacional que, antes de amputarle los dedos a Sayed Barat Hosseini, las autoridades le dijeron que podía pagar para “congelar” los dedos y que le fueran reimplantados quirúrgicamente después. Sayed Barat Hosseini no tenía dinero para ello.
Inmediatamente después de que le cortaran los dedos, Sayed Barat Hosseini perdió el conocimiento debido a la hemorragia y al intenso dolor, y fue trasladado a un hospital fuera de la prisión, a la que fue devuelto tres días después, antes de que se hubiera recuperado de la experiencia, y se le infectaron las heridas. Después de varias semanas en las que se le negó un tratamiento adecuado, a mediados de julio fue llevado de nuevo al hospital, aunque lo devolvieron a la prisión el mismo día. Desde entonces está en régimen de aislamiento en la prisión de Evin sin contacto con el mundo exterior, en un intento de impedir que haya noticias de su castigo y de su actual mala salud.
Sayed Barat Hosseini y Pouya Torabi fueron trasladados a Evin desde sendas prisiones provinciales para la ejecución de sus penas de amputación. En abril, se instaló en Evin una guillotina especial para centralizar la ejecución de las penas de amputación impuestas en todo el país.
En Irán, las víctimas de amputación judicial proceden en su inmensa mayoría de entornos empobrecidos y carecen de asistencia letrada de su elección. A ellas y a sus familias les resulta enormemente difícil alertar a las organizaciones de derechos humanos y a los medios de comunicación de una amputación inminente debido a las amenazas de represalias de las autoridades iraníes, que rodean de silencio y secreto la imposición y ejecución de las penas de amputación.
Amnistía Internacional pide, una vez más, a las autoridades iraníes que procedan inmediatamente a la abolición en la ley y en la práctica de todas las formas de castigo corporal, suspendan todas las amputaciones previstas y concedan a Pouya Torabi, Sayed Barat Hosseini y a todas las demás víctimas de amputación judicial acceso a remedios efectivos y a una reparación por el daño sufrido, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación.
Información complementaria
En junio de 2022, Amnistía Internacional advirtió de que las autoridades iraníes estaban preparándose para amputar los dedos de ocho hombres más, entre ellos Hadi Rostami, Mehdi Sharfian y Mehdi Shahivand.
Según el Centro Abdorrahman Boroumand, desde enero de 2000, las autoridades iraníes han amputado los dedos de al menos 131 hombres.
Los castigos corporales crueles e inhumanos constituyen tortura, que está prohibida por el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que es Estado parte Irán. A pesar de ello, el Código Penal Islámico de Irán prevé diversos castigos corporales que constituyen tortura, como la amputación, la flagelación, la ceguera, la crucifixión y la lapidación.
La ley establece que, para ciertos tipos de robo, a las personas declaradas culpables “se les cortarán totalmente cuatro dedos de la mano derecha dejando sólo la palma de la mano y el pulgar”.
La legislación iraní exige la presencia de un médico durante la ejecución de castigos corporales, lo que es una violación directa de las directrices éticas y las normas internacionales, que prohíben expresamente la participación en actos de tortura a profesionales de la salud.
Las autoridades iraníes defienden sistemáticamente la amputación como la mejor forma de disuadir del robo y lamentan que no pueda llevarse a cabo en público debido a la condena internacional.
