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Las autoridades españolas priorizan el control policial y migratorio por encima de la protección a las víctimas de trata con fines de explotación sexual

Un polígono donde muchas mujeres ejercen la prostitución, algunas de las cuales pueden ser también víctimas de trata / AI

  • Amnistía Internacional denuncia en una nueva investigación cómo a las autoridades españolas no parece importarles la protección de las víctimas: en los últimos tres años, el número de personas identificadas del total de las que se encontraban en riesgo de trata oscila entre el 1,4 y el 1,5%
  • La situación para las víctimas de trata se ha agravado con la pandemia, que ha dejado desprotegidas a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad
  • Faltan mecanismos de detección temprana, sobre todo en costas, y es especialmente preocupante la falta de protección a las niñas

Madrid, 15 de octubre de 2020.- Amnistía Internacional publica hoy un nuevo informe, “Cadenas invisibles”, en el que denuncia cómo la identificación y, por lo tanto, la protección de las víctimas de trata con fines de explotación sexual tiene graves fallos estructurales en España. Prima la persecución del delito, por lo que las víctimas son instrumentalizadas y vistas como pruebas para la investigación, y no como personas necesitadas de protección durante todo el ciclo.

Especialmente preocupante, asegura AI, es la situación en las costas, donde también el enfoque es principalmente de control migratorio y falta un mecanismo multi-agencial de detección temprana, y una coordinación adecuada entre los diferentes mecanismos implicados. Como consecuencia, muchas posibles víctimas "se pierden" por el camino, y muchos traficantes están esperándoles en esos lugares de tránsito.

A pesar de que no existen datos desagregados, unificados y sistematizados que muestren la verdadera magnitud de este problema, lo cierto es que en total, solo mil de las 75.000 personas que, según el gobierno, estaban en situación de riesgo de trata con fines de explotación sexual (no basándose en indicios, sino en operaciones policiales), han sido identificadas finalmente como víctimas en los últimos siete años que se tienen datos, entre 2013 y 2019. Estos datos, además, no incluyen a las mujeres que solicitan protección internacional o migrantes que llegan a las costas.

"La identificación es el primer paso y resulta fundamental para proteger a las víctimas de trata y garantizar su asistencia, acceso a justicia y derecho a la reparación. Si no se detecta a las posibles víctimas, los siguientes pasos son inexistentes", explica Virginia Álvarez, autora de la investigación y responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España.

La identificación de víctimas de trata recae exclusivamente en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, concretamente en las unidades encargadas de la persecución del delito, por lo que no siempre se garantiza un enfoque de género y protección de derechos humanos. Prueba de ello, y de que, para Amnistía Internacional, la detección e identificación de estas víctimas no es una prioridad para las autoridades, es el hecho de que en los últimos tres años, el número de víctimas identificadas del total de personas en riesgo de trata oscila entre el 1,4 y el 1,5%. En 2019, solo 42 mujeres habían sido identificadas formalmente como víctimas de trata, de las 2.834  potenciales o en riesgo, según los datos proporcionados por la Dirección General de la Policía (hasta el 18 de julio). En el caso de 2018 solo 128 de 9.135, seis de ellas menores (según CITCO, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado). Y en 2017, de las 10.111 solo fueron reconocidas como víctimas 155.

A la organización le preocupa además que los estereotipos de género influyan de manera perjudicial para la identificación de las víctimas de trata: muchos funcionarios policiales buscan un determinado “perfil de víctima de trata” y, si no se corresponde, lo descartan demasiado rápidamente. "La policía tiene que entender que muchas veces no hay cadenas físicas, sino que lo que hacen es crear cadenas mentales, nos obligan a consumir drogas y alcohol para que estemos activas, nos obligan a sonreír, a bailar, a decir que estás porque quieres, después de amenazarte o pegarte", asegura María, una víctima y superviviente.

Víctimas, no pruebas del delito
“La policía me empezó a preguntar, no creían lo que les contaba. Una mujer policía me dijo que si no decía la verdad me deportarían, les dije que no quería hablar porque no quería morir, habían amenazado también a mi familia”: así habla Alika (nombre ficticio) sobre su primer contacto con la policía, cuando, después de recibir una paliza en plena calle y acudir a comisaría, no se activó ningún mecanismo de protección. Esta mujer nigeriana de 27 años, que llegó a España en patera cuando solo tenía 18, sufrió mucha violencia en su ruta migratoria, también cuando, una semana después de llegar le dijeron que debía prostituirse para devolver la deuda de 55.000 euros que había contraído.

AI muestra su preocupación por el hecho de que algunas operaciones policiales contra la trata con fines de explotación sexual finalizan con la detención de las mujeres por su situación de irregularidad administrativa, a pesar de la existencia de indicios de trata o explotación. "Las autoridades no deben olvidar que tienen la obligación de proteger a todas las víctimas con independencia, tanto de su estatus migratorio, como de la capacidad de la víctima para colaborar en la persecución del delito de la que es objeto", señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

La adaptación de las obligaciones internacionales para la protección de las víctimas de trata se ha hecho en España a través de la Ley de Extranjería, lo que muestra un enfoque basado principalmente en el control de la inmigración. Incluso a pesar de que existe el período de restablecimiento y reflexión de 90 días en aquellos casos en que se detecten indicios de trata en una persona en situación irregular, durante el cual la víctima podrá decidir si quiere cooperar con las autoridades en la investigación del delito, Amnistía Internacional lamenta que, en vez de ser éste un instrumento para otorgar un espacio de seguridad y recuperación para la víctima, termine convirtiéndose en una herramienta para asegurar que las víctimas testifican.

"Te dan el decreto de expulsión junto con la reflexión, si no denuncias, la orden de expulsión se reactiva", asegura María, superviviente de trata. Ella sabe bien de lo que habla: no solo por su condición de superviviente, sino porque además trabaja en una organización que asiste a víctimas de trata. María, captada en Brasil con el engaño de ofrecerle trabajo de limpieza y de cuidado de niños en España, huyó de sus tratantes gracias a una organización, no porque fuera reconocida por la policía. “Un día, cuando iba andando por la calle, la policía vino hacia mí, me tiré debajo de un coche, tenía miedo porque la policía solo iba buscando inmigrantes irregulares”. Ese miedo a la policía,  y a sus tratantes, se explica en un relato lleno de violencia, yendo de club en club: "me pasaba el día drogada y borracha, era la única manera de soportarlo".

Las costas, vía de entrada a la trata
A pesar de que España, por su localización, es puerta de entrada y también de destino y tránsito para víctimas de trata, Amnistía Internacional denuncia que la detección de posibles víctimas en las costas y otros puntos de llegada no son una prioridad para las autoridades. La organización demanda, tal y como recomiendan otros organismos internacionales de derechos humanos, un organismo multi-agencial, con formación en género y en trata, que permita la detección temprana y mejore la coordinación entre los distintos actores que intervienen para la identificación.

“Muchas víctimas, bien por el hecho de que no se identifican como tal, o bien porque aun no han sido explotadas, podrían ser mejor protegidas si tuvieran acceso a la información y a la asistencia letrada a la que tienen derecho. Pero nos hemos encontrado con que, por ejemplo, de julio a septiembre de de 2018, según el colegio de abogados de Algeciras, el promedio de asistencia fue de 3.000 personas al mes, y las asistencias se realizaron de manera colectiva, sin separar a los hombres de las mujeres. La ratio normal era de 12 personas por letrado o letrada, con un solo intérprete de la administración. Así no se puede garantizar una adecuada asistencia para las personas migrantes y posibles refugiadas que llegan, entre las que puede haber víctimas de trata”, señala Virginia Álvarez.

El confinamiento, un aislamiento aún mayor
El confinamiento, y otras medidas impuestas como consecuencia de la pandemia, han agravado la situación de explotación y aislamiento de algunas personas vulnerables, como las mujeres y niñas migrantes en situación de explotación en el servicio doméstico, explotación sexual u otras formas de explotación. Amnistía Internacional dio la bienvenida al Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la Crisis del Covid-19, con medidas adicionales dirigidas a las víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contexto de prostitución que el Ministerio de Igualdad amplió en mayo de este año, así como a la propuesta que reconoce, por primera vez, que las organizaciones especializadas y otros organismos públicos, más allá de la policía, pueden acreditar situaciones de riesgo de trata.

Sin embargo, la organización lamenta que pocas de estas medidas se hayan materializado, o hayan mejorado de manera notable la vida de las mujeres y las niñas víctimas de trata, con un cumplimiento desigual según las comunidades autónomas. En el caso de la detección e identificación en costas, los problemas ya existentes no han hecho más que empeorar en este año de pandemia, con importantes retrocesos en lo referente a la asistencia letrada. Así, mientras que en algunos lugares como Almería, la asistencia letrada ha sido prácticamente inexistente, en otros casos se ha realizado de manera solo telemática. En Canarias, el aumento de llegadas de personas migrantes, sin adopción de medidas adecuadas para paliar la situación de unos recursos de acogida saturados, han complicado una adecuada detección e identificación de víctimas de trata: sólo asistían, a todas las personas migrantes, un total de 3 letrados con independencia del número de personas que requiriesen dicho asesoramiento.

Las menores, perdidas en otro limbo
Amnistía Internacional ha podido recoger testimonios preocupantes que denotan una falta de diligencia por parte de las autoridades para detectar posibles niñas y niños víctimas de trata, especialmente cuando alegan ser mayores de edad.

"Entre policía y fiscalía se pasan la pelota de qué hacer en caso de que las menores se hagan pasar por mayores de edad, pero su consideración como adultas, así como la falta de informes completos, dificulta mucho la intervención y el seguimiento de sus necesidades. Y los mismo sucede con niños y las niñas que viajan solos: faltan recursos e implicación de los servicios de atención a menores, y, además, la atención es desigual en función de cada comunidad", señala Esteban Beltrán.

Desde enero hasta junio de 2019, llegaron a España 11.345 niños y 956 niñas migrantes no acompañados, y solo 10 de ellas fueron identificadas como víctimas de trata. En cuanto a los niños, en un periodo de 4 años, entre 2014 y 2017, solo 3 niños fueron identificados como víctimas de trata, y todos ellos en el año 2014. En lugares que son puerta de entrada en España, como son Andalucía, o Melilla, solo se han identificado 41 víctimas y ninguna, respectivamente, en el año 2018.

Mary (nombre ficticio), de Costa de Marfil llegó a Melilla en septiembre de 2019, sin ninguna documentación. Alegó ser mayor de edad, pero trabajadoras de organizaciones no gubernamentales que entraron en contacto con ella sospecharon que su físico indicaba que no podría tener más de 14 o 15 años, alertando también de la existencia de indicios de trata a las autoridades, aunque estas y otras alertas no se incluyeron en su expediente psico-social. Fue enviada a la península con nueve mujeres más, incluida una que decía ser su tía. No fue hasta que una organización especializada, tras ser alertada y también ver ella misma los indicios de trata (ansiedad, tía controladora, menoría de edad) y de recibir amenazas, que se activó el protocolo de trata, cuando finalmente se descubre que tiene 15 o 16 años. Hasta el momento, la policía insiste en conseguir su colaboración para que dé información.

Berta (nombre ficticio), superviviente de trata, también entró en España como menor, aunque con el pasaporte de su hermana, mayor de edad. Le habían dicho que ganaría, como limpiadora en España, más dinero del que conseguía en su país para cuidar a su bebé, de un año. Pronto descubrió que la realidad era otra: amenazada, trasladada de club en club y sin ver nada del dinero que generaba puesto que estaba controlado por sus tratantes, llegó incluso a hacer un viaje como menor, a Brasil para visitar a su hija, sin que las autoridades la pararan: “Yo miraba al policía implorándole con los ojos para que se diera cuenta de que yo era una menor”, relata. Con la ayuda de una organización ha conseguido salir, pero nunca fue reconocida como víctima de trata ni tuvo protección como tal, a pesar de su colaboración con la justicia.

Ante esta situación, Amnistía Internacional Amnistía Internacional pide que se dé prioridad, especialmente en costas, a la atención de víctimas de trata por encima del control policial y migratorio y exige, entre otras medidas, que se refuerce sustancialmente la detección e identificación, para que puedan acceder a protección y no sean vistas, simplemente, como pruebas de un delito. Para ello son necesarios las siguientes medidas:

  • Establecer un mecanismo de detección temprana con un enfoque multi-agencial, especialmente en los casos de mujeres migrantes que puedan presentar indicios de trata o necesitar protección internacional, con el objeto de darles información, seguimiento y apoyo.  
  • Que el Parlamento apruebe una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos con perspectiva de derechos humanos, de género e infancia, donde la capacidad de identificación de posibles víctimas de trata no recaiga en quienes tienen la competencia de investigación del delito, o en el control migratorio, sino que dependa de organismos que prioricen un criterio de protección, con un verdadero mecanismo nacional de identificación y derivación.
  • Mejorar la coordinación y fortalecer la colaboración entre las ONGs expertas que están en contacto con las mujeres, conocen posibles casos y/o situaciones de especial vulnerabilidad, o signos de trata o explotación y las unidades especializadas de Policía Nacional y Guardia Civil; y que se refuerce la recogida de datos desagregados que faciliten el seguimiento y la respuesta adecuada. Reforzar los cauces de información entre los diversos servicios públicos especializados y a las ONG sobre posibles casos recibidos de desde servicios de migración y asilo.

Más información
Amnistía Internacional lanza la campaña #CadenasInvisibles para que las mujeres víctimas de trata para fines de explotación sexual sean protegidas. Para ello, artistas de cine y teatro como Nathalie Poza, Lucía Juárez, Carolina Yuste, o Andrés Lima, entre otros, se han sumado a la campaña produciendo vídeos para visibilizar la terrible realidad que sufren las víctimas de trata y compartiendo desde sus redes sociales mensajes de apoyo para la campaña y animando a firmar la petición online.

¡Las víctimas de trata en España como Berta necesitan protección!

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