La violencia en el periodo posterior a las elecciones de 2007 en Kenia, que se cobró la vida de 1.300 personas, demuestra la importancia de que la policía keniana reciba la preparación adecuada antes de los comicios de marzo; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe titulado Kenya: A Drop in the Ocean.
Como se explica con detalle en este informe, el retraso en la aplicación de la nueva legislación sobre actuación policial implica que muchas de las mismas estructuras policiales que actuaron durante la violencia postelectoral de 2007 y 2008 serán las responsables de la seguridad durante las elecciones del 4 de marzo.
“A cinco semanas de las elecciones, las autoridades kenianas deben demostrar su voluntad política y adoptar medidas urgentes para impedir que se cometan abusos contra los derechos humanos durante el periodo electoral”, ha afirmado Sarah Jackson, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para África.
Una autoridad del gobierno dijo a Amnistía Internacional que las nuevas leyes y equipos introducidos desde 2008 sólo eran “una gota en el océano”.
En el informe se documentan las violaciones de derechos humanos que ha seguido cometiendo la policía a pesar de la reforma en curso, que incluyen detenciones arbitrarias y malos tratos.
La policía tampoco ha protegido a la población de abusos contra los derechos humanos en el delta del Tana, donde se ha dado muerte a 200 personas y 112.000 han tenido que desplazarse desde agosto de 2012.
Y apenas se ha avanzado en el propósito de obligar a la policía a rendir cuentas, colectiva o individualmente, por estas violaciones de derechos humanos.
En el informe, Amnistía Internacional insta a las autoridades a adoptar medidas de inmediato para mejorar la capacidad de los funcionarios de seguridad a la hora de impedir los abusos y para garantizar que ellos mismos se abstienen de cometer violaciones de derechos humanos durante las elecciones.
Amnistía Internacional pide a la Comisión Nacional del Servicio de Policía que publique un código de conducta para la policía durante el periodo electoral y garantice que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciben, antes de la apertura de los centros electorales, formación que incluya limitaciones del uso de la fuerza y tácticas no violentas como la negociación y la mediación.
“Las autoridades deben garantizar la existencia de una estrategia clara sobre el control policial de las elecciones –ha afirmado Jackson–, que incluya compromisos públicos sobre la manera en que la policía se propone impedir la comisión de abusos y preservar la seguridad de la población.”
Tras las elecciones, el nuevo gobierno deberá actuar con diligencia para demostrar su compromiso con la reforma de la policía, y abordar las deficiencias que hacen posible la impunidad por los abusos policiales.
Entre otras cosas, deberá garantizar que todos los cuerpos policiales, incluidos los responsables de redactar los reglamentos, disponen de los fondos necesarios para desempeñar su importante labor.
“Tomando medidas de inmediato con vistas a las elecciones de marzo de 2013 y dando prioridad a la aplicación de la reforma una vez concluidos los comicios, el gobierno de Kenia podrá terminar definitivamente con la impunidad que lleva disfrutando la policía demasiado tiempo –ha dicho Jackson–. No debe desaprovechar esta oportunidad.”
