La Ley de Justicia y Paz garantizará la impunidad para los autores de abusos contra los derechos humanos

Londres.- Si se aprueba el Proyecto de Ley de Justicia y Paz, es posible que las víctimas de abusos contra los derechos humanos y sus familiares no lleguen nunca a conocer la verdad sobre los delitos cometidos contra ellos ni a ver a los responsables de esos delitos ante la justicia. Así lo ha declarado hoy Amnistía Internacional, mientras el Congreso colombiano debate este proyecto de ley, cuyo objetivo es proporcionar un marco legal para la desmovilización de los grupos armados ilegales. La organización de derechos humanos ha manifestado: "El proyecto de ley no cumple las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; además, agravará el problema endémico de la impunidad en Colombia, y entraña el peligro de que los paramilitares desmovilizados se reintegren en el conflicto armado". En virtud del proyecto de ley propuesto, los combatientes que se desmovilicen recibirán beneficios como penas de prisión reducidas de cinco a ocho años, incluso aunque estén implicados en abusos graves contra los derechos humanos, tales como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Un combatiente desmovilizado puede proporcionar información sobre delitos que ha cometido o presenciado, pero, en virtud de la nueva legislación propuesta, no hay ningún incentivo para que lo haga, ya que no perderá ninguno de sus beneficios si más tarde se descubre que ha mentido en las declaraciones realizadas ante las autoridades durante su desmovilización. Los grupos paramilitares mantienen un control político, económico y social en muchas partes del país. Si el gobierno colombiano realmente quiere desmantelarlos, debe asegurarse de que los paramilitares colaboran plenamente con las autoridades judiciales; esta colaboración debe incluir proporcionar información sobre los delitos que ellos y otros combatientes han cometido, sobre los bienes que han adquirido a consecuencia de sus actividades, sobre la naturaleza del grupo al que pertenecen y sobre el respaldo que, durante décadas, las fuerzas de seguridad y otros agentes tanto estatales como particulares les han prestado en las violaciones de derechos humanos que han cometido. "El derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación sólo puede garantizarse si los responsables son sometidos a procedimientos judiciales completos e imparciales, que incluyan el contrainterrogatorio de los acusados ante un tribunal de justicia y la plena participación de las víctimas y sus familiares en el proceso legal para garantizar que se conoce toda la verdad." El proyecto de ley tampoco incluye medidas para garantizar que los combatientes se desmovilicen realmente. Existen sólidos indicios de que las estructuras paramilitares siguen permaneciendo intactas después de la desmovilización, y de que los combatientes desmovilizados están siendo "reciclados" en el conflicto, principalmente como informantes pagados del ejército. El proyecto tampoco garantiza el derecho de las víctimas a la reparación, un derecho que, según las normas internacionales, debe incluir garantías de no repetición. No garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos comparezcan ante la justicia y que los combatientes no se reintegren en el conflicto, podría facilitar la repetición de esos abusos. Todas las partes del conflicto armado interno que, durante 40 años, ha azotado Colombia –es decir, las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros– han cometido graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los paramilitares, que a menudo actúan en colaboración con las fuerzas de seguridad, son responsables de la mayoría de las matanzas, las "desapariciones" y los casos de tortura y desplazamiento forzado. El gobierno puso como condición para entablar conversaciones sobre desmovilización que los paramilitares accedieran a poner fin a los ataques contra civiles. Sin embargo, desde que los paramilitares declararon un "cese de hostilidades" en diciembre de 2002, se les han atribuido más de 2.200 homicidios y "desapariciones" de civiles. También siguen cometiéndose graves violaciones de derechos humanos, perpetradas por paramilitares que actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad y por grupos paramilitares que actúan en zonas donde estas estructuras supuestamente se han desmovilizado. "Al no garantizar que los acusados de violaciones de derechos humanos son sometidos a investigaciones exhaustivas e imparciales mediante procedimientos conformes a las normas internacionales sobre verdad, justicia y reparación, el proyecto de ley, en la práctica, promoverá contratos de impunidad que beneficiarán no sólo a los paramilitares sino también a los miembros de las fuerzas de seguridad que los respaldan y a otras personas responsables de promover sus actividades, así como a los miembros de las guerrillas implicados en abusos contra los derechos humanos", ha declarado Amnistía Internacional. Información complementaria El gobierno inició las conversaciones sobre desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar respaldada por el ejército que aúna a diversos grupos paramilitares, poco después de que las AUC anunciaran un cese de hostilidades en diciembre de 2002. En virtud del acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado en julio de 2003, las AUC acordaron desmovilizar sus hasta 20.000 combatientes para finales de 2005. Hasta el momento, según los informes, se han desmovilizado más de 5.000 paramilitares. El 13 de abril, Louise Arbour, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, declaró: "es posible prever beneficios judiciales para los miembros de los grupos armados al margen de la ley que colectivamente dejen las armas y firmen acuerdos de paz con el Gobierno. Sin embargo, es necesario que dichos beneficios dependan del esfuerzo para contribuir de manera efectiva a la justicia, al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de los daños ocasionados a las víctimas, por parte de quienes aspiran a obtenerlos. No deben quedar por fuera las medidas necesarias para el desmonte de las estructuras ilegales que permitieron a esos grupos tener incidencia a nivel social, económico y político en el país. Aliento al Estado a beneficiarse de la asesoría que mi Oficina en Colombia ha venido prestando, y que continúa en disposición de seguir proveyendo en este importantísimo tema. Por el momento, debo expresar mi gran preocupación por el texto del proyecto de ley que actualmente debate el Congreso de Colombia."