No puede haber justicia para la población de Ucrania si no se rinden cuentas plenamente de todos los crímenes cometidos por Rusia desde su intervención militar en 2014. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, en el segundo aniversario de la invasión en gran escala lanzada por Rusia.
Desde la ocupación en 2014 de la Crimea ucraniana, Amnistía Internacional ha documentado numerosas atrocidades, incluidos el ataque deliberado contra población civil e infraestructuras civiles fundamentales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, privación ilegítima de la libertad, traslado forzoso de civiles y abusos contra prisioneros de guerra.
“Mientras la guerra sigue librándose encarnizadamente, es preciso preservar lo más posible las pruebas de cada atrocidad. Los responsables de crímenes de derecho internacional deben responder ante la justicia, sin importar el tiempo que se tarde. Estos crímenes no prescriben”, ha manifestado Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.
Diez años de conflicto armado
En febrero de 2014, Rusia envió sus tropas para que ocuparan la Crimea ucraniana, pero nunca admitió que sus fuerzas armadas también habían entrado en el este de Ucrania ese mismo año. Las pruebas publicadas por Amnistía Internacional desde 2014, incluido el examen de imágenes de satélite y declaraciones de testigos presenciales, confirmaron esa entrada de las fuerzas armadas, lo que significa que este conflicto armado internacional dura ya diez años.
La población ha sufrido los efectos de la guerra y las violaciones de derechos humanos en toda Ucrania, pero sobre todo en las regiones de Donetsk y Luhansk, a ambos lados de la primera línea. Entre 2014 y 2021, más de 10.000 civiles murieron o sufrieron heridas en Ucrania, y en el primer año de combates se informó de numerosas violaciones de las leyes de la guerra.
Cientos de miles de personas se desplazaron desde el este de Ucrania después de que grupos armados respaldados por Rusia proclamaran las “repúblicas populares” de Donetsk y Luhansk. Pero muchas otras se quedaron.
“En Donetsk tenía un lugar donde vivir, un empleo con el que alimentarme y mis padres nos ayudaban a mí y al bebé. Teniendo mi casa resultaba muy difícil ver lo que estaba pasando [...] Pero en 2022, cuando la presión por obtener un pasaporte ruso y las interferencias en la escuela se hicieron demasiado fuertes, decidí que era el momento de marcharme”, contaba Olha*, de Donetsk.
Desde el momento en el que los grupos armados respaldados por Rusia se hicieron con el control, las regiones de Donetsk y Luhansk se vieron asoladas por el secuestro, la tortura y, en muchos casos, el homicidio de civiles. Los residentes de Slovyansk contaron a Amnistía Internacional que, en 2014, un grupo armado secuestró a un clérigo local, a dos de sus hijos y a dos feligreses, y pidió por ellos un rescate de 50.000 dólares estadounidenses. Para cuando la comunidad local consiguió reunir el dinero, los cinco cautivos habían muerto a manos de sus secuestradores.
“Es fundamental que la población de Ucrania conozca la verdad y reciba justicia y reparación por el devastador impacto que esta guerra ha tenido durante los últimos diez años y continúa teniendo en la gente, la tierra, la infraestructura y la economía de Ucrania”
Esas atrocidades vinieron acompañadas por el silenciamiento brutal de la disidencia, dirigido contra personal de los medios de comunicación,profesores y activistas que defendían los derechos humanos y otras cuestiones.
Una catástrofe de derechos humanos trágicamente familiar
Con la invasión en gran escala de Rusia hace dos años —un acto de agresión que constituye un crimen de derecho internacional—, la trágicamente familiar catástrofe de derechos humanos se extendió por todo el país.
“Quienes sobrevivieron a 2014 nos dijeron: ‘esto es la guerra, tenéis que evacuar’. Ahora sé que tenían razón. Y sólo ahora sé cómo se sentían: dejar tu hogar, empezar tu vida de cero en otro sitio. Y tuvieron que hacerlo dos veces”, contó Nataliia*, de Chernígov, en el norte de Ucrania.
Los crímenes de guerra cometidos por Rusia en la región de Kiev durante los primeros días de la invasión en gran escala demostraban claramente un patrón de tortura y homicidios ilegítimos de civiles, la mayoría de los cuales parecen ejecuciones extrajudiciales.
“Vi a Oleh yaciendo en el suelo en un charco de sangre. […] Le faltaba parte de la cabeza, y sangraba profusamente por la cabeza y el oído. Chillé y los soldados me apuntaron con sus rifles; yo les grité: ‘disparadme a mí también’. Los soldados nos obligaron a marcharnos de inmediato. No nos permitieron regresar hasta que se retiraron de Bucha. El cadáver de Oleh se quedó allí, tendido en la calle”, contó Iryna, recordando el homicidio de su esposo a manos de fuerzas rusas en marzo de 2022.
“Debemos garantizar que todos los responsables de crímenes de derecho internacional comparezcan ante la justicia en juicios justos. Es fundamental que la población de Ucrania conozca la verdad y reciba justicia y reparación por el devastador impacto que esta guerra ha tenido durante los últimos diez años y continúa teniendo en la gente, la tierra, la infraestructura y la economía de Ucrania”, ha manifestado Denis Krivosheev.
*Los nombres se han modificado para proteger la identidad de las fuentes.
