La aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de una intervención armada en Mali puede empeorar la crisis humanitaria y de derechos humanos en el norte del país, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
El Consejo de Seguridad aprobó el jueves por unanimidad la intervención de una fuerza con liderazgo africano que tome “todas las medidas necesarias” a su disposición para recuperar el norte del país, que se encuentra bajo el control de “grupos armados, terroristas y extremistas”.
“Es probable que una intervención armada internacional agrave las violaciones de derechos humanos que ya estamos presenciando en este conflicto”, ha dicho Salvatore Saguès, investigador de Amnistía Internacional sobre África Occidental.
En el norte, la población civil ya está sufriendo bajo el dominio de los grupos armados islamistas que controlan la región desde abril de 2012.
Amnistía Internacional teme que durante la intervención sean aún más numerosas las agresiones indiscriminadas, las detenciones arbitrarias, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso de niños y niñas soldado por ambos bandos.
Para evitar una nueva escalada de abusos, Amnistía Internacional pide a la ONU que garantice que cualquier fuerza militar está obligada a cumplir unas salvaguardias efectivas para la protección de la población civil. Se deben enviar observadores de derechos humanos que examinen el conflicto muy de cerca, con especial atención a las milicias apoyadas por el gobierno.
“Las Naciones Unidas deben garantizar que cualquier fuerza de intervención cumple plenamente el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y da prioridad a la protección de los civiles atrapados en el conflicto”, ha dicho Salvatore Saguès.
“Las fuerzas armadas africanas que podrían tomar parte en esta intervención no deben haberse visto implicadas en abusos contra los derechos humanos contra su propia población”.
Desde abril de 2012, grupos islamistas han impuesto en el norte de Malí un régimen de terror, introduciendo castigos tales como la amputación, la flagelación y la lapidación para quienes se oponen a su interpretación del islam.
Al inicio del conflicto, las fuerzas de seguridad malienses respondieron al levantamiento bombardeando a la población civil tuareg y deteniendo, torturando y matando a tuaregs, al parecer sólo por su etnia. Con la intervención militar se corre el peligro de desencadenar un conflicto étnico aún mayor en un país ya dividido por los ataques contra los tuaregs y otras personas de piel más clara.
El ejército maliense está dominado actualmente por la junta militar que derrocó al presidente elegido democráticamente, Amadou Toumani Touré, en marzo de 2012, y sigue teniendo una gran influencia en la vida política.
Los soldados malienses han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura. Por ejemplo, en septiembre de 2012, el ejército maliense detuvo y después ejecutó en Diabaly, a 400 km al nordeste de Bamako, a un grupo de 16 predicadores musulmanes malienses y mauritanos.
“Los soldados malienses han gozado de total impunidad. Tememos que su participación en una intervención armada en el norte conduzca a más violaciones con un telón de fondo de represalias y venganza”, ha señalado Salvatore Saguès.
Amnistía Internacional también insta a la ONU a que esté lista para un agravamiento de la crisis de refugiados. El número de desplazados por el conflicto llega ya a las 400.000 personas, lo cual genera una afluencia de refugiados a países vecinos mal preparados para protegerlos, algunos de los cuales también sufren crisis humanitarias debido a la escasez de alimentos que afecta a la región.
