La orden del ejército israelí que insta a la población del norte de Gaza y la ciudad de Gaza a “evacuar” el territorio y desplazarse hacia el sur de la Franja no puede considerarse una advertencia válida y podría equivaler a un desplazamiento forzoso de la población civil, lo que constituye una violación del derecho internacional humanitario, ha declarado Amnistía Internacional.
En el anuncio inicial se daba a la población 24 horas para abandonar el norte de Gaza “por su seguridad y protección”, una exigencia imposible que incluso el portavoz del ejército israelí ha admitido que no puede llevarse a cabo en un solo día. Más allá del plazo, Israel no puede tratar el norte de Gaza como una zona de fuego abierto simplemente por haber emitido esta orden. Sus fuerzas tienen la obligación de tomar todas las precauciones posibles para minimizar los daños a la población civil en cualquier parte de Gaza.
“Con esta orden, las fuerzas israelíes materializan el desplazamiento forzoso masivo de más de 1,1 millones de personas de la ciudad de Gaza y toda la parte norte de la Franja de Gaza. Han sembrado el pánico entre la población y han dejado a miles de personas palestinas desplazadas internamente, durmiendo en las calles, sin saber adónde huir ni dónde cobijarse en medio de la implacable campaña de bombardeos israelí y de las despiadadas medidas de castigo colectivo. La orden debe anularse de inmediato”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Desde el 7 de octubre, más de 1.500 personas han muerto y más de 6.600 han resultado heridas por ataques israelíes en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza. Cabe esperar que el número real de víctimas mortales sea mucho mayor, ya que las familias tienen dificultades para recuperar los cadáveres de sus seres queridos bajo los escombros. Los ataques se produjeron en represalia por un escalofriante ataque en el que Hamás y otros grupos armados lanzaron cohetes de forma indiscriminada, secuestraron civiles, tomaron rehenes y llevaron a cabo ejecuciones sumarias masivas de civiles en el sur de Israel. Según el Ministerio de Salud israelí, murieron al menos 1.200 personas y otras 3.436 resultaron heridas.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, desde que comenzaron los ataques, de los 2,2 millones de residentes en Gaza, más de 532.000 personas palestinas han sido ya desplazadas internamente, algunas de ellas en dos ocasiones.
“Los aliados de Israel y los Estados donantes deben pedir con carácter urgente que se respete el derecho internacional humanitario y se proteja a la población civil. Los civiles de Gaza no deben utilizarse como peones políticos y no pueden devaluarse sus vidas. La comunidad internacional debe igualmente abstenerse de seguir legitimando el bloqueo ilegal que Israel mantiene desde hace 16 años y poner fin de inmediato a la transferencia de armas que puedan utilizarse para cometer ataques ilegítimos”, ha declarado Agnès Callamard.
Los ataques aéreos israelíes han causado grandes daños en las carreteras del norte de Gaza, no hay transporte público disponible y el combustible escasea debido al endurecimiento del bloqueo existente.
Un residente describió las escenas de caos y pánico observadas mientras la población intentaba huir por las calles destruidas del norte de Gaza: “Un trayecto de una hora en coche parecía durar 30 años. Tuvimos que cambiar de ruta muchas veces... Todo el mundo teme por su vida, es un terror inimaginable. Hay niños y niñas que lloran, presas del pánico”.
Un trabajador humanitario en Gaza ha comunicado a Amnistía Internacional: “Que me expliquen [las fuerzas armadas israelíes] cómo podemos evacuar hospitales con pacientes en cuidados intensivos y a todas las personas heridas en los últimos ataques. Es un disparate, imposible”.
Debido a la destrucción de las carreteras y a la falta de combustible, los equipos de salvamento no pueden acceder a las zonas del norte de Gaza para desenterrar los cientos de cadáveres que permanecen atrapados bajo los escombros como resultado de los recientes ataques aéreos.
“Estamos intentando recuperar los cadáveres, lo que queda de ellos, de los niños y niñas, con nuestras propias manos. Las excavadoras no pueden llegar a la zona para retirar los escombros. Llevo tres días aquí desde el bombardeo, han muerto 19 miembros de mi familia y sólo he podido recuperar el cadáver de mi nuera y un hombro de mi hijo”, ha declarado a Amnistía Internacional Fawzi Naffar, superviviente de un ataque aéreo israelí contra el barrio de Sheij Radwan, en la ciudad de Gaza, que causó la muerte de al menos 40 civiles.
La organización ya ha documentado que varias familias huyeron de su hogar hacia zonas que pensaban que serían más seguras, pero que acabaron siendo bombardeadas. La organización habló con un hombre que había huido a pie de Beit Hanoun junto con su familia el 8 de octubre al amanecer para buscar refugio en una escuela gestionada por la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA) en Jabalia. Poco después, su hijo de 19 años perdió la vida en un ataque en el mercado de Jabalia cuando se disponía a comprar pan para la familia.
Entre las personas desplazadas, hay algunas con discapacidades y enfermedades crónicas. La organización habló con mujeres y niñas con discapacidad que habían huido de su hogar a pie y caminado durante horas con miedo constante a los bombardeos para refugiarse en las escuelas gestionadas por la UNRWA del norte de Gaza. No pueden hacer el largo recorrido a pie hasta el sur de Gaza, donde muchos de los refugios ya han alcanzado su máxima capacidad. Proteger a estos civiles debe ser algo prioritario.
El temor a una “segunda Nakba”
La mayoría de la población de Gaza desciende de personas refugiadas que se vieron desplazadas u obligadas a huir de su hogar durante el conflicto de 1947-49, que desplazó a la fuerza a más de 750.000 personas palestinas de sus ciudades y pueblos. La población palestina se refiere a este conflicto como “la Nakba”.
Si bien muchas personas palestinas intentan huir del norte de Gaza, otras han indicado a Amnistía Internacional que prefieren quedarse por temor a que pueda producirse una “segunda Nakba”, pues el trauma generacional del desplazamiento sigue presente en la memoria colectiva de gran número de gazatíes.
“En 1948, durante la Nakba, expulsaron a nuestros padres de su hogar. Nos quedamos sin casa, la destruyeron en la ofensiva de agosto de 2022; la reconstruimos y la derribaron de nuevo... En toda la vida no hemos conocido otra cosa que un desplazamiento tras otro”, ha expresado a Amnistía Munir Radwan, profesor universitario.
Otra persona residente en Gaza afirma: “Nos fuimos a dormir en 2023 y nos despertamos en 1948”.
“La comunidad internacional no puede guardar silencio mientras las fuerzas israelíes expulsan ilegítimamente de su hogar a más de un millón de personas palestinas. “Debe detenerse de inmediato el desplazamiento forzoso que impone Israel a la población civil de Gaza”, ha declarado Agnès Callamard.
Amnistía Internacional pide a Israel y a todos los grupos armados palestinos que respeten las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario para proteger a la población civil. Los grupos armados palestinos deben liberar de inmediato a todos los rehenes civiles y abstenerse de lanzar cohetes indiscriminados contra Israel. Por su parte, Israel debe acatar los principios del derecho internacional —en especial, los principios de proporcionalidad y distinción— y no imponer castigos colectivos, represalias ni desplazamientos.
Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos imparcial y tiene entre sus propósitos garantizar que todas las partes en un conflicto armado respeten el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Amnistía Internacional continuará investigando si los grupos armados palestinos y las fuerzas israelíes cumplen las normas del derecho internacional humanitario, como tomar todas las precauciones necesarias para minimizar el daño a los civiles y los bienes de carácter civil, y abstenerse de cometer ataques ilegítimos y de aplicar castigos colectivos a la población civil.
