La comunidad internacional debe buscar vías de justicia en el plano internacional a fin de abordar la impunidad sistémica de los funcionarios iraníes responsables de cientos de homicidios ilegítimos de manifestantes y de torturas generalizadas, ha declarado Amnistía Internacional hoy, cuando se cumple un año del levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad”.
A lo largo del año pasado, las autoridades iraníes han cometido un sinfín de crímenes de derecho internacional para erradicar cualquier desafío a su férreo control del poder. Se trata de cientos de homicidios ilegítimos, la ejecución arbitraria de siete manifestantes, decenas de miles de detenciones arbitrarias, tortura generalizada —incluida la violación bajo custodia—, el hostigamiento generalizado de familiares de víctimas que exigen verdad y justicia, y represalias contra mujeres y niñas que cuestionan la legislación discriminatoria que impone el uso obligatorio del velo.
“Las autoridades iraníes llevan un año infligiendo una crueldad indescriptible a la población de Irán que, con valentía, se atreve a cuestionar décadas de represión y desigualdad”, ha manifestado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Cuando se cumple un año de la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, no se ha investigado penalmente —y aún menos enjuiciado y castigado— ni a un sólo funcionario por los delitos cometidos durante el levantamiento y después de éste”
“El aniversario de las protestas ‘Mujeres, Vida, Libertad’ recuerda con crudeza a los países de todo el mundo la necesidad de aplicar el principio de jurisdicción universal e iniciar investigaciones penales de los crímenes horrendos cometidos por las autoridades iraníes. Siguen siendo fundamentales las declaraciones de los gobiernos que instan a las autoridades iraníes a abandonar el uso ilegítimo de armas de fuego contra manifestantes, dejar de infligir torturas bajo custodia y poner en libertad a todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Estas acciones muestran a las víctimas que no están solas en estos momentos aciagos.”
En el último año, las autoridades iraníes han emprendido un ataque despiadado contra los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Pese a que la detención arbitraria y muerte bajo custodia de Mahsa/Zhina Amini desencadenó protestas contra la legislación iraní que impone el uso obligatorio del velo que se prolongaron durante meses, las autoridades han restablecido la vigilancia de la “moralidad” y adoptado una batería de otras medidas que vulneran los derechos de las mujeres y las niñas que desafían la obligatoriedad del velo.
Entre ellas están la confiscación de automóviles y la negación del acceso al empleo, la educación, la atención a la salud, los servicios bancarios y el transporte público. Simultáneamente, han procesado y condenado a mujeres a penas de prisión, multas y castigos degradantes, como lavar cadáveres.
Este ataque a los derechos de las mujeres se produce en medio de una oleada de declaraciones oficiales cargadas de odio en las que la elección de no llevar velo es tildada de “virus”, “enfermedad social” o “trastorno”, y equiparada a un “acto de depravación sexual”.
Asimismo, las autoridades están elaborando una nueva legislación que impondrá penas aún más severas por desafiar la obligación de llevar velo..
Mentiras flagrantes sobre centenares de homicidios ilegítimos
Entre septiembre y diciembre de 2022, las fuerzas de seguridad ejercieron una represión militarizada brutal que se saldó con el homicidio ilegítimo de centenares de manifestantes y transeúntes, entre ellos decenas de niños y niñas. Más de la mitad de esas víctimas de homicidio ilegítimo pertenecían a las minorías étnicas oprimidas baluchi y kurda.
Las autoridades no sólo no han hecho rendir cuentas a los presuntos responsables penales, sino que se han dedicado durante todo el año a mentir descaradamente tanto a la opinión pública como a la comunidad internacional, culpando de las muertes a “alborotadores” y “desconocidos” o achacándolas a suicidios o accidentes. En paralelo, han agravado el sufrimiento de las familias de las víctimas, a las que someten a hostigamiento e intimidación incesantes.
Detenciones arbitrarias y citaciones masivas
Durante el levantamiento y los meses siguientes, las autoridades detuvieron arbitrariamente a decenas de miles de hombres, mujeres y niños y niñas entre los que había manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de los derechos de minorías. Entre ellas había al menos 90 periodistas y otros trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación, y 60 profesionales de la abogacía, incluidos representantes de familias de víctimas de homicidio ilegítimo. Se citó para interrogatorio a decenas de otros abogados.
Antes del aniversario, las autoridades han intensificado su campaña de detenciones arbitrarias, incluidas las de familiares de personas sometidas a homicidio ilegítimo, y han obligado a miles de estudiantes universitarios a comprometerse por escrito a no participar en las protestas del aniversario.
Un tsunami de tortura
Durante el levantamiento, las fuerzas de seguridad dispararon ilegalmente munición real y perdigones metálicos para dispersar y aterrorizar a los manifestantes, lo que causó a miles de personas lesiones que constituyen tortura u otros malos, como ceguera, pérdida de miembros y problemas de movilidad. Las autoridades también han supervisado la comisión generalizada de tortura y otros malos tratos a miles de manifestantes bajo custodia, incluidos niños y niñas.
Muchas personas sobrevivientes siguen padeciendo traumas físicos y psicológicos a largo plazo derivados de la tortura.
Ejecución de manifestantes
Durante el último año, las autoridades han incrementado su uso de la pena de muerte como herramienta de represión política para infundir miedo a la ciudadanía, ejecutando arbitrariamente a siete hombres en relación con el levantamiento tras simulacros de juicios manifiestamente injustos.
Algunos fueron ejecutados por presuntos delitos como daños a bienes públicos, y otros, en relación con la muerte de efectivos de las fuerzas de seguridad durante las protestas.
Todos ellos fueron ejecutados después de que el Tribunal Supremo de Irán ratificara sus injustas sentencias condenatorias y penas pese a carecer de pruebas y sin investigar sus denuncias de tortura.
Decenas de personas corren peligro de ser ejecutadas o condenadas a muerte en relación con las protestas.
Crisis de impunidad
Las autoridades se han negado a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad” y el periodo posterior, y no han tomado ninguna medida para hacer rendir cuentas a los presuntos responsables penales.
Por el contrario, las autoridades han aplaudido a las fuerzas de seguridad por reprimir el estallido y han protegido a los funcionarios frente a la rendición de cuentas, incluidos dos agentes que admitieron haber violado a mujeres manifestantes en Teherán. También han desestimado denuncias de víctimas o de sus familias, a quienes han amenazado con la muerte u otros daños si seguían adelante con sus denuncias.
Amnistía Internacional acogió con satisfacción el establecimiento de una misión de investigación sobre Irán por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre de 2022, aunque considera que se requieren muchas otras medidas para combatir la crisis de impunidad por los graves crímenes cometidos en Irán y para impedir que se produzcan nuevas oleadas de derramamiento de sangre.
Amnistía Internacional insta a todos los Estados a que consideren ejercer la jurisdicción universal y otras jurisdicciones extraterritoriales en relación con los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de los derechos humanos cometidas por las autoridades iraníes, con independencia de que las personas acusadas estén presentes o no en su territorio. Esto incluye iniciar investigaciones penales dotadas de recursos suficientes destinadas a esclarecer los crímenes, identificar a los sospechosos de responsabilidad —incluidos los mandos y otros superiores— y emitir órdenes de detención internacionales cuando haya suficientes pruebas admisibles. Los Estados también deben contribuir a que las víctimas obtengan reparación.
