¿Intento de reducir el número de ejecuciones?

Londres.- Según los medios de comunicación oficiales chinos, el vicepresidente del Tribunal Popular Supremo, Huang Songyou,  ha manifestado que éste revisará en el futuro todas las sentencias de muerte dictadas en el país. Amnistía Internacional acoge con satisfacción esta noticia, que podría anunciar una reducción del elevado número de ejecuciones que se llevan a cabo en China. “Es un paso en la buena dirección –ha señalado Amnistía Internacional–. Esperamos que el examen adicional de las sentencias por jueces mejor preparados traiga consigo una importante reducción del número de personas que son ejecutadas en China.”   “Estaremos muy atentos para comprobar si la reforma se traduce en mejoras concretas –ha añadido la organización–. Por supuesto costará saber si se ha producido una reducción del número de ejecuciones, ya que China se niega a publicar estadísticas nacionales completas sobre la pena de muerte.” Este mismo año, un importante legislador chino ha calculado que China ejecuta a “casi 10.000” personas al año. Amnistía Internacional ha advertido que esta medida debe considerarse como el comienzo de un proceso hacia la abolición total de la pena de muerte. El sistema de justicia chino sigue teniendo numerosos defectos que ponen en peligro la vida de los presuntos autores de delitos penados con la muerte: no hay presunción de inocencia, la presión política para que se impongan severas condenas interfiere en el proceso judicial, se admiten como prueba  “confesiones” obtenidas con tortura y no es necesaria la presencia de los abogados en el interrogatorio policial inicial. “En tales circunstancias, el sistema chino de justicia penal no está en condiciones de garantizar un juicio justo a quines pueden ser condenados a muerte”, ha manifestado Amnistía Internacional. El examen adicional de las sentencias por el Tribunal Popular Supremo no garantiza necesariamente un juicio justo. En septiembre del año pasado, por ejemplo,  el Tribunal  volvió a ver una causa de gran notoriedad en la que un tribunal provincial había revocado en apelación la condena de muerte de un gángster llamado Liu Yong. Falló que la pena seguía siendo válida, a pesar de existir pruebas de que la confesión del condenado había sido obtenida con tortura, y ordenó su ejecución inmediata. El actual sistema de revisión de la mayoría de las sentencias de muerte permite a los jueces de los tribunales superiores provinciales aprobar las condenas que ellos mismos han impuesto. Se espera que la nueva medida de centralización del sistema en el Tribunal Popular Supremo se promulgue en la actual legislatura, que acaba en 2008, año en que Pekín será sede de los Juegos Olímpicos. “Esta reforma servirá para proteger los derechos de los detenidos –ha afirmado Amnistía Internacional–. Pero no debe considerarse que puede sustituir a la abolición total de la pena de muerte en China, proceso que ha de comenzar con la suspensión de todas las ejecuciones.” En China se impone la pena de muerte por los delitos “más graves”, entre los que, según la legislación china, figuran la corrupción y muchos otros delitos no violentos a pesar de que las normas internacionales disponen que la imposición de la pena de muerte ha de ser una medida extraordinaria. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerar que constituye la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una violación del derecho a la vida.