Hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado que la legislación “Stop Soros” de Hungría, que criminaliza una serie de actividades legítimas relacionadas con la migración al castigarlas con hasta un año de prisión, viola las disposiciones legales de la Unión Europea. En respuesta a la resolución, Dávid Vig, director de Amnistía Internacional Hungría, ha manifestado:
“La sentencia judicial de hoy transmite el mensaje inequívoco de que no puede tolerarse y no se va a tolera la campaña de intimidación del gobierno húngaro contra quienes defienden los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo.
“Ahora el gobierno húngaro debe ejecutar la decisión del Tribunal y retirar inmediatamente esta vergonzosa legislación. También instamos al gobierno a que garantice un entorno en el que ONG y activistas puedan llevar a cabo libremente su trabajo esencial sin sufrir intimidación”.
Información complementaria
En su resolución de hoy, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que Hungría violaba dos directivas de la UE —la relativa a procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional y la relativa a las normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional— al permitir que las solicitudes de asilo de quienes llegan a Hungría procedentes de un “país seguro de tránsito” sean rechazadas por inadmisibles. El Tribunal resolvió asimismo que Hungría criminalizaba ilegalmente las actividades de quienes proporcionan asistencia a solicitantes de asilo.
Una reforma del Código Penal húngaro, redactada de forma imprecisa, criminalizó una serie de actividades legítimas relacionadas con la migración y las hacía punibles con hasta un año de prisión, entre ellas la “vigilancia de la frontera”, la “preparación o distribución de material informativo” y la “creación u operación de una red para apoyar o facilitar la inmigración ilegal”.
Amnistía Internacional impugnó judicialmente la constitucionalidad de esta legislación; sin embargo, el Tribunal Constitucional desestimó la denuncia por considerar que la legislación no infringía la Constitución húngara.
