En respuesta a la condena de cinco años y nueve meses de cárcel impuesta al activista de Hong Kong Ma Chun-man, también conocido como ‘Capitán América 2.0’, por “incitar a la subversión”, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, Kyle Ward, vicesecretario general de Amnistía Internacional, ha manifestado:
"En el distorsionado panorama político de Hong Kong tras la Ley de Seguridad Nacional, expresar pacíficamente una postura política e intentar conseguir apoyos se interpreta como ‘incitar a la subversión’ y se castiga con años de cárcel".
"Es indignante que Ma Chun-man haya sido condenado a más de cinco años de prisión por el simple hecho de entonar eslóganes y compartir sus opiniones políticas en Internet. El gobierno de Hong Kong debe dejar de criminalizar simples actos de expresión que no tienen ninguna relación demostrada con el uso de la fuerza o la violencia inminente".
"Esta sentencia condenatoria y la pena impuesta demuestran claramente que las restricciones del derecho a la libertad de expresión en Hong Kong son peligrosamente desproporcionadas. Las dos sentencias dictadas con arreglo a la Ley de Seguridad Nacional no han tenido debidamente en cuenta las salvaguardias de derechos humanos que, según las autoridades, existen en la Ley".
"El gobierno de Hong Kong debe dejar de ampliar ilimitadamente su definición de ‘poner en peligro la seguridad nacional’ para encerrar a quienes expresan opiniones que no son de su agrado".
Información complementaria
Ma Chun-man, también conocido como ‘Capitán América 2.0’ por llevar un escudo de superhéroe en las manifestaciones, ha sido condenado hoy a cinco años y nueve meses de cárcel por “incitar a la subversión del poder del Estado” en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que entró en vigor en Hong Kong en junio de 2020.
Ma Chun-man ha sido condenado por entonar eslóganes, portar pancartas y hacer declaraciones a los medios de comunicación en una serie de manifestaciones el año pasado.
En la sentencia, el juez afirmó que el carácter pacífico o no de sus actos no era pertinente, y durante el juicio apenas se debatió el tema de las salvaguardias de derechos humanos en las leyes nacionales e internacionales.
Las normas internacionales establecen claramente que los gobiernos no pueden apelar a la seguridad nacional para restringir los actos de expresión legítima, que incluyen debatir y apoyar pacíficamente movimientos de independencia. Incluso en los casos en que se puede esgrimir la seguridad nacional para limitar los derechos humanos, esto debe hacerse mediante leyes claras y de una manera específica, necesaria y proporcionada frente a una amenaza demostrada.
La amplia definición de “seguridad nacional” que hacen las autoridades de Hong Kong, siguiendo la de China continental, se utiliza arbitrariamente como pretexto para restringir los derechos humanos a la libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación, a un juicio justo y a la libertad personal, además de para reprimir la disidencia y la oposición política.
Entre el 1 de julio de 2020 y octubre de 2021, la policía detuvo u ordenó la detención de al menos 154 personas en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. En octubre de 2021 habían sido acusadas formalmente al menos 82 personas, de las que 59 están actualmente en detención preventiva.
Amnistía Internacional reveló en un informe de investigación publicado este año que la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong ha diezmado las libertades y ha creado un panorama cada vez más desprovisto de salvaguardias de derechos humanos.
