El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha emprendido una política de represión en contra de quienes protestan en las calles exigiendo su renuncia y la rendición de cuentas de las autoridades. El uso de las fuerzas militares para controlar las manifestaciones en todo el país ha dejado un saldo profundamente preocupante para los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional al presentar los hallazgos de una investigación en el terreno.
“El mensaje del presidente Juan Orlando Hernández (JOH) es muy claro: gritar ‘fuera JOH’ y exigir un cambio puede pagarse muy caro. Al menos seis personas han fallecido en el contexto de protestas y decenas han resultado heridas, en muchas ocasiones por disparos de armas de fuego a manos de las fuerzas de seguridad desde el inicio de esta oleada de manifestaciones”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En un intento desesperado de acallar las voces que exigen su renuncia, el presidente Hernández ha usado a las fuerzas armadas para el control de las protestas. Según la información recabada por Amnistía Internacional, durante este período las fuerzas de seguridad han utilizado armas de fuego y han usado de forma indiscriminada armas menos letales, como gases lacrimógenos o balas de goma, provocando lesiones en decenas de personas. En total, seis personas han perdido la vida en este contexto desde el mes de abril, cuatro de ellas por arma de fuego a manos de las fuerzas de seguridad.
Las políticas represivas del gobierno de Hernández para responder a protestas han sido condenadas anteriormente. El 13 de junio de 2018, Amnistía Internacional publicó el informe Prohibido Protestar: Uso de la Fuerza y Detenciones Arbitrarias como Estrategia para Reprimir la Disidencia en Honduras, en el que se documenta cómo las autoridades no solo emplearon una fuerza excesiva para reprimir a personas que protestaban de manera pacífica inmediatamente después de las polémicas elecciones del 26 de noviembre de 2017, sino que también detuvieron arbitrariamente y mantuvieron a personas manifestantes recluidas en condiciones deplorables durante meses, negándoles su derecho al debido proceso y a una defensa adecuada.
Desde entonces, la oleada de manifestaciones antigubernamentales ha sido una constante en el país. De acuerdo con la organización no gubernamental el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), del 4 de marzo al 25 de junio de este año, hubo al menos 346 protestas en todo el país. El actual descontento generalizado de la población fue provocado por la aprobación, el 25 de abril, de leyes para la transformación de los sistemas nacionales de educación y salud, que a juicio de los dirigentes magisteriales y del Colegio Médico de Honduras, conducen a la privatización de los sectores y al despido masivo de empleados. A pesar de que estas leyes fueron derogadas, las protestas han continuado exigiendo la renuncia del presidente.
El equipo de crisis para las Américas de Amnistía Internacional realizó una misión de respuesta rápida durante la primera semana de julio, tras el repunte de violencia durante las manifestaciones de las últimas semanas, que dejaron un saldo de seis personas fallecidas y casi 80 heridas. La organización documentó un total de ocho casos, de los cuales dos tratan de personas fallecidas a manos del ejército y policía militar y seis de personas heridas, cuatro de ellos por arma de fuego. Además, se analizaron más de 60 piezas de material audiovisual y fotográfico para identificar, entre otros, armas y municiones.
Muertes por uso de la fuerza
El día 20 de junio, Eblin Noel Corea Maradiaga, estudiante de 17 años, fue ejecutado a manos del ejército en la localidad de Yarumela, la Paz, donde horas antes había tenido lugar un bloqueo carretero en señal de protesta, y que fue finalmente disipado. A pesar de ello, un convoy del ejército llegó instantes después, disparó contra civiles y persiguió a varias personas, entre ellas a Eblin y a su padre. A pesar de que iban desarmados e intentaban refugiarse en un callejón, los testigos refieren que un oficial del ejército tomó posición, apuntó y disparó contra el adolescente, que cayó en los brazos de su padre tras recibir un disparo en el pecho.
Asimismo, el 19 de junio, Erik Peralta intentaba cruzar una avenida bloqueada por una protesta en la zona del Pedregal, Tegucigalpa, tras volver del trabajo, cuando elementos del ejército llegaron y sin mediar palabra, comenzaron a disparar. De acuerdo con el informe forense, una bala perforó su tórax y le causó la muerte casi de forma inmediata. Erik tenía 37 años y cuatro hijos.
Heridos por uso de la fuerza
Otro caso documentado por Amnistía Internacional sobre uso excesivo de la fuerza fue la incursión a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el día 24 de junio, cuando elementos de la Policía Militar entraron al recinto y dispararon contra decenas de personas que se estaban manifestando en el área de acceso. En un comunicado de prensa, el gobierno justificó este actuar por la necesidad de rescatar a un oficial privado ilegalmente de la libertad por parte de algunos estudiantes, así como por el empleo de bombas molotov y otros artefactos lanzados en contra de las fuerzas del orden, y la necesidad de “persuadir” y “repeler el ataque”.
Si bien Amnistía Internacional pudo documentar el uso de piedras y, en algunos casos, el uso de morteros artesanales por parte de los manifestantes, la organización considera que el uso de fuerza letal fue excesivo e innecesario. El hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve violenta per se a toda la protesta.
Dicho eso, la organización no pudo encontrar indicios de la supuesta retención del oficial castrense, y el propio rector de la universidad confirmó a Amnistía Internacional que no se habían presentado evidencias sobre este hecho, ni de que hubiera existido un proceso de negociación previo al uso de la fuerza. Así mismo, la autoridad quebrantó el principio de excepcionalidad de la fuerza letal, que únicamente puede ser usado en casos de riesgo inminente contra la vida de los agentes o de terceros.
Como resultado, al menos cinco personas fueron heridas de bala, entre ellas un estudiante de 25 años, cuya identidad se omite por razones de seguridad, quien recibió un disparo en el brazo, y Elder Nahúm Peralta, otro estudiante de 21, quien recibió un impacto de bala con entrada y salida que perforó su glúteo derecho. En entrevista con Amnistía Internacional, Elder refería que al correr para protegerse recibió un balazo y cayó al suelo. Fue auxiliado por personal de seguridad de la universidad y por estudiantes, quienes lo trasladaron al Hospital Escuela, donde le brindaron atención médica.
El 30 de mayo, un joven maestro que participaba en las protestas de su localidad, fue herido de bala a manos de agentes de la Policía Nacional, tras disparar contra la multitud. El impacto que recibió por la espalda le provocó la pérdida de un riñón y dañó su intestino grueso, colon trasverso y pulmón.
La represión violenta de la policía también alcanzó a personas que no se encontraban participando en las protestas. En Tegucigalpa, agentes de la policía nacional agredieron a dos miembros de una familia, tras increparles por lanzar gases lacrimógenos cerca de su vivienda. La familia, al sentirse asfixiada por la toxicidad, salió de su casa a exigir el cese de los gases lacrimógenos y fueron golpeados con toletes, puñetazos y patadas. Como consecuencia, uno de ellos requirió atención medica inmediata, que incluyó la sutura de heridas en la cabeza.
Impunidad
La impunidad, que ha sido continuamente denunciada en el país en los últimos años, sigue siendo endémica en Honduras cuando se trata de violaciones de derechos humanos, lo cual favorece su repetición.
“El sistema de justicia hondureño ha demostrado una vez más que las violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas continúan sin ser debidamente investigadas, ni aquellos sospechosos de responsabilidad penal son llevados ante la justicia. Los hechos de estas últimas semanas dejan al descubierto como la impunidad es una constante que promueve la repetición de graves violaciones”, dijo Erika Guevara Rosas.
De los ocho casos que Amnistía Internacional documentó, en dos de ellos las familias no presentaron denuncia ante el Ministerio Público por temor a represalias. En los seis casos restantes, aunque denunciaron, desconfiaban de la imparcialidad y eficiencia del Ministerio Público, y en al menos tres casos alegaron que las diligencias necesarias para garantizar una investigación exhaustiva no se habían realizado a tiempo.
Por ejemplo, la familia de Eblin Noel Corea no permitió que se le practicara la autopsia, por temor a que las autoridades “extraviaran” la bala que quedó instalada en el cuerpo. Debido a que la consideran una prueba clave para el esclarecimiento del crimen, solicitaron una exhumación que contara con la colaboración de personal forense de confianza aportado por la familia. Sin embargo, esta participación fue denegada por el ministerio público, y siguen a la espera de dicha actuación. Su desconfianza en las autoridades era tal que instalaron un foco de luz encima del nicho que se vigila 24 horas, debido al temor de que alguien acceda al cuerpo y robe la bala.
Asimismo, el 29 de abril, un funcionario público vestido de civil y operando en conjunto con la policía nacional disparó contra una persona, cuya identidad se omite por razones de seguridad.
A pesar de los testimonios e imágenes del evento donde se evidencia que dicho funcionario portaba un arma semi-automática compatible con el calibre de la bala que la víctima. tiene alojada en el pecho, no hay nadie procesado hasta el momento. Si bien existe una denuncia interpuesta inmediatamente después del hecho, así como comunicaciones dirigidas a la fiscalía solicitando información sobre las diligencias, el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), la organización que lo acompaña, no ha recibido respuesta.
En este contexto Amnistía Internacional considera indispensable el avance de las investigaciones y la garantía del correcto procesamiento de toda la evidencia disponible para la debida identificación de los posibles responsables, y su posterior enjuiciamiento.
También, Amnistía Internacional se reunió con funcionarios del gobierno, con el fin de discutir el actual contexto de crisis, y las evidencias recabadas por la organización que ponen al descubierto las graves violaciones de derechos humanos. Los funcionarios manifestaron que se mantuvo el apego a la ley y que, de existir casos en contrario, se trataría de acciones específicas de personal inexperto, y no así de una política de represión. Además, justificaron el despliegue militar para tareas de seguridad debido a su carácter constitucional. Las autoridades se comprometieron a remitir a Amnistía Internacional información relativa a la investigación sobre el ataque a la UNAH.
Además, se sostuvieron reuniones con organizaciones nacionales de derechos humanos, que manifestaron su preocupación ante la estrategia represiva del estado dirigida a silenciar las voces críticas que exigen cambios estructurales en las políticas públicas. La organización reitera su condena por la estigmatización, hostigamiento y agresiones en contra de personas defensoras de los derechos humanos y hace un llamado a garantizar su protección.
Amnistía Internacional ya ha reprobado públicamente la decisión del Consejo Nacional de Seguridad de 20 de junio de 2019 de desplegar las fuerzas armadas, la policía e inteligencia en respuesta a las protestas, pues esto podría acarrear un incremento del uso excesivo de la fuerza contra quienes se manifiestan. La organización reitera que el estado debe garantizar un retiro ordenado de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública e implementar un proceso de fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional.
“El presidente tiene que demostrar de forma urgente que está dispuesto a poner todos los medios a su alcance para frenar la represión letal, de lo contrario existirán razones de peso para considerar su responsabilidad en cada una de las muertes y violaciones a la integridad personal de las personas que ejercen su derecho legítimo a manifestarse,” concluyó Erika Guevara Rosas.
