Las autoridades de Zimbabue deben detener los desalojos previstos en un asentamiento informal de las afueras de Harare de donde podrían ser expulsadas hasta 20.000 personas por no pagar el precio prohibitivamente alto fijado por las autoridades para la renovación de los contratos de arrendamiento, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
La mayoría de los habitantes del asentamiento de Hatcliffe Extension recibieron parcelas donde construir un nuevo hogar tras haber sido expulsadas por las autoridades de los lugares donde vivían en el marco del programa de desalojos forzosos llevado a cabo en el país en 2005. Alrededor de 700.000 personas perdieron su hogar, sus medios de vida o ambas cosas como consecuencia de la Operación Murambatsvina.
"Los habitantes de Hatcliffe Extension figuran entre los miembros más pobres y marginados de la sociedad zimbabuense, y muchas familias no tienen medios para pagar la renovación del contrato de arrendamiento, especialmente si tienen que hacerlo en un solo pago”, ha señalado Michelle Kagari, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para África.
"En vez de amenazar a personas vulnerables con su desalojo, el gobierno debe brindarles protección frente a la espiral de inseguridad y nuevos abusos, garantizándoles la seguridad de tenencia y un plan asequible de pago de los arrendamientos."
Hatcliffe Extension es uno de los diversos asentamientos establecidos en el marco de la Operación Garikai, programa emprendido por el gobierno para reasentar a quienes perdieron su hogar en la Operación Murambatsvina.
En realidad, sólo se reasentó a un pequeño número de personas. La mayoría tuvieron que recurrir al superpoblado stock de viviendas ya existente, mientras que otras fueron realojadas por la fuerza en zonas rurales por el gobierno.
"La Operación Garikai no ha servido en absoluto para reparar las graves violaciones del derecho a una vivienda adecuada perpetradas en la Operación Murambatsvina”, ha explicado Michelle Kagari.
Cinco años después de los desalojos forzosos masivos, la población de los asentamientos de la Operación Garikai sobrevive, en condiciones deplorables, en casuchas de plástico y sin acceso a servicios básicos esenciales.
"El gobierno ha dejado totalmente abandonados a los habitantes de Hatcliffe. Así que resulta aún más vergonzoso que, en vez de tomar medidas para mejorar su situación actual, los amenace con planes que agravarán sin duda su sufrimiento y sus penurias”, ha manifestado Michelle Kagari.
En junio, las autoridades colocaron en Hatcliffe Extension carteles donde se anunciaba que todos los arrendatarios tenían que pagar la renovación del contrato antes del 30 de septiembre. Si no lo hacían, perderían sus parcelas, que les serían asignadas a otras personas en espera de vivienda. No hubo ninguna consulta con los habitantes sobre el proceso de renovación y los precios fijados por las autoridades.
Muchas de las 3.000 familias del asentamiento no tienen medios para pagar las cantidades, de hasta 140 dólares estadounidenses, fijadas por las autoridades. Además de destruir hogares, la Operación Murambatsvina acabó también con el sector del trabajo informal, privando a millares de personas de ingresos constantes. La tasa de desempleo de Zimbabue es de alrededor del 90 por ciento.
Desde junio, los habitantes del asentamiento han hecho varios intentos de entablar un diálogo con las autoridades competentes, pero ha sido en vano.
El problema del precio excesivo del arrendamiento no es exclusivo de Hatcliffe Extension. La amenaza de desalojo pesa también sobre los habitantes de otros asentamientos informales establecidos con arreglo a la Operación Garikai.
Este mismo mes, la policía ha quemado chozas en un asentamiento informal del suburbio de Borrowdale de Harare, dejando sin hogar a más de 200 supervivientes de la Operación Murambatsvina.
"El gobierno de Zimbabwe debe examinar y revisar la Operación Garikai en el marco de una auténtica consulta con los supervivientes de la Operación Murambatsvina para abordar las necesidades de vivienda de todos ellos”, ha afirmado Michelle Kagari. Notas para los medios de comunicación - Por medio de la campaña Exige Dignidad, emprendida en mayo de 2009, Amnistía Internacional está pidiendo a los gobiernos del mundo que tomen todas las medidas necesarias, incluida la aprobación de leyes y políticas acordes con el derecho internacional de los derechos humanos, para prohibir y prevenir los desalojos forzosos.
- La campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional tiene por objeto poner fin a las violaciones de derechos humanos que generan y agravan la pobreza en el mundo. La campaña movilizará a personas de todo el mundo para exigir que los gobiernos, las grandes empresas y otras entidades con poder escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos.
