La COP28 celebrada en Dubái ha reconocido por primera vez la necesidad de abandonar el uso de combustibles fósiles, al término de una cumbre sobre el clima empañada por las restricciones impuestas a la sociedad civil y por el flagrante desprecio de Emiratos Árabes Unidos por los derechos humanos, ha afirmado Amnistía Internacional.
El acuerdo estrella de la COP28 sobre el Balance Mundial para “hacer la transición” para dejar atrás los combustibles fósiles como fuente de energía: es la primera vez que se mencionan los combustibles fósiles en las decisiones de la COP. El acuerdo reconoce su función como factores que impulsan la crisis climática y los daños infligen al clima y al medioambiente, y transmite el elocuente mensaje de que su eliminación gradual es inevitable y está en marcha.
“La COP28 ha señalado por primera vez la necesidad de abandonar el uso de combustibles fósiles, que refleja la campaña impulsada por la ciudadanía que lleva decenios luchando por este objetivo. Sin embargo, en el resultado sigue habiendo lagunas que permiten que los productores de combustibles fósiles y los Estados continúen desarrollando sus actividades de la manera habitual y, por tanto, sigue siendo insuficiente para proteger los derechos de miles de millones de personas que hacen frente a daños relacionados con el cambio climático”, ha afirmado Marta Schaaf, directora del Programa de Programa de Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas de Amnistía Internacional.
“Los compromisos de los países desarrollados en materia de financiación para ayudar a otros Estados a adaptarse a los efectos nocivos del cambio climático son totalmente insuficientes, lo que pone en peligro a los pueblos indígenas, las comunidades que se encuentran en primera línea y otros grupos marginados.”
Un acuerdo deficiente anterior concluido en la COP sobre la manera de gestionar el Fondo para Pérdidas y Daños, cuyo objetivo es proporcionar recursos efectivos a las comunidades que sufren los efectos negativos más graves del cambio climático también se ha visto menoscabado por las exiguas cantidades de fondos comprometidas hasta ahora.
“Es profundamente preocupante que el acuerdo final refleje fantasías sobre los combustibles fósiles, según los cuales tecnologías no probadas como la captura y almacenamiento de carbono, que aún no existen, darán de algún modo la respuesta al calentamiento global”
Ann Harrison, asesora de Amnistía Internacional sobre cambio climático, ha afirmado: “Es profundamente preocupante que el acuerdo final refleje fantasías sobre los combustibles fósiles, según los cuales tecnologías no probadas como la captura y almacenamiento de carbono, que aún no existen, darán de algún modo la respuesta al calentamiento global. El énfasis en la función de los ‘combustibles de transición’ en la transición energética y la endeble redacción sobre el abandono gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles conceden al sector de los combustibles fósiles una dispensa para seguir ampliando la producción.”
Amnistía Internacional ha afirmado que la COP28 estaba empañada por las restricciones impuestas al espacio de la sociedad civil y por el número sin precedentes de lobistas de los combustibles fósiles presentes en la cumbre. Pedimos que se refuercen los acuerdos sobre designación de sedes de la COP y se hagan públicos de forma sistemática los Acuerdos de País Organizador para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, y que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) elabore una política clara en materia de conflictos de intereses y un marco de rendición de cuentas sólido.
La COP28 se ha visto empañada además por el doble rasero y el desprecio del gobierno de Emiratos Árabes Unidos por los derechos humanos, tanto dentro como fuera de la conferencia global. En lugar de poner en libertad a las numerosas personas críticas detenidas y de mostrar su voluntad de organizar una cumbre inclusiva, comenzó un nuevo juicio colectivo de disidentes por cargos falsos de terrorismo.
Aunque los medios de comunicación dejen de prestar atención a Emiratos Árabes Unidos al término de la COP, Amnistía Internacional seguirá haciendo campaña sin descanso en favor de reformas relativas a los derechos humanos en Emiratos Árabes Unidos, entre otras cosas exigiendo la liberación de todas las personas disidentes emiratíes y reclamando el fin de todas las reclusiones arbitrarias y los juicios sin garantías. Amnistía Internacional seguirá haciendo campaña por la liberación de Ahmed Mansoor, el último ciudadano emiratí que trabajó abiertamente por la promoción y protección de los derechos humanos en su país, que está privado de libertad desde 2017. También exige que se ponga fin a la vigilancia digital ilegítima y se despenalicen las relaciones entre personas del mismo sexo.
Ann Harrison ha declarado: “Los intereses de Emiratos Árabes Unidos, país miembro de la OPEP, y sus descaradas violaciones de derechos humanos han manchado la COP28 y contribuido a facilitar, una vez más, los intentos del sector de los combustibles fósiles de controlar una cumbre de la ONU. En este apartado se incluye la designación como presidente de la COP de Sultan Al Jaber, director general de la empresa estatal de petróleo y gas de Emiratos Árabes Unidos, que cuestiona la ciencia climática establecida y estaba dispuesto a utilizar las reuniones de la ONU para promover sus intereses en el campo de los combustibles fósiles.”
La CMNUCC ha aplicado de manera inusitadamente estricta en la COP28 las directrices relativas a protestas y acciones, lo que ha afectado a los intentos de reclamar un alto el fuego en Gaza y de plantear motivos de preocupación por el lamentable balance de Emiratos Árabes Unidos en materia de derechos humanos, incluida la prohibición de la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como la negación de otros derechos, entre ellos los de la población trabajadora migrante.
Las cumbres sólo producirán resultados satisfactorios si todas las personas tienen libertad para criticar, reunirse y manifestarse pacíficamente y tienen la posibilidad de influir de forma significativa en el diseño y los resultados de las políticas climáticas globales. Además del oneroso proceso para obtener la aprobación para llevar a cabo acciones en la Zona Azul de la COP28, administrada por la CMNUCC, sin la cual las personas que se manifestaran corrían el riesgo de ser expulsadas de la conferencia, la videovigilancia era generalizada en todas las zonas. Se grababa a todas las personas que participaban en las acciones, lo que generaba un clima de intimidación. Nadie se ha atrevido a manifestarse fuera del espacio administrado por la CMNUCC, por miedo a ser detenido en virtud de las draconianas leyes de Emiratos Árabes Unidos que penalizan la disidencia.
Ann Harrison ha declarado: “Las restricciones impuestas al espacio cívico en esta COP han proyectado una larga sombra sobre la capacidad de la sociedad civil para decir libremente la verdad al poder. Deben aprenderse lecciones y aplicarse medidas para proteger mejor la libertad de expresión y de reunión pacífica en futuras ediciones de la COP. La justicia climática exige acciones más audaces, continuadas y participativas, centradas en la protección y el respeto de los derechos humanos.”
Información complementaria
La cantidad total comprometida para el Fondo para Daños y Pérdidas, que será administrado inicialmente por el Banco Mundial, a reserva de su aceptación de varias condiciones operativas, fue de aproximadamente 700 millones de dólares de EE. UU., que apenas es suficiente para ponerlo en funcionamiento. La elección del Banco Mundial fue muy criticada por la sociedad civil, preocupada por la falta de protección de los derechos humanos en su modelo de financiación. Los fondos dispuestos para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático sólo suponen la mitad del objetivo de 300 millones de dólares, cuando serían necesarios cientos de miles de millones.
Esta COP ha acordado que la cumbre del año próximo se celebrará en Azerbaiyán. El sector de los combustibles fósiles de este país también contribuye a financiar un sistema muy autoritario, y el Estado se prodiga en relaciones públicas para tratar de encubrir su deplorable historial de represión, reclusión arbitraria de personas críticas, tortura de personas detenidas y aplastamiento de la sociedad civil. El derecho a la libertad de expresión y de reunión es objeto de grandes restricciones y las personas LGBTI sufren discriminación generalizada.
