En un nuevo informe publicado hoy, titulado Go home, it'll blow over...- Reporting sexual violence: the ordeal of sex workers, migrant and trans women in France, Amnistía Internacional pone de relieve las dificultades y los riesgos a los que se enfrentan las trabajadoras sexuales y las mujeres migrantes y trans cuando tratan de denunciar actos de violencia sexual en Francia.
Amnistía Internacional ha recabado testimonios de 19 organizaciones feministas o comunitarias que apoyan a estas mujeres en su lucha por obtener acceso a la justicia.
Los testimonios reflejan las numerosas barreras y las nuevas formas de violencia a las que se enfrentan estas mujeres —desde negativas a cursar sus denuncias hasta el riesgo de detención y deportación, en el caso de las mujeres migrantes—, que sufren una discriminación interseccional. Esta victimización secundaria y los riesgos derivados las disuaden de denunciar los delitos y dificultan su acceso a la justicia.
“Denunciar violencia sexual en Francia es una experiencia terrible que teme cualquier mujer, pero si además eres una persona racializada, vulnerable, trans o indocumentada —o todo a la vez— te expones a nuevos obstáculos y violencia, con la humillación consiguiente y el riesgo de detención o deportación”, ha explicado Lola Schulmann, especialista en Justicia de Género de Amnistía Internacional Francia.
“Es hora de poner fin a estas prácticas estigmatizantes y crueles. Es urgente que la policía escuche, respete y proteja plenamente a estas mujeres”.
De la exposición excesiva a la violencia sexual, pasando por la negativa a cursar las denuncias
En Francia, sólo el 6% de las mujeres víctimas de violencia sexual presenta una denuncia. Los motivos principales son la victimización secundaria —no resultante de la infracción penal, sino de la respuesta que recibe la víctima de las instituciones públicas en particular— y las barreras a las que se enfrentan al denunciar en una comisaría de policía. Este fenómeno —alarmante ya de por sí— afecta de forma desproporcionada a las mujeres expuestas a varias formas de discriminación.
Aunque el artículo 15.3 del Código de Procedimiento Penal francés obliga a las fuerzas policiales a cursar las denuncias por violencia sexual, la realidad es muy distinta para las mujeres que sufren discriminación interseccional, puesto que se enfrentan habitualmente a negativas —ilegales— a tramitar sus denuncias y es más probable que sus declaraciones se cuestionen.
Trabajadoras sexuales: “No, señora, a usted no la han violado, era un cliente”
Las trabajadoras sexuales se hallan entre las que más probabilidades tienen de ver rechazada una denuncia, debido a la ley francesa sobre el trabajo sexual, que criminaliza a los clientes, y a ciertas disposiciones de la ley sobre el “proxenetismo”. Cinco de las organizaciones entrevistadas comunicaron que la policía y la gendarmería habían rechazado denuncias de violencia sexual, negando que el acto sexual no fuera consentido.
“Resulta alarmante que las trabajadoras sexuales, quienes a menudo sufren una combinación de marginación y discriminación, no denuncien la violencia sexual. Las personas trans son especialmente vulnerables a la violencia sexual”, ha expuesto Lola Schulmann.
“En Francia, la continua criminalización del trabajo sexual ha reforzado la impunidad de los agresores y exacerbado la violencia, sin acceso real a la justicia”.
Para las mujeres migrantes, denunciar la violencia conlleva el riesgo de deportación
Según todas las organizaciones encuestadas, las mujeres migrantes son las más reacias a denunciar la violencia sexual, pese a ser las que mayor riesgo corren de sufrirla. El acceso a la justicia es aún más difícil, porque a menudo se exponen a ser detenidas o incluso deportadas, en lugar de recibir protección. Por ejemplo, cuatro de las organizaciones entrevistadas refirieron que se había ordenado abandonar el país a mujeres indocumentadas, a algunas de las cuales se las internó en centros de detención y luego deportó, aunque habían acudido a una comisaría de policía para denunciar violencia sexual.
Estas situaciones son ilegales en virtud de la legislación nacional e internacional. Según la legislación francesa, cualquier persona puede denunciar un delito de violencia sexual u otro tipo de violencia de género, ya resida legalmente en Francia o no.
Las mujeres migrantes, acusadas de denunciar para “conseguir papeles”, ven cómo se cuestiona y rechaza su voz y su relato. La falta habitual de intérpretes —pese a ser de presencia obligada— acentúa la imposibilidad de las mujeres migrantes, ya estigmatizadas, para expresar sus vivencias y ejercer sus derechos.
Las organizaciones suplen las carencias del Estado francés
A pesar de la ley del 4 de agosto de 2014, la formación de la policía y gendarmería en materia de violencia sexual y discriminación sigue siendo insuficiente, aunque estos servicios son la primera línea de interacción con las víctimas de violencia sexual. Estas carencias tienen graves consecuencias sobre el acceso de las víctimas a la justicia y contribuyen a que se produzcan abusos secundarios.
Ante esta situación, las víctimas de violencia sexual acuden a organizaciones feministas y comunitarias para que las ayuden en el proceso, les presten apoyo y les informen de sus derechos. Estas organizaciones desempeñan un papel crucial para las mujeres víctimas de violencia.
“Las autoridades francesas deben reforzar urgentemente la formación de la policía para erradicar las prácticas xenófobas, racistas y discriminatorias de todas las fases del procedimiento judicial, también en las comisarías de policía”, ha declarado Lola Schulmann.
“La policía debe tener plenamente en cuenta, escuchar y apoyar a las trabajadoras sexuales y a las mujeres migrantes y trans, especialmente vulnerables a la violencia. Además, es preciso que se reconozca y apoye la labor de las organizaciones que acompañan o representan a estas mujeres”.
