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Europa: Gobiernos cómplices deben actuar ante el informe sobre torturas del Senado estadounidense

El informe de Amnistía Internacional vincula datos del informe del Senado con información procedente de fuentes abiertas de información sobre la presunta existencia de instalaciones secretas en Lituania, Polonia y Rumania © Christian Schmidt / Corbis
Ante la publicación de un informe del Senado de Estados Unidos que revela nuevos detalles sobre las operaciones secretas de detención, interrogatorio y tortura de la CIA en el marco de la estrategia global de "guerra contra el terror" de EE. UU., los gobiernos europeos que colaboraron en dichas operaciones deben actuar con urgencia para llevar a los responsables ante la justicia. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en un nuevo documento informativo. Breaking the conspiracy of silence: USA's European 'partners in crime’ must act after Senate torture report vincula datos del informe del Senado con información procedente de fuentes abiertas de información sobre la presunta existencia de instalaciones secretas en Lituania, Polonia y Rumanía. También según fuentes abiertas, los gobiernos de Alemania, Macedonia y el Reino Unido facilitaron estas operaciones. En algunos casos, estos gobiernos recibieron millones de dólares estadounidenses a cambio de su connivencia con la CIA. El documento también destaca que estos gobiernos no han respondido adecuadamente a la hora de realizar investigaciones exhaustivas y eficaces. "Sin la ayuda de Europa, Estados Unidos no habría podido llevar a cabo detenciones y torturas en secreto durante tantos años. El informe del Senado muestra claramente que los gobiernos extranjeros fueron vitales para el 'éxito' de las operaciones de la CIA y los indicios acumulados a lo largo de casi un decenio apuntan al papel clave de ciertos aliados europeos", ha afirmado Julia Hall, experta de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos y lucha contra el terrorismo. "Basta de negar y encubrir los hechos. Los gobiernos no pueden seguir amparándose en el secreto de Estado y en razones infundadas de 'seguridad nacional' para ocultar la verdad acerca de su papel en casos de torturas y desapariciones de personas. Es hora de obtener justicia para todas las personas sometidas a las espantosas prácticas que han caracterizado a las operaciones ilegales de lucha contra el terrorismo, prácticas como los simulacros de ahogamiento, las agresiones sexuales y los simulacros de ejecución." "El asombroso alejamiento del Estado de derecho que ha experimentado Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 supone una advertencia para todos los gobiernos que están lidiando con crímenes de tal violencia. Dejar de lado los derechos humanos y las libertades civiles es moral y legalmente incorrecto, margina a ciertas comunidades y sirve de ejemplo peligroso para otros gobiernos dispuestos a vulnerar los derechos de las personas con el pretexto de proteger la 'seguridad nacional'", ha afirmado Julia Hall. "Las leyes, políticas y prácticas antiterroristas deben respetar los derechos humanos y la dignidad fundamental de las personas. Este principio resulta de especial importancia ante la delicada situación actual en Europa, donde los gobiernos de Francia y otros países aún están asimilando el horror de los atentados de París", ha afirmado Julia Hall. El informe del Senado ha provocado respuestas de varios cargos y ex cargos europeos, entre ellas la de admitir haber participado en las operaciones de la CIA. El informe del Senado no nombra expresamente a ningún país de Europa, pero tanto la información procedente de fuentes públicas dignas de crédito como la obtenida por Amnistía Internacional muestran una correlación clara –y, a menudo, precisa– con los datos sobre centros de detención secreta y torturas llevadas a cabo por Estados Unidos con la ayuda de sus socios en los gobiernos de otros países, entre ellos: Polonia Tras la publicación del informe del Senado, dos ex altos cargos polacos admitieron finalmente que Polonia había albergado un centro de detención secreta de la CIA. El informe hace referencia a un "centro de detención azul" e incluye datos del lugar que se corresponden con información pública sobre una instalación secreta de la CIA en Polonia. Anteriormente, en sendas sentencias de julio de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dictaminado que Polonia fue cómplice del programa de entregas y detenciones secretas de Estados Unidos. En ambos casos, a los demandantes se les había aplicado la técnica de interrogatorio consistente en simular un ahogamiento; además, a uno de ellos lo habían sometido a un simulacro de ejecución con un arma descargada, se le había acercado un taladro eléctrico encendido a la cabeza y se le había amenazado con agredir sexualmente a su madre, entre otras técnicas de interrogatorio "mejoradas". La investigación criminal de los hechos en Polonia, que comenzó en 2008, se ha retrasado reiteradamente y sigue en curso. Un funcionario ha afirmado a Amnistía Internacional que el gobierno de Estados Unidos no ha respondido a una serie solicitudes de información necesaria para la investigación. Rumanía Tras negarlo durante años, el ex director del Servicio Rumano de Información –y entonces asesor en materia de Seguridad del presidente– admitió recientemente que tal organismo rumano había permitido a Estados Unidos abrir uno o dos centros de detención en el país, y atribuyó esta cooperación a su apuesta por la incorporación de Rumanía a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El informe del Senado hace referencia a un "centro de detención negro" cuyos datos se corresponden estrechamente con información pública sobre una instalación secreta de la CIA en Rumanía. Según informes, Rumanía recibió millones de dólares del gobierno estadounidense. Las autoridades rumanas aseguran que han iniciado una investigación y que han solicitado una versión completa y sin editar del informe del Senado. Lituania Tras la publicación del informe del Senado, un importante parlamentario –que anteriormente había sido responsable de investigar la presunta existencia de una instalación secreta– reconoció que los datos del informe indicaban que Lituania había mantenido personas detenidas. El informe hace referencia a un "centro de detención violeta" e incluye detalles, como la detención secreta de un ciudadano saudí, que se corresponden con información procedente de fuentes abiertas sobre una instalación secreta de la CIA en Lituania. Un grupo de parlamentarios lituanos ha presentado una propuesta ante el Parlamento para establecer una nueva comisión de investigación sobre la participación de Lituania en las operaciones de detención secreta de la CIA. Reino Unido Se podría decir que el Reino Unido ha sido el aliado más importante de EE. UU. en las operaciones globales de la CIA contra el terrorismo. El informe del Senado incluye una referencia a la posible implicación del Reino Unido en interrogatorios y detenciones secretas: el caso de la tortura de Binyam Mohamed, ex detenido de Guantánamo. Según informes, el Reino Unido presionó enérgicamente para que se eliminara del documento toda referencia que pudiera implicarlo. El informe del Senado no aclara si el atolón de Diego García (un territorio británico situado en el Océano Índico) se usó como punto de tránsito o como centro de detención para entregas, aunque hace tiempo que Amnistía Internacional reclama transparencia al Reino Unido y a Estados Unidos en cuanto a los posibles usos de este territorio.

El primer ministro, David Cameron, ha afirmado que el Reino Unido está investigando las denuncias que implican a sus agentes en las torturas y los malos tratos infligidos a detenidos extranjeros en sus territorios de ultramar, a menudo en colusión con Estados Unidos. Sin embargo, esta afirmación no se sostiene. Amnistía Internacional y otras organizaciones en favor de los derechos humanos sostienen que la investigación que actualmente lleva a cabo el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento no es independiente y que su eficacia se verá menoscabada por el hecho de que el gobierno tiene plena potestad para ocultar información por motivos de seguridad nacional. Macedonia y Alemania
El informe del Senado incluye información adicional sobre la entrega del ciudadano alemán Khaled El Masri para su tortura y desaparición forzada mientras se encontraba bajo custodia estadounidense. Este caso fue objeto de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2012. El gobierno de Macedonia no se ha pronunciado sobre el informe y, a fecha de hoy, no ha aplicado el fallo del Tribunal. Por su parte, el gobierno alemán no ha investigado de forma efectiva su papel en las operaciones de la CIA, ni ha solicitado a Estados Unidos la extradición de 13 ex empleados de la CIA que se cree que participaron en la entrega de El Masri. "Los gobiernos europeos involucrados en operaciones antiterroristas de la CIA deben llevar a cabo urgentemente una investigación amplia y efectiva, así como reformar las leyes, políticas y prácticas que han permitido el uso de estas prácticas espantosas e ilegales", ha afirmado Julia Hall. "Los responsables de torturas y desapariciones forzadas en territorio de los Estados europeos deben ser acusados penalmente y se les deben exigir responsabilidades, previa celebración de un juicio justo. Debemos hacer justicia para las víctimas de tortura." España Al igual que otros países europeos, España permitió durante más de cuatro años -desde enero de 2002 hasta septiembre de 2007- que la CIA utilizara aeropuertos y el espacio aéreo español para sus operaciones de detenciones secretas y entregas extraordinarias. Alrededor de 200 personas detenidas llegaron a Guantánamo en aviones militares estadounidenses que, aunque no siempre despegaron de bases españolas, sí cruzaron el espacio aéreo español, cuyo uso también está sometido a autorización de las autoridades españolas. Se han documentado hasta 68 escalas de aviones que se relacionan con actividades ilegales de la CIA en aeropuertos españoles hasta finales de 2005. Una cifra que aumenta si se le añaden las más de 20 escalas realizadas por otros aviones que, aunque con destinos menos preocupantes, también han sido relacionados con la CIA y su programa de detenciones secretas. Todo esto supone obligaciones internacionales de derechos humanos incumplidas por España. El pasado 12 de enero trascendía en prensa la decisión de la Audiencia Nacional de confirmar el archivo del llamado caso “vuelos de la CIA” que aterrizó en enero de 2004 en el aeropuerto de Palma de Mallorca y que podría haber sido utilizado para trasladar a un centro de detención secreto en Afganistán a Jaled El Masri, ciudadano alemán de origen sirio. Jaled había denunciado haber sido víctima de torturas. Amnistía Internacional ha denunciado repetidas veces en los últimos años la falta de avances en España para las víctimas de detención ilegal y entregas extraordinarias. La organización ya había expresado preocupación de que los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional en conexión con estos hechos, avanzaban muy lentamente y que no se habían producido las diligencias debidas de las autoridades españolas en su respuesta a estos procedimientos.
Este reciente archivo profundiza la situación de desamparo de las víctimas, que siguen sin justicia ni reparación.

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