Es hora de poner fin a la impunidad y garantizar el Estado de derecho

Londres.- Las elecciones, próximas a celebrarse, al Consejo Legislativo Palestino brindan a todos los candidatos y candidatas una importante oportunidad de celebrar un debate franco sobre la necesidad de tomar medidas para proteger y promover los derechos humanos ante el deterioro de la situación de seguridad interna en Cisjordania y la Franja de Gaza. Quienes resulten elegidos para el segundo Parlamento palestino serán responsables, durante los próximos meses y años, de poner en vigor leyes que satisfagan el deseo largamente acariciado del pueblo palestino de gozar de derechos humanos y de un Estado de derecho. Amnistía Internacional pide a todas las personas que se presentan candidatas al Parlamento a situar los derechos humanos en el lugar más destacado de su programa, haciendo propuestas concretas para poner fin a la violencia entre facciones y a la impunidad y para impartir justicia al pueblo palestino. En especial, estas personas deben comprometerse a hacer rendir cuentas al ejecutivo de la Autoridad Palestina y a los grupos armados, pues ambos son responsables de la creciente anarquía y de los abusos contra los derechos humanos. Poner fin a la espiral de violencia Desde que estalló la Intifada hace cinco años, la violencia entre palestinos ha ido en aumento en las zonas de los Territorios Ocupados que quedan bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina. El año pasado la violencia alcanzó niveles sin precedentes, mientras grupos armados y familias, clanes y facciones poderosos luchaban por hacerse con la influencia política y económica y aprovechaban la ausencia de un Estado de derecho para saldar cuentas con quienes consideraban sus rivales o sus enemigos. Centenares de palestinos y palestinas han muerto a manos de otros palestinos en ataques deliberados, cuando pasaban por lugares donde había un enfrentamiento armado entre grupos rivales, y a consecuencia del uso cada vez más frecuente y temerario de armas de fuego y explosivos en zonas residenciales densamente pobladas. Decenas de palestinos y varios periodistas extranjeros y trabajadores de ayuda humanitaria han sido víctimas de secuestros a manos de grupos armados (en su mayoría afiliados al partido en el gobierno, Fatah), cuyas dispares demandas incluyen empleos en el sector público, cambios en las instituciones políticas y de seguridad de la Autoridad Palestina y la liberación de detenidos. Las víctimas de estos ataques, ya sean blanco de ataques deliberados o simples transeúntes atrapados en el fuego cruzado, no tienen ningún medio de obtener justicia y reparación, ya que las instituciones judiciales y de seguridad de Palestina no han podido o no han querido llevar ante la justicia a los miembros de grupos políticos armados y de familias y clanes influyentes para que respondan de los ataques. No cabe duda de que décadas de ocupación militar israelí y de ataques implacables por parte de Israel han contribuido al deterioro de la seguridad y a las consecuencias que se derivan de esa situación. Los repetidos ataques del ejército israelí contra instalaciones de seguridad de la Autoridad Palestina y contra ciudadanos palestinos comunes y sus bienes, así como los bloqueos israelíes en torno a ciudades y pueblos palestinos, han seguido obstaculizando el funcionamiento de las instituciones palestinas y han paralizado la economía palestina, creando desempleo, pobreza y desesperación en todo Cisjordania y la Franja de Gaza. Sin embargo, las consecuencias negativas de los 38 años de ocupación israelí y de las destructivas acciones y políticas de Israel en los Territorios Ocupados no reducen la responsabilidad de la Autoridad Palestina y de las facciones políticas y los grupos armados en la violencia interna cada vez más extendida y en la anarquía, que han causado la pérdida de tantas vidas y una creciente sensación de inseguridad en la población palestina común de la Franja de Gaza y de muchas zonas de Cisjordania. Las luchas intestinas de los grupos armados palestinos y la falta de voluntad por parte de la Autoridad Palestina respecto a hacer rendir cuentas de sus actos a estos grupos son la principal causa de este derrumbe cada vez mayor del orden y la seguridad. Es imperativo que la Autoridad Palestina y sus instituciones, especialmente el Consejo Legislativo Palestino, aborden estos serísimos desafíos con carácter de urgencia. Los candidatos y candidatas al Consejo Legislativo Palestino deben: - Condenar de forma inequívoca todos los homicidios deliberados de civiles, independientemente de la identidad de las víctimas y de las circunstancias en que se hayan producido esos homicidios, y comprometerse a tomar las medidas necesarias para prevenir y castigar los ataques futuros contra civiles. - Presentar propuestas concretas para el establecimiento de mecanismos efectivos de supervisión encargados de garantizar que las instituciones palestinas pertinentes investigan todos y cada uno de los casos de homicidio y otros abusos contra los derechos humanos, y llevan ante la justicia a los responsables y los instigadores de esos crímenes. - Comprometerse a hacer que la legislación palestina sea conforme con el derecho internacional, de manera que los delitos considerados como tales por el derecho internacional sean también delitos según el derecho palestino, y garantizar que se ponen en vigor y se aplican las leyes necesarias. - Poner fin a la impunidad para los autores de violaciones de derechos humanos Puesto que los abusos han continuado impunemente, la anarquía se ha extendido y los habitantes de Palestina se han sentido cada vez más inclinados a tomarse la justicia por su mano. El deterioro de la situación de seguridad interna en la Franja de Gaza y en otros lugares de los Territorios Ocupados ha venido provocado en gran medida por la cultura de impunidad que se ha ido arraigando cada vez más profundamente en los últimos años, mientras las autoridades palestinas incumplían sistemáticamente su deber de investigar y procesar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, tales como homicidios de civiles tanto palestinos como israelíes, secuestros y torturas. Una situación así, en la que las víctimas sienten que no tienen esperanzas realistas de obtener justicia y reparación a través de las instituciones y las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, ha dado lugar a que cada vez más personas se tomen la justicia por su mano, ampliando el círculo, cada vez más grande, de la anarquía. La impunidad de que gozan los responsables e instigadores de homicidios de civiles, secuestros, torturas y otros abusos graves contra los derechos humanos –entre los que se encuentran miembros de las propias fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina y miembros de grupos armados y facciones políticas– ha sido tan amplia que los responsables de esos abusos se consideran por encima de la ley. Semejante situación ha alentado a que se cometan nuevos abusos, pues los ciudadanos palestinos comunes sienten cada vez más que sus vidas y las de sus familias corren peligro constante, que la ley no protege adecuadamente sus derechos humanos fundamentales y que se les niegan la justicia y el resarcimiento por las violaciones de derechos humanos sufridas. Deben tomarse medidas para hacer rendir cuentas de sus actos a los responsables de homicidios, secuestros, torturas y otros delitos, independientemente de la identidad de las víctimas o los responsables. Los candidatos y candidatas al Consejo Legislativo Palestino deben: - Exigir que las autoridades judiciales lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre los homicidios, los secuestros, las torturas y otros abusos, y garantizar que los responsables de esos crímenes son juzgados sin demora y en procedimientos justos. - Comprometerse a emprender acciones tempranas para fortalecer el sistema de justicia introduciendo medidas concretas para establecer la independencia del poder judicial, reforzar el poder de los tribunales y garantizar que los acusados de violaciones de derechos humanos son procesados y juzgados en juicios justos, de plena conformidad con el derecho internacional. - Comprometerse a asignar los recursos necesarios para investigar de forma imparcial y efectiva las violaciones de derechos humanos, a poner en marcha procesos eficientes para garantizar que se llevan a cabo esas investigaciones, y a vigilar sus progresos y sus resultados. - Promover los derechos de las mujeres y combatir la discriminación contra las mujeres Las mujeres palestinas han soportado sufrimientos indecibles a consecuencia de las décadas de ocupación y conflicto. Muchas han muerto y han resultado heridas, y otras han pasado largos años en prisiones israelíes. Muchas han sufrido el homicidio o el encarcelamiento de sus hijos y esposos y la destrucción de sus casas. Además, las mujeres también han sido víctimas de abusos contra los derechos humanos dentro de la sociedad palestina. Muchas han sido asesinadas por motivos de "honor familiar", otras han sido objeto de violencia y otros abusos a manos de sus padres, esposos y hermanos, y  todas se han visto afectadas negativamente por leyes y prácticas que institucionalizan la desigualdad y la discriminación contra las mujeres y que les niegan sus derechos fundamentales. Los candidatos y candidatas al Consejo Legislativo Palestino deben:  - Condenar de forma inequívoca los asesinatos y otros abusos contra las mujeres en nombre del "honor", y pedir que se ponga fin a estas prácticas y que los autores de estos crímenes sean procesados. - Comprometerse a defender y promover los derechos de las mujeres mediante, entre otras cosas, el trabajo para modificar las leyes que discriminan a las mujeres. - Comprometerse a trabajar junto con organizaciones de la sociedad civil que luchan para proteger y promover los derechos de las mujeres, y a respaldar a esas organizaciones.