Madrid.- Hoy, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Amnistía Internacional se une a ONG, activistas e instituciones abolicionistas de todo el mundo para conmemorar su 20 aniversario. En esta ocasión, la organización denuncia que aunque el mundo avanza hacia la abolición de la pena de muerte, en el último año se ha producido un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte, a raíz de que algunos de los verdugos más prolíficos del mundo volvieran a las andadas y los tribunales se liberaran de las restricciones relacionadas con la COVID-19. Varios Estados aprovecharon que las restricciones, que con anterioridad habían retrasado los procesos judiciales, se levantaran para incrementar el número de condenas a muerte.
Además, AI señala la relación entre el uso de la pena de muerte y la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por ejemplo, en los casos en los que la pena de muerte se ha impuesto tras un juicio injusto en el que se han utilizado pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos.
“La pena de muerte es el asesinato premeditado y a sangre fría de un ser humano por parte del Estado en nombre de la justicia. Viola el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y se trata de un castigo cruel, inhumano y degradante. Más de 28.000 personas siguen a día de hoy en el corredor de la muerte en todo el mundo”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que esta tarde participa en una mesa redonda sobre la pena de muerte en las Américas que clausura José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y en el que también participan Martin O’Malley, ex Gobernador de Maryland (2007 a 2015) que abolió la pena de muerte en su Estado en 2013, Carolina Fernández, encargada de negocios de la Embajada de Costa Rica en España y Joaquín José Martínez, primer español exonerado de la pena de muerte en EE.UU.
Algunos datos y cifras
En 2021, Amnistía Internacional registró 579 ejecuciones repartidas en 18 países, lo que supuso un incremento del 20% respecto a las 483 ejecuciones registradas en 2020. Esta cifra representa el segundo número de ejecuciones más bajo registrado por Amnistía Internacional al menos desde 2010. La mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria, por ese orden.
Por regiones, en las Américas siguió sin haber ejecuciones por decimotercer año consecutivo, a excepción de Estados Unidos, el único país que en el último año se ha aplicado la pena de muerte y siguió habiendo condenas: a finales de 2021 se tenía constancia de un total de 2.382 condenas a muerte en el país. A pesar de que algunos países del Caribe siguen siendo retencionistas, es decir, mantienen la pena de muerte para delitos comunes, durante los últimos 23 años no se han llevado a cabo ejecuciones. Así, salvo Estados Unidos, el continente americano es un continente libre de la pena de muerte en la práctica. El nuevo gobierno de Estados Unidos estableció en julio de 2021 una suspensión temporal de las ejecuciones federales, después de que en la última semana del gobierno saliente se hubieran llevado a cabo otras tres ejecuciones de este tipo. Virginia se convirtió en el 23º estado abolicionista de Estados Unidos, y Ohio reprogramó o puso en suspenso todas las ejecuciones previstas por tercer año consecutivo.
En Asia y Oceanía se impusieron en 2021 al menos 819 nuevas condenas a muerte en 16 países, un incremento del 58% respecto a 2020 (517), en gran parte debido a los aumentos en Bangladesh, India, Myanmar, Pakistán y Vietnam. Y Amnistía Internacional registró ejecuciones en cinco países —Bangladesh, China, Corea del Norte, Japón y Vietnam-, la cifra más baja en más de dos décadas.
En Europa y Asia Central Amnistía Internacional registró una ejecución y una nueva pena de muerte, ambas en Bielorrusia, que sigue siendo el único país de la región que lleva a cabo ejecuciones. Y en Oriente Medio y Norte de África se constataron 520 ejecuciones en 7 países —Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Siria y Yemen—, un incremento del 19% respecto a 2020.
En el continente africano el número de ejecuciones, registradas en 3 países, se duplicó con creces hasta llegar a 33, como consecuencia de los aumentos en Somalia y Sudán del Sur. El otro país que llevó a cabo ejecuciones fue Botsuana.
