A 30 días de la aprobación por la Asamblea Legislativa de El Salvador del estado de excepción en el país como respuesta al aumento de los homicidios relacionados con las pandillas o maras y ante la renovación de estas medidas el pasado domingo, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha afirmado:
“Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”.
“En El Salvador de hoy día, niños y niñas de entre 12 y 16 años pueden ser condenados a penas de hasta 10 años de prisión, las personas de comunidades marginadas pueden ser detenidas arbitrariamente sin derecho a defensa jurídica, las personas presas pueden estar recluidas sin alimentos y aire suficientes, y las y los periodistas pueden ser encarcelados por el solo hecho de informar de actividades relacionadas con las pandillas.
“El gobierno debe cesar en su actitud hostil contra la sociedad civil y la comunidad internacional y reconocer los terribles efectos de sus políticas para los derechos humanos.
“Pedimos a la comunidad internacional que ayude a evitar la incipiente crisis de derechos humanos en El Salvador, y a las autoridades del país a que dejen de cometer abusos y garanticen que se llevan a cabo investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos que ya se han cometido.”
Información complementaria
El 27 de marzo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un estado de excepción a petición del presidente Nayib Bukele, tras el repunte de homicidios relacionados con las pandillas o maras durante el fin de semana precedente.
El decreto que regula el régimen de excepción suspende ciertos derechos fundamentales —que, según el derecho internacional, no deben ser derogados en ninguna circunstancia—, incluidos el derecho a defensa jurídica y el derecho a ser informado de los motivos de la detención, entre otros.
El 30 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó medidas adicionales, como el establecimiento de periodos indefinidos para la detención previa al juicio, la posibilidad de juzgar in absentia a personas acusadas de la comisión de delitos —es decir, sin su presencia en el juicio—, la posibilidad de condenar a penas de hasta 10 años de prisión a menores de entre 12 y 16 años de edad, y el establecimiento de penas de prisión para quien “reciba provecho directa o indirectamente de las relaciones de cualquier naturaleza” con pandillas, una disposición de redacción imprecisa que no cumple los requisitos del derecho internacional. También se aprobaron otras medidas que incumplen las normas internacionales.
El 5 de abril, la Asamblea Legislativa volvió a aprobar reformas preocupantes del Código Penal del país que establecen penas de prisión para quienes reproduzcan contenidos supuestamente originados por las pandillas. Esta disposición de redacción imprecisa ha generado temor a la censura y a la criminalización de las y los periodistas que informan sobre violencia relacionada con las maras en El Salvador.
Según el presidente Bukele, a fecha 25 de abril —30 días después del comienzo del estado de emergencia— al menos 17.000 personas habían sido detenidas en el contexto de las medidas.
La sociedad civil y las familias de las personas detenidas han informado de detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad.
También han circulado vídeos que supuestamente muestran malos tratos de las fuerzas de seguridad a personas detenidas, como uno en el que un individuo uniformado parece pisar la cabeza de un detenido sometido. Este vídeo fue publicado presuntamente en la cuenta de Twitter de la Policía Nacional y después fue eliminado. El presidente Bukele también ha hecho comentarios en Twitter que sugieren que las personas detenidas no recibirían raciones de comida completas ni aire fresco, lo que vulnera las normas internacionales.
Según informaciones de los medios de comunicación, al menos cuatro personas han muerto presuntamente mientras estaban detenidas en el contexto del estado de emergencia.
El gobierno de El Salvador ha atacado abiertamente a quienes critican estas medidas, y ha utilizado las redes sociales para estigmatizar a representantes de la sociedad civil y a la comunidad internacional.
El estado de excepción finalizaría el 25 de abril de 2022 pero ha sido renovado por otro periodo de 30 días.
