El presidente Uribe no debe ratificar la ley de impunidad

Londres.- En una reunión celebrada hoy (13 de julio) con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha afirmado que la clave para la protección de los derechos humanos en el país es poner fin a la impunidad e instó al presidente a que no ratificara la Ley de Justicia y Paz. A Amnistía Internacional le preocupa que la Ley de Justicia y Paz, recientemente aprobada por el Congreso colombiano, garantice que los responsables de las atrocidades más brutales contra los derechos humanos, sean paramilitares o guerrilleros, nunca comparecerán ante la justicia. "La Ley de Justicia y Paz está profundamente viciada, y sólo servirá para reforzar el problema ya crónico de la impunidad en Colombia. Por eso he instado al presidente Uribe a que no ratifique la ley y ponga en práctica sin dilación las recomendaciones de la alta comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos, como ha prometido su gobierno”, declaró Irene Khan. Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional, incluido el primer ministro británico Tony Blair, que no apoye ninguna desmovilización de grupos armados ilegales hasta que el gobierno colombiano haya impuesto garantías legales que aseguren que todos los miembros de estos grupos responsables de abusos contra los derechos humanos comparecen ante la justicia. Estas garantías son parte de las obligaciones internacionales para con la verdad, la justicia y la reparación de las que es parte el Estado colombiano. "Siempre hemos tratado de mantener un diálogo sincero y respetuoso con los sucesivos gobiernos colombianos y siempre hemos tratado de debatir nuestros motivos de preocupación en relación con la larga crisis que afecta a los derechos humanos en Colombia. Esta reunión con el presidente Uribe era, por tanto, una oportunidad importante para reiterar directamente nuestros motivos de preocupación y tener un intercambio de opiniones sincero y respetuoso”, manifestó Irene Khan. En su reunión con el presidente Uribe, Irene Khan reiteró el llamamiento al gobierno para que disolviera los grupos paramilitares y adoptara medidas concretas para romper los lazos que existen entre estos grupos y las fuerzas de seguridad y otros agentes estatales y privados. También reiteró la condena de Amnistía Internacional a las violaciones del derecho internacional humanitario por parte de la guerrilla, y el llamamiento de la organización para que todos los responsables de abusos contra los derechos humanos comparezcan ante la justicia. Cualquier marco legal para la desmovilización de miembros de grupos armados ilegales, sean paramilitares o guerrilleros, debe respetar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, abordar el problema endémico de la impunidad, garantizar que los combatientes no se reintegran en el conflicto e incluir medidas para hacer comparecer ante la justicia a todos los responsables de apoyar militar y económicamente a los grupos armados ilegales, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad. “La Ley de Justicia y Paz ignora claramente estos principios fundamentales. Los partidarios de la ley alegan que hay que lograr un equilibrio entre la paz y la justicia. Pero la dicotomía entre paz y justicia es falsa”, afirmó la señora Khan. "Sin justicia no es posible un final definitivo a la crisis de los derechos humanos. Sin la verdad, será imposible desmantelar totalmente las estructuras que han apoyado a la violencia paramilitar durante tantos años." Información complementaria El presidente Uribe inició conversaciones con los paramilitares poco después de tomar posesión de su cargo, en agosto de 2002. A tal fin, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar que aglutina a varios grupos, anunció un alto el fuego unilateral en diciembre de 2002. No obstante, se han atribuido a los paramilitares miles de homicidios y “desapariciones” después de esa fecha. La Ley de Justicia y Paz, aprobada por el Congreso colombiano el 21 de junio, tiene por objeto regular la desmovilización en curso de los paramilitares –y técnicamente, de los miembros de la guerrilla– concediendo a los miembros “desmovilizados” de grupos armados ilegales acusados de abusos contra los derechos humanos penas de prisión significativamente reducidas. Hay pruebas fehacientes de que las estructuras paramilitares permanecen intactas tras la “desmovilización”, los paramilitares siguen cometiendo violaciones de derechos humanos en las zonas donde supuestamente se han desmovilizado, muchos paramilitares desmovilizados se están “reciclando”, sobre todo como informadores a sueldo del ejército, y de que continúa la connivencia entre los paramilitares y algunos sectores de las fuerzas de seguridad. Aunque todas las partes del conflicto armado interno de Colombia –las fuerzas de seguridad, los paramilitares y la guerrilla– violan sistemáticamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en los últimos años los paramilitares han sido responsables de la mayoría de los homicidios de civiles, “desapariciones” y casos de tortura. En los últimos 20 años, han perdido la vida más de 70.000 personas, en su inmensa mayoría civiles, y más de tres millones se han convertido en desplazados internos por obra de todas las partes del conflicto. En los últimos años, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha formulado una serie de recomendaciones dirigidas al Estado colombiano y a la guerrilla, diseñadas como programa para resolver 40 años de conflicto. Las 27 recomendaciones de la ONU abarcan diversas cuestiones, como medidas para poner fin a la impunidad y para romper los lazos que unen a los paramilitares con las fuerzas de seguridad; mecanismos para proteger a los grupos que corren más peligro, como las comunidades afrocolombianas e indígenas, los desplazados internos, los defensores de derechos humanos y los sindicalistas, y llamamientos a la guerrilla para que cumpla íntegramente el derecho internacional humanitario.