El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipcio debe explicar urgentemente cómo una protesta contra la discriminación religiosa se convirtió en un baño de sangre. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, después de que las protestas organizadas en El Cairo el domingo dejaran tras de sí al menos 25 muertos. Más de 200 personas –entre ellas numerosos manifestantes y, según los informes, miembros de las fuerzas de seguridad– resultaron también heridas en el estallido de violencia más grave presenciado en Egipto desde que el ex presidente Hosni Mubarak abandonó su cargo en febrero. Las grabaciones de vídeo mostraban a vehículos militares arrollando a manifestantes al circular por calles abarrotadas. “Sólo cabe preguntarnos qué órdenes se impartieron para impulsar a los vehículos militares a arrollar a manifestantes en las calles. Si la policía militar y otras fuerzas de seguridad no actuaban siguiendo órdenes, entonces lo que queda en entredicho es su capacidad para actuar ante una manifestación, para empezar”, ha manifestado Amnistía Internacional. “Ahora, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas debe demostrar que puede controlar, y controlará, a las fuerzas de seguridad y que puede garantizar que no hacen uso de fuerza excesiva. Deben dictarse de inmediato instrucciones para las fuerzas de seguridad, y debe abrirse una investigación”. El personal médico del Hospital Copto de El Cairo dijo a Amnistía Internacional que, tras los sucesos, se llevó al hospital a un gran número de muertos y heridos. Entre las lesiones observadas había heridas de bala y aplastamiento de partes del cuerpo provocados por el atropello deliberado por parte de vehículos militares. Los testigos describieron cómo las fuerzas de seguridad, que viajaban en vehículos blindados, abrieron fuego contra la multitud y mataron o hirieron a manifestantes al arrollarlos con sus vehículos. Las autoridades militares mantienen que un grupo de manifestantes inició la violencia y han declarado su intención de abrir una investigación. Otros informes afirman que tras la violencia se encontraban “matones” contratados por el Partido Democrático Nacional, el partido político de Hosni Mubarak, ahora disuelto. Ayer, la Fiscalía inició los interrogatorios preliminares a los heridos durante los enfrentamientos, y ordenó la detención de 21 personas durante 15 días en espera de investigaciones ulteriores. También ayer, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ordenó la creación de una comisión encargada de investigar los sucesos. “Toda investigación sobre los enfrentamientos del domingo debe ser independiente, exhaustiva e imparcial, debe dar respuestas a la población egipcia y debe identificar a los responsables”, ha manifestado Amnistía Internacional. “La investigación no puede quedar en manos del ejército, debe ser realmente independiente, y su independencia debe quedar patente para los testigos y las familias de las víctimas con el fin de que puedan confiar en testificar sin peligro y esperar algo más que una mera operación de encubrimiento”. Amnistía Internacional siente asimismo honda preocupación por la información que difundió la televisión estatal, según la cual las tropas estaban siendo atacadas por los manifestantes, y en la que se pidió a la población egipcia que las apoyara y “defendiera”, agravando así aun más la situación. Otras dos emisoras de televisión que informaban de las protestas, 25TV y Al Hurra, fueron asaltadas por las fuerzas de seguridad, al parecer en un intento de impedir la información independiente. “El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se ha apresurado a culpar a ‘conspiraciones’ extranjeras, a tensiones sectarias o a los manifestantes”, ha declarado Amnistía Internacional. “Hasta el momento se ha negado a aceptar que la responsabilidad de la violencia puede recaer en la actuación policial durante las manifestaciones”. Estos recientes sucesos han tenido lugar frente a un trasfondo de tensiones sectarias, que en los últimos meses han ido en aumento en Egipto. Aunque los coptos constituyen casi el 10 por ciento de la población egipcia, la política oficial los discrimina, negándoles, entre otras cosas, lugares de culto. El ataque contra una iglesia copta en la provincia de Asuán el 30 de septiembre, que provocó las protestas del domingo, es sólo el último de este tipo de sucesos. Las autoridades locales dijeron que la iglesia se había construido sin permiso. Tras los enfrentamientos sectarios de mayo y junio de este año, el gobierno anunció sus planes de promulgar una ley unificada sobre lugares de culto y de abrir, tras examinarlas, todas las iglesias clausuradas. La ley en cuestión aún no se ha promulgado, y el gobierno, en una reunión celebrada ayer, ha prometido que estará en vigor en un plazo de dos semanas. //FIN
