La creciente tendencia de las autoridades egipcias a volver a encarcelar a personas que han sido detenidas arbitrariamente, en lugar de cumplir las órdenes judiciales de ponerlas en libertad, es una alarmante señal de hasta qué punto se ha deteriorado el sistema de justicia del país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
La organización ha documentado los casos de cinco personas en los que la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado ha esquivado las órdenes judiciales de liberarlas de su detención arbitraria encarcelándolas por nuevos cargos falsos, en un intento por mantenerlas entre rejas indefinidamente.
“La práctica de las autoridades egipcias de volver a ordenar la detención de personas por cargos flagrantemente falsos cuando estaban a punto de ser puestas en libertad es una alarmante tendencia que ilustra hasta qué punto se ha deteriorado el sistema de justicia de Egipto”, ha manifestado Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
“A causa de esta práctica ilegal, personas que ya estaban detenidas por cargos falsos se han visto atrapadas en las ‘puertas giratorias’ del arbitrario sistema de detención de Egipto, como parte de una táctica deliberada para prolongar su detención.”
Amnistía Internacional entrevistó a abogados y familiares y examinó declaraciones a los medios de comunicación y grabaciones de vídeo para documentar cinco casos.
En todos esos casos, la persona en cuestión había sido sometida inicialmente a desaparición forzada o detención en régimen de incomunicación tras ser detenida, y más tarde había sido llevada ante la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado, que había ordenado su detención en espera de que se investigara el cargo de “pertenencia a organización terrorista” en relación con sus actividades legítimas o por acusaciones infundadas. Su detención se renovó después repetidamente —en algunos casos durante meses o incluso años— antes de que un juez ordenara finalmente su libertad condicional. No obstante, en cada caso, en lugar de ordenar la libertad de la persona detenida, la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado la acusó de nuevos delitos, utilizando el mismo cargo o cargos similares, y la volvió a encarcelar. Durante su prolongada detención preventiva, a las personas detenidas únicamente las interrogaron durante su primera semana de detención.
“La práctica de negarse a liberar a personas detenidas arbitrariamente mientras sus familias esperan a abrazarlas tras meses o años de detención arbitraria va más allá de la crueldad, tanto para con las víctimas como para con sus familias. Imaginen que les dicen que van a quedar libres y están esperando reunirse con sus seres queridos tras meses de detención arbitraria, sólo para que, en el último momento les digan que los envían de vuelta a prisión”, ha manifestado Najia Bounaim.
Estos casos reflejan una práctica habitual durante el gobierno del ex presidente Hosni Mubarak, cuando la policía ignoraba las decisiones judiciales que ordenaban la liberación de personas detenidas y se limitaba a volver a detenerlas en virtud de la Ley del Estado de Excepción, que permite mantener a personas detenidas arbitrariamente de forma indefinida sin cargos ni juicio. El artículo que permitía la detención administrativa en la Ley del Estado de Excepción fue anulado por el Tribunal Supremo Constitucional en junio de 2013.
Ahora la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado intenta repetir la detención administrativa manteniendo detenidas a personas durante meses, y en ocasiones años, sin cargos ni juicio, basándose exclusivamente en investigaciones secretas que no se permite examinar ni a los abogados ni a los acusados. Tras el interrogatorio inicial durante la primera semana, las personas detenidas rara vez son interrogadas de nuevo (en muchos casos no lo son) durante los meses o años de detención preventiva, lo que ha convertido la detención preventiva en un castigo en sí misma.
“Las autoridades egipcias están reviviendo las tácticas de represión de la era de Mubarak, incluida la detención preventiva prolongada para silenciar a activistas pacíficos y periodistas y castigar a personas por sus afiliaciones políticas deteniéndolas indefinidamente como parte de un intento de sofocar la disidencia con el pretexto de combatir el ‘terrorismo’”, ha declarado Najia Bounaim.
En uno de los casos documentados más recientes, en lugar de cumplir una orden judicial de poner en libertad a Ola al Qaradawi, hija del clérigo Youssef al Qaradawi, el 3 de julio de 2019, la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado ordenó su detención por otro cargo infundado al día siguiente. Ola al Qaradawi fue detenida de nuevo por “pertenencia a un grupo terrorista” y por “financiar un grupo terrorista mediante sus contactos en el lugar de detención”, pese a que durante todo el tiempo que estuvo detenida había permanecido recluida en régimen de aislamiento. Había estado detenida arbitrariamente desde el 30 de junio de 2017, junto con su esposo Hossam Khalaf, por cargos falsos entre los que se encontraban pertenecer a un “grupo terrorista” y apoyarlo económicamente. Desde entonces ha permanecido en régimen de aislamiento prolongado, en condiciones que constituyen tortura. Amnistía Internacional considera que su detención es arbitraria y que ha sido detenida por la relación de su padre con la Hermandad Musulmana. Ola al Qaradawi inició una huelga de hambre para protestar por el trato que recibe después de que la devolvieran al régimen de aislamiento la semana pasada.
Otro caso destacado es el del productor de Al Yazira Mahmoud Hussein, que permanece detenido arbitrariamente desde el 23 de diciembre de 2016 en relación con su trabajo periodístico. La Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado, en una vista sin la presencia de un abogado, lo acusó de “pertenencia a una organización terrorista”, “recibir financiación del extranjero” y “publicar información falsa”, y ordenó su detención preventiva mientras se llevaban a cabo investigaciones. Durante sus dos años y medio de detención, Mahmoud Hussein sólo fue interrogado en el momento de su arresto. El 21 de mayo de 2019 un juez ordenó finalmente su libertad condicional, y la decisión se confirmó dos días después. Las autoridades trasladaron a Mahmoud Hussein a la comisaría de policía de Abu el Nomrs, en la gobernación de Giza, como preparación para ponerlo en libertad. Sin embargo, en lugar de liberarlo, el 28 de mayo la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado decidió acusarlo por segunda vez de “pertenencia a una organización prohibida”, “recibir financiación del extranjero” y “trabajar para organizaciones internacionales”, de nuevo en ausencia de su abogado, y volvió a ordenar su detención. La detención de Mahmoud ya ha superado el límite máximo de dos años establecido en la legislación egipcia para la detención preventiva.
Otras víctimas son Somia Nassef y Marwa Madbouly, detenidas arbitrariamente en relación con su activismo pacífico el 31 de octubre de 2018, como parte de una represión contra activistas de derechos humanos. Las dos estuvieron sometidas a desaparición forzada durante tres semanas y, en el transcurso de ese tiempo, fueron torturadas con medios como palizas y descargas eléctricas.
Luego comparecieron ante la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado, y estuvieron detenidas en espera de ser investigadas por “pertenencia a un grupo terrorista” y por “recibir financiación del extranjero”, antes de ser recluidas en régimen de aislamiento en el edificio de la Agencia de Seguridad Nacional en Abbassiya durante dos meses. En enero de 2019 las trasladaron a la prisión de mujeres de Qanatar. Un juez ordenó su libertad condicional el 25 de mayo de 2019, y la decisión se confirmó tres días después. Sin embargo, la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado decidió acusarlas de “pertenencia a un grupo terrorista” y “recibir financiación del extranjero” en la misma causa que Ola al Qaradawi, y volvió a ordenar su detención.
“En lugar de detenerlas arbitrariamente por cargos falsos, las autoridades egipcias deben poner en libertad inmediata e incondicional a Ola al Qaradawi, Mahmoud Hussein, Somia Nassef y Marwa Madbouly, y a todas las demás personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación”, ha manifestado Najia Bounaim.
“En espera de su liberación, las autoridades deben garantizar que estas personas permanecen detenidas en condiciones legales, lo cual incluye no estar en régimen de aislamiento y tener acceso a sus familiares, abogados y la atención médica que puedan necesitar.”
