“El personal penitenciario de Egipto somete a presos y presas de conciencia y a otras personas privadas de libertad por motivos políticos a tortura y a condiciones crueles e inhumanas de reclusión, y les niegan deliberadamente atención médica para castigar la disidencia”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en un nuevo y abrumador informe que destaca cómo la insensibilidad de las autoridades penitenciarias ha provocado muertes bajo custodia y daños irreparables a la salud de estas personas o ha contribuido a ellos.
El informe, titulado “What do I care if you die?” Negligence and denial of heath care in the Egyptian prisons se publica en el décimo aniversario del comienzo del levantamiento de 2011 de Egipto y expone un lúgubre panorama de la crisis de derechos humanos en las cárceles egipcias, que el gobierno del presidente Abdel Fatah al Sisi ha llenado de hombres y mujeres valientes que estaban en la vanguardia de la lucha por la justicia social y política. También muestra que las autoridades penitenciarias no protegen a la población reclusa de la pandemia de COVID-19 y discriminan a menudo a quienes proceden de un entorno socioeconómico desfavorecido.
“El personal penitenciario muestra un desprecio absoluto hacia la vida y el bienestar de los presos y presas que viven hacinados en las masificadas cárceles del país, hace caso omiso de la mayor parte de sus necesidades médicas, dejando que sean sus familias las que les proporcionen medicamentos, comida y dinero para comprar productos básicos como jabón, y les inflige un sufrimiento adicional al negarles un tratamiento médico adecuado o el traslado oportuno a un hospital”, afirmó Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Las autoridades van más lejos en privar deliberadamente de atención médica, comida adecuada y visitas familiares a hombres y mujeres recluidos sólo por ejercer sus derechos humanos o por motivos políticos. Es lamentable que las autoridades egipcias traten de intimidar y atormentar a quienes defienden los derechos humanos o se dedican a la política, a activistas y a otras personas que se oponen al gobierno, real o aparentemente, negándoles atención médica. Cuando la denegación causa un dolor o sufrimiento intensos y es un acto deliberado con el fin de castigar, constituye tortura”.
El informe documenta las experiencias de 67 personas recluidas en tres cárceles para mujeres y 13 cárceles para hombres de siete gobernaciones. Diez de ellas murieron bajo custodia y dos, poco después de ser excarceladas en 2019 y 2020.
Amnistía Internacional comunicó sus conclusiones a las autoridades egipcias en diciembre de 2020 sin que haya recibido respuesta.
Condiciones de reclusión crueles e inhumanas
Las autoridades sometían a los presos y presas de las 16 cárceles objeto de investigación a condiciones de reclusión crueles e inhumanas que amenazaban su derecho a la salud.
Expresos y expresas contaron que los encerraban en celdas sin ventilación y masificadas con saneamiento deficiente, y que los guardias les negaban ropa de cama y ropa adecuadas, comida suficiente, productos de higiene personal como compresas higiénicas, y acceso al aire libre y al ejercicio. Decenas de ellos sufren la cruel prohibición de recibir visitas familiares.
“Hay datos que muestran que las autoridades penitenciarias, en algunos casos citando instrucciones de la Agencia de Seguridad Nacional, castigan a ciertos presos y presas por su presunta oposición al gobierno o sus críticas a éste”, añadió Philip Luther.
Entre las represalias figuran la reclusión en régimen de aislamiento prolongado e indefinido en condiciones abusivas durante más de 22-23 horas al día; negarles las visitas familiares durante periodos de hasta cuatro años y la prohibición de recibir paquetes de comida u otros productos de sus familiares.
Negligencia médica y denegación de atención sanitaria
La investigación de Amnistía Internacional reveló que el personal penitenciario no proporciona habitualmente a la población reclusa atención sanitaria adecuada, bien por negligencia, bien denegándola deliberadamente.
Las enfermerías de las cárceles carecen, por lo general, de condiciones higiénicas y de equipos y personal sanitario cualificado, y los profesionales médicos del centro sólo dan analgésicos con independencia de los síntomas e incluso insultan a las personas reclusas, llegando a acusarlas de “terrorismo” y “delincuencia moral”. Dos exreclusas dijeron que el personal médico de la prisión las sometió a abusos sexuales y a acoso.
Expresos y expresas también afirmaron que no disponían de un mecanismo claro para pedir ayuda médica, ni siquiera en caso de emergencia, y que estaban totalmente a merced de los guardias y el personal penitenciario, que a menudo hacían caso omiso de sus ruegos.
En las prisiones no hay prácticamente servicios de salud mental, y el acceso a la asistencia externa sólo se facilitaba a los pocos reclusos o reclusas que habían intentado suicidarse.
Las autoridades penitenciarias se niegan habitualmente a transportar a los reclusos o reclusas con perfiles políticos que necesitan atención médica urgente a hospitales del exterior que cuentan con las especialidades pertinentes y no les dan su medicación, incluso cuando son las familias las que se hacen cargo de los gastos.
El personal de seguridad seguía impidiendo al preso de conciencia Zyad el Elaimy, exparlamentario y una de las figuras destacadas de las protestas del 25 de enero de 2011, recibir periódicamente los cuidados constantes que necesita por sus dolencias previas.
Abdelmoniem Aboulfotoh, de 69 años, excandidato presidencial y fundador del partido de oposición Misr al Qawia, lleva recluido arbitrariamente desde febrero de 2018 en régimen de aislamiento, y padece diabetes, hipertensión arterial e hipertrofia prostática, no obstante lo cual las autoridades penitenciarias le han denegado en varias ocasiones su solicitud de traslado para recibir tratamiento fuera de la prisión, y retrasaron gravemente su acceso a profesionales médicos dentro de la cárcel. La fiscalía ha desestimado sus quejas.
“Es escandaloso que se negara atención sanitaria adecuada en la prisión o el traslado a hospitales dotados de las especialidades pertinentes a las 67 personas cuyos casos se documentan en este informe en al menos una ocasión durante su reclusión, lo que ha causado un deterioro importante de su salud”, prosiguió Philip Luther.
“Este manifiesto incumplimiento de su deber de las autoridades penitenciarias se produce con el conocimiento, y a veces la complicidad, de la fiscalía, sin que haya supervisión independiente alguna”.
Muertes bajo custodia
Amnistía Internacional investigó 12 muertes bajo custodia o acaecidas poco después de la excarcelación, y conoce otros 37 casos en 2020 en los que no pudo obtener el consentimiento de las familias por temor a represalias. Los grupos egipcios de derechos humanos estiman que, desde 2013, han muerto bajo custodia centenares de personas han muerto, mientras las autoridades se niegan a revelar cifras o a realizar investigaciones independientes efectivas, exhaustivas e imparciales sobre estas muertes.
Las espantosas condiciones de reclusión, también en régimen de aislamiento, más la denegación deliberada de atención sanitaria adecuada podrían haber contribuido o causado múltiples muertes en 2019 y 2020. El tratamiento inadecuado o recibido con retraso en casos de urgencia también tuvo repercusiones negativas.
Shady Habash, cineasta de 24 años, murió el 2 de mayo de 2020 después de que el personal de la Prisión de Investigación de Tora no lo trasladara urgentemente a un hospital externo a pesar de saber que sufría una intoxicación por alcohol.
Reclusión arbitraria masiva y hacinamiento
Las autoridades egipcias se niegan a revelar el número de personas reclusas en el país. Algunas fuentes calculan que son 114.000, más del doble de la capacidad de las prisiones de 55.000 personas indicada por el presidente Abdel Fatah al Sisi en diciembre de 2020.
La población penitenciaria aumentó considerablemente tras el derrocamiento del difunto expresidente Mohamed Morsi en julio de 2013, lo que causó graves problemas de hacinamiento. En las 16 cárceles examinadas, hay cientos de personas hacinadas en celdas masificadas en las que se calcula que hay como media 1,1 metros cuadrados de espacio en el suelo para cada persona, tamaño muy inferior a los 3,4 metros cuadrados mínimos que recomiendan entidades expertas en la materia.
Las autoridades siguen ignorando los llamamientos de que se reduzca la población penitenciaria en el contexto de los brotes de COVID-19, que ponen en peligro más vidas. De hecho, en 2020 fueron excarceladas 4.000 personas menos que en 2019 mediante indultos presidenciales y órdenes de libertad condicional.
Respuesta deficiente a la COVID-19 en las cárceles
Ante la pandemia de COVID-19, las administraciones penitenciarias no han distribuido con regularidad productos higiénicos, ni rastrean y filtran las nuevas llegadas, ni someten a pruebas y aíslan a quienes podrían tener la infección.
Problemas que existen desde hace tiempo, como la falta de agua apta para el consumo, la mala ventilación y el hacinamiento, hacen imposible implementar la distancia física y medidas higiénicas de prevención.
Los reclusos y reclusas con síntomas de COVID-19 no eran sometidos a pruebas de forma sistemática y, en algunos centros, los pusieron en cuarentena en celdas pequeñas y oscuras usadas para la reclusión en régimen de aislamiento sin acceso a tratamiento adecuado. En otros, los dejaron en sus celdas, poniendo así en peligro al resto de la población reclusa.
Sin supervisión
Las autoridades penitenciarias actúan con poca o ninguna supervisión independiente. Las fiscalías tienen la autoridad de realizar visitas no anunciadas a centros de detención, pero lo hacen en contadas ocasiones y, por lo general, ignoran las quejas de la población reclusa.
Los presos y presas han iniciado huelgas de hambre a las que se respondió con amenazas y palizas. Las familias que han protestado en público han sido detenidas. Quienes defienden los derechos humanos y los abogados y abogadas han sufrido amenazas y cárcel.
“Las autoridades deben reducir urgentemente el hacinamiento, lo que incluye excarcelar de inmediato a todas las personas recluidas de forma arbitraria y estudiar la posibilidad de poner en libertad a los presos y presas que corren más riesgo de sufrir complicaciones por la COVID-19 debido a su edad o a dolencias previas. Deben proporcionar a todas las personas bajo su custodia atención médica adecuada, incluida la vacuna contra la COVID-19, sin discriminación. Las autoridades egipcias deben permitir el acceso a las prisiones de entidades expertas independientes y trabajar con ellas para abordar las pésimas condiciones de reclusión y el acceso a la atención sanitaria en las cárceles antes de que se produzcan más trágicas pérdidas de vidas”, concluyó Philip Luther.
