En vísperas de la reanudación de las ejecuciones en Florida, prevista para el 24 de agosto —18 meses después de la última ejecución—, Amnistía Internacional hace público un documento en el que aborda los acontecimientos más recientes en relación con la pena de muerte en ese estado de Estados Unidos.
El documento, Death in Florida, expone la respuesta del estado al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, de enero de 2016, que declaró inconstitucional la ley de Florida que regula la imposición de la pena capital, así como la reacción del gobernador a la posterior decisión de la fiscalía de rechazar la pena de muerte.
Cuando la fiscal del estado, Aramis Ayala, anunció que no solicitaría la pena de muerte debido a sus deficiencias demostrables, el gobernador Scott respondió de forma inmediata ordenando su sustitución por otro fiscal más dispuesto a participar en esta mortífera actividad. Hasta la fecha, el gobernador ha remitido 26 casos al fiscal de su preferencia.
La discriminación racial fue una de las deficiencias de la pena de muerte —junto al coste, los riesgos y la ausencia de carácter disuasorio— esgrimidas por la fiscal del estado Ayala, primera persona afroamericana elegida para ejercer este cargo en Florida.
“He aquí dos funcionarios que adoptan enfoques muy diferentes en relación con la abrumadora evidencia de que la pena de muerte es una política fracasada”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Uno dice: basta ya, es un desperdicio de recursos y está expuesta a la discriminación, la arbitrariedad y el error. El otro dice: pongamos en marcha la maquinaria de la muerte.
“Uno actúa en consonancia con los principios internacionales de derechos humanos. El otro no.” Información complementaria
El preso cuya ejecución está prevista para el 24 de agosto a las 6 de la tarde es Mark Asay, que está en espera de ejecución desde 1988 por dos asesinatos cometidos en 1987. La última ejecución en Florida fue la de Oscar Bolin, el 7 de enero de 2016, cinco días antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara, en el caso Hurst v. Florida, que ley estatal que regula la imposición de la pena capital es inconstitucional.
