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Educación para la Ciudadanía, un primer paso

Ante el inicio del nuevo curso, Amnistía Internacional hace pública una Declaración sobre la coyuntura de la educación en derechos humanos en España

Madrid.- Con motivo del inicio del curso escolar, que este año tiene como novedad la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Amnistía Internacional ha hecho hoy pública una declaración en la que recuerda que esta asignatura es un avance necesario pero sólo es un primer paso hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado español con la ONU y con el Consejo de Europa. 

 

“La asignatura de Educación para la Ciudadanía es un primer paso en la dirección correcta, y su contenido se ajusta en conjunto a las recomendaciones de la ONU y del Consejo de Europa.” ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. “No olvidemos que esta asignatura es resultado de un compromiso internacional asumido por los últimos dos Gobiernos del Partido Popular y del PSOE para la implantación de una cultura de derechos humanos en las aulas, que nos ha permitido incorporarnos a Europa y superarla incluso en el número de horas lectivas en primaria”.

 

Peticiones de Amnistía Internacional
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para consolidar una cultura de derechos humanos en las aulas, y conseguir que la implantación de la asignatura sea un éxito a largo plazo.

 

Por ello, ahora que el curso escolar está a punto de empezar, Amnistía Internacional pide al Gobierno que dé un impulso decidido a la promoción de los derechos humanos paliando algunas deficiencias y que la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos sea un instrumento que contribuya a “forjar una cultura de derechos humanos”, como señala el Programa Mundial de la ONU.

 

En primer lugar, la organización considera necesario aumentar progresivamente el número de horas lectivas obligatorias reservadas a la asignatura en Educación Secundaria. Amnistía Internacional considera insuficiente la carga lectiva que se ha reservado a esta materia en este nivel, en comparación con países europeos como Irlanda, Portugal, Suecia o Polonia, donde el número de horas mínimas en la enseñanza obligatoria es mayor que en España.

 

En segundo lugar, el Gobierno español debe formular y poner en marcha mecanismos más amplios para la promoción de los derechos humanos.

En este sentido, es necesario incluir la educación en derechos humanos en la formación de los docentes y de quienes se forman para serlo. Por ejemplo, Amnistía Internacional muestra su preocupación por la ausencia de contenidos obligatorios en derechos humanos en las titulaciones de magisterio, así como en la formación continua de los docentes.

 

También la organización estima imprescindible que el Gobierno cree una Comisión Nacional de Seguimiento de derechos humanos, que ya existe en países como Alemania y Francia, que se ocupe de coordinar y verificar la correcta implantación de la asignatura.

 

Antecedentes
En la Declaración hecha pública hoy, Amnistía Internacional compara la situación de la Educación en Derechos Humanos en Europa y llega a la conclusión de que España registra un retraso respecto a sus vecinos. Desde hace años, la asignatura de Educación para la Ciudadanía existe como asignatura obligatoria en primaria en cinco países europeos (Bélgica, Estonia, Suecia, Rumania y Grecia), mientras que otros veinte países, entre los que se encuentran Francia, Italia, Austria, Reino Unido o Portugal, la incluyen en secundaria.

 

Crear una cultura de derechos humanos en las aulas es un compromiso internacional adquirido con las Naciones Unidas y el Consejo de Europa por parte por los dos últimos Gobiernos de España. El 16 de octubre de 2002, el Consejo de Europa, a través de la Recomendación 12/2002 de su  Comité de Ministros, apoyada por el Gobierno español del Presidente Aznar, pedía a los gobiernos de los Estados que “hagan de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de la política educativa y de sus reformas”. El 10 de diciembre de 2004, el Gobierno español del Presidente Zapatero se sumó a la lista de patrocinadores de la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el que se proclamó el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, que recomendaba la inclusión de contenidos sobre derechos humanos en los planes de estudio.

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